Los presupuestos situarán a Junqueras como responsable del referéndum ilegal

Puigdemont quiere que ERC cargue con las consecuencias penales del desafío soberanista.

La tensión entre la antigua Convergència y ERC para no mancharse en la ejecución de una consulta ilegal sigue dejándose ver en la estrategia y en las decisiones relacionadas con el proceso soberanista. Las dos formaciones saben que el mantra del referéndum legal no sólo es inviable en la práctica, sino que deja de ser creíble en la teoría, cuando las propias instituciones catalanas (Consejo de Garantías Estatutarias) lo ponen en cuestión. En todo caso, los planes soberanistas continúan y desde el partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el PDeCAT, buscan hacer copartícipe de las decisiones ilegales a los de ERC, e incluso, a poder ser, que ellos carguen esta vez con la responsabilidad de los posibles delitos que puedan derivarse de estas actuaciones. El objetivo es evitar, de esta manera, que Oriol Junqueras salga limpio en un contexto que presagia nuevas elecciones anticipadas y en el que los republicanos lo tienen todo a su favor, según coinciden todos los sondeos.

En este escenario, llama la atención que el diseño de los Presupuestos de la Generalitat, ya que Oriol Junqueras sería el responsable penal de la celebración del referéndum de autodeterminación. El presidente de la Generalitat intenta evitar que recaigan más consecuencias judiciales sobre miembros de su partido, taly como ocurrió con la consulta del 9-N. En el procedimiento penal abierto como consecuencia de esa consulta están imputados el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus antiguos consellers (Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs). Se les imputan los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa.

En la nueva estrategia, buena parte del impulso político procederá del Parlament, mientras que la ejecución presupuestaria y la firma de los contratos sería responsabilidad directa del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras. Puigdemont está intentando proteger a los consejeros de la antigua Convergéncia y, en especial, a Meritxell Borràs, que es la titular de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda.

En la disposición adicional 31 del proyecto de Presupuestos se establece que «el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria». De esta manera, el Parlament, que es quien debe aprobar los presupuestos a lo largo de este mes de marzo, fijaría la obligación presupuestaria a la Generalitat de organizar el referéndum. Pero detrás de este mandato el consejero implicado sería Junqueras.

Dotaciones sospechosas

Dentro del proyecto hay varias dotaciones sospechosas de encubrir gastos para la consulta ilegal, aunque no hay ningún programa dependiente directamente del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que parezca asociado al referéndum. El programa que podría verse implicado de manera más evidente por su celebración es el de «Organización, gestión y seguimiento de los procesos electorales», que depende de la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Pero hay trampa. La dotación presupuestaria asciende a 407.450 euros para gastos corrientes. Esta cuantía supone un incremento de 153.350 euros respecto al proyecto de presupuestos de 2016 (que no se aprobó porque se optó por la prórroga). Pero no es una cantidad que parezca suficiente para hacer frente a un proceso referendario.

Sin embargo, en el Presupuesto de 2017 sí existe una dotación que no existía en los Presupuestos anteriores bajo el mismo programa, denominado «Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales», pero que en lugar de depender de la consejería de Gobernación queda asignado a Fondos no atribuidos a ningún departamento.

Esta dotación asciende a 5,8 millones de euros. Es una cuantía muy similar a los gastos de la consulta del 9-N, que, según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal en el juicio oral abierto a Artur Mas, ascendieron a 5 millones de euros. Si lo que se pretende es organizar un referéndum de más entidad, esta cantidad también podría ser insuficiente. Además, tras la celebración del referéndum, si la Generalitat quisiera seguir adelante con el proceso separatista necesitaría incurrir en otros gastos no incluidos en los Presupuestos. Pero la Generalitat se deja un amplio margen ya que podría acudir al Fondo de Contingencia, que asciende a los 330 millones de euros. Es la mayor cuantía asignada nunca a este fondo y supone un gasto potencial de más del doble del ejecutado en 2015, último ejercicio presupuestario cerrado.

Desde el punto de vista estrictamente presupuestario, resulta cuestionable la creación de una dotación al margen de la estructura departamental bajo un programa que ya existe y que tradicionalmente se ha atribuido a la consejería de Gobernación. Pero con este esquema el responsable de la ejecución acabaría siendo el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda.

Hay que tener en cuenta que según establece la Ley de medidas fiscales y financieras, los consejeros son los órganos de contratación ordinarios de la Generalitat y están facultados para adjudicar y formalizar en su nombre, y dentro del ámbito de competencias de cada departamento, los contratos correspondientes. Asimismo, el Fondo de Contingencia se destina a atender las necesidades inaplazables que no se hayan previsto en el presupuesto aprobado inicialmente.

Según el artículo 15 del proyecto de ley de Presupuestos, la aplicación del Fondo debe aprobarse por el gobierno a propuesta del consejero competente en la materia y se realiza mediante transferencia de crédito a favor de la sección competente. Sin embargo, en este caso, si lo que se hace es ampliar la dotación creada como «gasto no departamental», no habría consejero expresamente competente, más allá del consejero que gestiona los Presupuestos. A pesar de que si se analiza la distribución de competencias de la Generalitat, el departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda sigue siendo competente en materia de procesos electorales.

Las señales de los movimientos para implicar en la medida de lo posible a Junqueras en las decisiones del proceso soberanista vienen de atrás. Las competencias en materia del impulso al desarrollo del autogobierno, que corresponden al presidente de la Generalitat, han sido delegadas a favor del vicepresidente. Y la Oficina para la Mejora de las Instituciones del Autogobierno –que anteriormente dependía de Gobernación y Relaciones Institucionales– ha pasado a depender directamente de Junqueras. Igualmente, se han hecho depender de él las delegaciones territoriales, que antes dependían de la consejera de Gobernación. Ahora, este área ya no esresponsable de las relaciones institucionales, puesto que ahora está en manos de Raül Romeva (consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia).

Proteger a funcionarios

También hay que tener en cuenta la comparación entre los decretos de estructura de los diferentes departamentos. El de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, pese a haber aumentado sus competencias, ha pasado de tener un decreto de estructura de 106 artículos en 2014 a uno con tan solo 10 artículos en 2016. La explicación es que antes este decreto regulaba todas las subdirecciones y áreas de la Consejería y ahora sólo regula los órganos superiores y directivos, pero este cambio sólo se ha producido en la consejería de Junqueras, y podría responder a la necesidad de proteger a los funcionarios de este departamento frente a imputaciones en cascada.

El Consejo de Garantías Estatutarias ha declarado inconstitucional la maniobra presupuestaria planteada por la Generalitat para financiar el referéndum. Pero el presidente de la Generalitat insiste en que lo convocará de todos modos y recuerda que los dictámenes de este órgano consultivo independiente, pero ligado a la Generalitat, no son vinculantes. El Tribunal Constitucional actuará previsiblemente contra los Presupuestos catalanes en cuanto sean aprobados en una de las sesiones de este mes de marzo.