Los correos previos al 9-N entre directores de instituto revelan su desconcierto ante las directrices de la Generalitat

A 48 horas del 9-N, el nerviosismo entre algunos directores de centros a los que la Generalitat había instado a ceder sus instalaciones para la votación era más que evidente. «Esto es como un juego que no se acaba nunca», escribe uno de ellos

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a Artur Mas por desobediencia, Josep Manuel Abril, ya tiene en su poder decenas de correos electrónicos que se intercambiaron directores de institutos en las jornadas previas al 9-N, unas misivas que la Fiscalía considera «de indudable interés para la causa». Los mensajes dejan traslucir la preocupación y el desconcierto de los responsables de los centros educativos y las presiones que sufrieron por parte de la Generalitat para que cedieran las instalaciones para las votaciones, pese a que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la consulta, y reclutaran voluntarios para las tareas organizativas.

Según consta en ese cruce de correos electrónicos en catalán incorporados a la causa, el 6 de noviembre del pasado año, 72 horas del 9-N, la directora de un instituto de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) avisa a un compañero de que ha recibido «órdenes verbales para que dé las llaves a un voluntario». «He dicho que necesito una orden escrita y me han contestado que no, que en todo caso me darán un recibo», le explica. «En Hospitalet somos como mínimo tres directores los que estamos siendo presionados», admite.

La situación, «esperpéntica»

Y es que dos inspectores de Educación –que declararon ante el juez instructor el pasado día 13– ya alertaron a varios directores de centros de que ellos, y no la Generalitat, eran los responsables si cedían las instalaciones para la votación soberanista, instándoles a reclamar una orden por escrito. Sin embargo, la consejería de Educación se limitó a extender un recibí a aquellos directores que optaron por entregar las llaves de sus institutos, que a posteriori facilitaron a las organizaciones civiles que formalmente tomaron el relevo del Govern en la organización del 9-N tras la decisión del TC.

Las dos reuniones que mantuvo, el 16 y el 22 de octubre de 2014, un alto cargo de la conselleria –la directora de los servicios territoriales y comarcas, Montserrat Llobet– con medio centenar de directores de institutos no consiguió apaciguar los ánimos de algunos docentes ni tranquilizarles respecto a las responsabilidades en las que podían incurrir. Llobet explicó al juez el pasado 13 de julio que se limitó a informar a los directores (a quienes remitió una convocatoria en la que consideraba «importante» que quienes no pudieran asistir lo comunicaran telefónicamente) del papel de los centros en la consulta. En ese encuentro, según algunos de los asistentes, la representante de la consejería se negó a facilitar orden alguna por escrito para que los centros cedieran sus instalaciones en la jornada pseudoelectoral.

Horas después de esa primera reunión «informativa» del 16 de octubre, uno de los asistentes califica la situación de «esperpéntica». «El mismo Gobierno que nos niega la paga extra –se queja– aumenta la carga lectiva, masifica nuestras aulas, que maltrata la educación, ahora recurre a nosotros». «Después nos quejaremos de que no nos tratan con respeto y consideración», se resigna.

Dos días antes de la consulta, el 7 de noviembre, uno de los directores se resigna. «Ahora toca morir en el fuego cruzado, en la falta de seguridad jurídica y, sobre todo, en el mal ambiente que se está creando dentro del claustro», escribe. «Esto nos pasa por aceptar órdenes no escritas», se lamenta. Ese mismo día, otro compañero también da muestras de su desconcierto por la situación creada por la Generalitat tras la resolución del Constitucional. «Esto es como un juego que no se acaba nunca. Y además juegan con nosotros como si no importase nada más... Parece que tengamos que estar a su disposición. Estoy hecho un lío. No sé qué hacer».

«¿Y ahora qué? –se pregunta otro director quejándose de que la conselleria les insta a entregar las llaves de los centros–. ¡Estamos jodidos! Personalmente no me considero un héroe ni quiero practicar la desobediencia civil, sólo soy un puto director al que están metiendo en un follón de mil demonios. ¡Estoy muy enfadado!».

Una responsable de instituto se pregunta qué sucederá si le llama un juez: «Tendré que demostrar que he dado las llaves porque me lo han ordenado. ¿Y cómo lo demostraré?».

«Una sinrazón»

Veinticuatro horas antes de la convocatoria soberanista, una directora comunica a sus compañeros que la conselleria ha anunciado que «quien abre los locales es ella como propietaria, que no facilitará los nombres y que los directores participarán como voluntarios y no como directores». «Son los últimos coletazos de, en la lengua de Cervantes, una sinrazón», escribe. «Poder poner una papeleta en una urna está costando un riñón y parte de otro», se queja. «En plan clandestino después de 40 años. Parece mentira», añade.

Otro docente se queja ese mismo día de que están «bajo el fuego cruzado no de dos, sino de tres elementos (Govern, Gobierno y sociedad civil pro consulta». «Que la fuerza nos acompañe», se despide de sus compañeros.

Los Servicios de Inspección de la conselleria se hicieron eco de la «preocupación» de los directores y reclamaron sin éxito a sus responsables que tramitaran «con carácter urgente instrucciones por escrito» o «dejasen sin efecto las instrucciones verbales dadas».