Los barones pactarán un texto con condiciones para la abstención

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón verían bien facilitar a Rajoy una legislatura «corta e incómoda».

El Partido Socialista afronta una situación de catarsis interna, a raíz de la dimisión de su secretario general Pedro Sánchez, en un momento trascendental para la estabilidad de España. Quienes han tomado ahora las riendas de la formación, además de acometer un complejo proceso de unificación, tienen la responsabilidad de responder a los retos institucionales que les demanda la sociedad, esto es, favorecer la formación de un gobierno o abocar al país a unas terceras elecciones. Cualquiera de los dos escenarios tiene un profundo coste para el PSOE, pues el descrédito ideológico que le supondría permitir que gobierne la derecha sería comparable al perjuicio electoral que le ocasionaría concurrir a las urnas en una situación de suma debilidad interna como la actual. «Cualquier solución para la gobernabilidad pasa por el PSOE y eso es, a su vez, un problema para el partido». Con esta frase resumía el presidente de Asturias y de la gestora nacional, Javier Fernández, la encrucijada a la que se enfrenta la formación y el «desgaste» que le supone actuar con altura de miras.

De los tres «noes» que ha defendido en algún momento el PSOE: «no a Rajoy», «no a terceras elecciones» y «no a un gobierno alternativo», la nueva dirección mantiene dos imperturbables: la negativa a batirse nuevamente en las urnas, pues sería «la peor de las soluciones para el partido y para España», y la imposibilidad de articular un ejecutivo alternativo, ya que para su viabilidad sería necesaria la connivencia de las fuerzas separatistas y con «los independentistas no tenemos nada de qué hablar». Cegadas estas dos vías, sólo el veto a Rajoy parece revisable, aunque según indicó ayer Fernández, tiene «plena vigencia» mientras el Comité Federal no se pronuncie en sentido contrario. Este cónclave tendrá que reunirse antes de que acabe octubre, y con él las opciones de alumbrar un gobierno, pero su convocatoria no será todo lo inmediata que cabría esperar, porque el partido quiere «bajar la temperatura del incendio interior» y para enfriarla prevé estirar al máximo los plazos.

No obstante, para ir consensuando la postura que se presentará ante el plenario y con el objetivo de defenderla con el máximo respaldo interno posible, el presidente de la gestora tiene previsto convocar al Consejo Territorial con carácter previo al Comité Federal. El Consejo Territorial lo integran los barones de todas las federaciones y sobre la mesa de esta reunión estarán, entre «otras posibilidades», la abstención negociada al PP. Esta postura defendida por una mayoría de presidentes autonómicos supone favorecer, que no apoyar, la formación de Gobierno a Rajoy a cambio de una ambiciosa agenda de reformas –«condiciones claras y concretas»– que le permitirían al partido, en este clima de profunda crispación, hacer un ejercicio de pedagogía ante los votantes y los militantes de una decisión de difícil encaje ideológico en el espectro de la izquierda, para evitar que este espacio quede a merced de Podemos. Desde federaciones como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón se ve con buenos ojos facilitar una segunda legislatura de Rajoy «corta, incómoda y con contraprestaciones como la derogación de la reforma laboral. Ahora no hay ningún motivo para que ese escenario varíe, incluso exigiendo al PP compromisos escritos sobre a la reforma constitucional, la lucha contra la corrupción o la financiación autonómica, un asunto que preocupa mucho en Andalucía». Los socialistas andaluces creen que «una oposición combativa, pero constructiva ayudaría al partido a recuperar parte del sitio que ha ocupado Podemos porque podría decir: «Mientras vosotros ladráis, nosotros conseguimos cosas». Sin embargo, esta postura defendida en privado por algunos dirigentes necesita consensuarse a nivel interno, más si cabe después de la crisis del PSOE, cuando facciones del partido como el PSC amenazan con escindirse y pactos de gobierno autonómico peligran si se materializa la abstención. Además, con miras a un futuro congreso de la formación, la responsabilidad de la decisión debe ser colegiada y no recaer sobre sectores específicos que quedarían marcados ante la militancia. Esto hace que en público diversos dirigentes defendieran ayer la vigencia del «no» a Rajoy, hasta que el Comité Federal establezca lo contrario. En el Consejo Territorial se pondrán sobre la mesa las posibles soluciones alternativas y las eventuales condiciones para facilitar esa abstención con la certidumbre, casi total, de que a la hora de votar tanto en el Comité Federal como en la investidura haya socialistas que puedan oponerse. Descartado queda, eso sí, dar libertad de voto a los diputados. «Ni se ha planteado ni me lo voy a plantear», atajó el presidente Fernández. El Grupo Socialista en el Congreso está muy dividido y la instauración de la gestora no ha tenido, por el momento, efectos en el reparto de las responsabilidades, pues, aunque se acometerán «algunos cambios», no habrá «una revolución» en los equipos.

Con la abstención, además de las elecciones, se cegaría la posibilidad de que resurja una corriente alternativa (de afines a Sánchez) en las primarias que deberían celebrarse para elegir al candidato a La Moncloa. «Los estatutos las contemplan y se deben celebrar», confirmaba el presidente de la gestora, que –sin embargo– reconocía la posibilidad de que tuviera que tomarse «una solución de urgencia» en ese caso. Tampoco cabe desechar la posibilidad de que se acabe consultando a la militancia sobre la postura a asumir en una hipotética investidura de Rajoy, eso sí, Fernández anunció que quien quiera proponer esa vía deberá plantearla y ganarla en la votación de un Comité Federal.