Los españoles reconocen que la corrupción política influye en su voto

El 69% considera que esta lacra afecta a todos los partidos sin distinción. El 58,4% admite que en España se es «permisivo» con estos escándalos.

La corrupción es considerada por el 49,1% de los españoles –según datos del último barómetro del CIS– como el principal problema de los ciudadanos, sólo por detrás del paro (71,2%) que sigue a la cabeza. El último caso conocido, el concerniente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Angel María Villar, ha puesto de relieve que esta lacra trasciende el plano político y abarca distintos ámbitos de la sociedad como el deportivo o el económico. Los españoles no son ajenos a la corrupción, pero admiten que adoptan una actitud «permisiva» ante ella por el carácter estructural que ha adquirido en algunas esferas. Así lo señala un 58,4% por ciento de los encuestados, según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, por el 32,1 por ciento que se reconocen intolerantes a esta cuestión. Un 9,5% no sabe o prefiere no manifestar su opinión al respecto. Si escrutamos los rangos generacionales observamos como el nivel de permisividad avanza a medida que lo hace la edad, pues los jóvenes de entre 18 y 29 años, aunque se reconocen tolerantes, son los menos –un 50%– y a partir de los 45 años se obtiene el dato más alto, un 61 por ciento.

También este jueves, al tiempo que se procedía a la detención de Villar y su hijo, una veintena de agentes de la Guardia Civil se personaban en el Parlament de Cataluña y en la Generalitat en busca de pruebas del «caso 3%». 12 años después de que el entonces president, Pascual Maragall, lo denunciase públicamente todavía colea esta cuestión, lo que hace que los españoles perciban que el nivel de corrupción en el país es «alto o muy alto». Un 66,1% de los encuestados se manifiesta en este sentido, mientras que el 22,8% entiende que es «bajo o muy bajo». Un 11,1% no sabe o prefiere no contestar sobre este tema. Por edades, se impone en todos los rangos la opinión de que la corrupción es muy alta, aunque el pico se observa en los encuestados de entre 30 y 44 años. Cabe destacar que entre los más jóvenes, entre 18 y 29 años apenas despunta la opción de «baja o muy baja» sobre los que prefieren no expresar su opinión.

También de manera mayoritaria, los entrevistados consideran que la corrupción está muy extendida en la sociedad. Así lo reconoce un 58,4% de los consultados, mientras que el 30,5% no entiende que sea una lacra generalizada en España. Se mantiene el porcentaje en torno al 11,1% que prefiere no pronunciarse. Por edades, aunque se impone en todas las franjas lo extenso de la corrupción, quienes más críticos se muestran con su implantación son los más jóvenes (18/29 años) y los más mayores (de más de 65), mientras que la horquilla en la que cunde el optimismo –consideran que no está tan extendida– es en la de entre 45 y 64 años (35,1%).

Lo que sí tienen claro los encuestados es que, aunque mayoritariamente se den a conocer los casos de corrupción en la esfera política, ésta no es la única que sucumbe ante las irregularidades. Un 36,1% lo atribuye únicamente al plano político, mientras que el 54,4% también considera que está presente en otros ámbitos como el deportivo o el económico. Un 9,5% no sabe o no quiere manifestar su opinión al respecto. Por edades, quienes más ponen el acento en otros ámbitos son los mayores de 65 años (67,9%) y quienes más miran hacia la política, los encuestados de entre 45 y 64 años (40,2%).

Ya centrados en el plano político, cabe destacar que el 69% de los encuestados no hagan distinciones entre formaciones. Casos como la «trama Gürtel» o los ERE de Andalucía parecían reservados únicamente para los grandes partidos tradicionales, pero la irrupción de nuevas fuerzas ha demostrado que está ligado a la asunción de responsabilidades en lugar de a la implantación. No en vano, en su corta existencia, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han tenido que lidiar con escándalos de menor magnitud, pero siempre proporcionales a su capacidad de influencia. Un 23,6% de los entrevistados sí considera, sin embargo, que la corrupción no afecta a todos los partidos por igual y un 7,4% evita responder a esta cuestión. Por edades, la generalización de todos los partidos se impone en todas las franjas, aunque los más beligerantes en esta postura vuelven a ser los entrevistados de entre 45 y 64 años (72,7%).

A pesar de que la mayoría de los encuestados se muestra permisivo con la corrupción, esto no supone que la cascada de casos que afectan a los partidos políticos no influya en su manera de actuar. En concreto, el 53,5% de los entrevistados reconoce que los escándalos de este calibre influye en su voto en las elecciones, a pesar de que en la práctica el PSOE siga ganando en Andalucía y el PP en la Comunidad Valenciana, epicentros de sus tramas de corrupción. Esto responde a que a un 39,6 por ciento parece no importarle estos escándalos a la hora de introducir su voto en las urnas. Un 6,9% por ciento de los entrevistados no tiene opinión al respecto o prefiere no manifestarla. Por edades, la influencia de la corrupción en el voto es mayoritaria en todos los sectores generacionales, aunque los más receptivos son los votantes de entre 30 y 44 años (56,2%) y quienes se muestran más autónomos, los de entre 45 y 64 (42,8%).

El viernes, José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, alzaba la voz para reprochar la «lentitud desesperante» de las causas complejas por corrupción y reconocía que se están convirtiendo ya en un «grave problema de Estado», porque este tipo de procesos «se deberían resolver en un año, pero no en ocho». Los encuestados también comparten esta percepción y una amplia mayoría, el 74,9%, entiende que los juicios por corrupción deberían ser más rápidos, mientras que el 17% cree que la instrucción actual tiene la duración adecuada. El 8,1% no sabe o prefiere no manifestar su opinión al respecto. Por franjas generacionales, la opinión de que se deberían resolver con más celeridad estos procesos es mayoritaria en todas las edades.

Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes o negociaciones prohibidas a funcionario... son algunos de los delitos que tras la reforma del Código Penal ampliaban la duración de las penas de inhabilitación, se impedía que durante el tiempo de condena se pueda optar a un cargo electivo, y en los supuestos más graves, los que llevan aparejada una inhabilitación de al menos 10 años, la prescripción del delito se eleva a quince años. Esta reforma también incluyó que los condenados por delitos de corrupción no puedan acceder a la libertad condicional mientras no devuelvan el dinero sustraído a las arcas públicas. A pesar de todas estas innovaciones, los encuestados consideran que las penas que se imponen a los corruptos son insuficientes. Así lo manifiesta un 64,3% de los entrevistados, mientras que el 26,6% sí las considera ponderadas. Un 9,1% no manifiesta su opinión al respecto. Por edades, quienes se muestran más tajantes con la laxitud de las penas de los delitos de corrupción son los más jóvenes (67,7%) y los más mayores (66,2%) y los encuestados de entre 45 y 64 años, quienes se consideran más conformistas.