«Los que hablan castellano son unos barriobajeros»

El Ministerio de Educación pide explicaciones a la Generalitat por 30 nuevos casos de adoctrinamiento. Prevé recurrir a los tribunales.

El Ministerio de Educación acumula casi un centenar de quejas de padres que han denunciado ante la Inspección situaciones de adoctrinamiento político de sus hijos en las aulas. Ayer, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo remitió a la Generalitat el tercer requerimiento con treinta nuevos casos a los que tendrá que dar respuesta en el plazo de un mes. Precisamente se cumplen ya treinta días –la fecha tope–desde que Educación remitió a la Administración catalana el primero de esos requerimientos sin que haya obtenido respuesta alguna. El Ministerio estudia ahora recurrir a los tribunales para denunciar por la vía contencioso administrativa a la Generalitat.

En el último requerimiento, Educación estima que la Administración catalana «vulnera lo establecido en la normativa estatal básica» en la medida en que «no ha cumplido con las competencias que se le encomiendan» y, en concreto, la acusa de incumplir artículos de seis leyes distintas. Estos son algunos de los casos que se incluyen en el tercer requerimiento y que han sido certificados por la Alta Inspección Educativa. Muchas de las denuncias son anónimas porque «si dices algo te marcan».

«España roba»

En la Escuela pública infantil del Bajo Llobregat (Barcelona) una madre relata que la maestra explicó a su hija: «España roba a Cataluña y eso está muy mal». No contenta con eso, la profesora fabricó unas urnas de papel y enseñó a todos los niños a votar «Sí» (a la independencia). «La escuela no es lugar para inculcar odio e ideologías a niños de 8-9 años», dice la madre.

«Castigado por hablar en castellano»

La madre de un menor de 16 años del IES Can Vilumara de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) denunció ante la Inspección cómo en clase una profesora empezó a hablar de la independencia y remató su discurso afirmando que «los que hablan castellano son unos maleducados y barriobajeros». La mujer denuncia que su hija «estudia un grado medio para personas con situación de dependencia, no para hablar de política». Del mismo modo, en otra escuela barcelonesa, la Reina Violant, unos niños «fueron castigados por hablar en castellano en el aula».

«Diez minutos de silencio por los Jordis»

En el IES Joan Brossa (Barcelona) un padre explica que el pasado 16 de octubre hicieron bajar al patio a su hijo de 13 años para guardar 10 minutos en silencio en protesta por la encarcelación de los Jordis en horario escolar. En este mismo centro, el 2 de octubre pasado un docente llevó una urna a clase para hablar del tema con los alumnos. Algo parecido ha ocurrido en las Escolas Pías de Vilanova i La Geltru (Barcelona) donde, en la hora de Castellano, los delegados de clase irrumpieron en clase con una caja en forma de urna y les invitaron a realizar una votación con un «sí» o un «no» sobre la necesidad de liberar a los detenidos de la ANC y Omnium.

Charla sobre cómo defenderse de la Policía

En el IES Salvador Espriu de Barcelona, un día después del referéndum ilegal el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans aprovechó para dar una charla sobre «cómo defenderse de los Policías Nacionales». También hubo un paro de 15 minutos por la detención de los Jordis.

Obligada a escuchar el grito de «independencia»

Una profesora castigó a varias alumnas de 15 años del instituto La Plana de Vic (Barcelona) a escuchar el grito de «independencia» después de que se marcharan del patio cuando vieron que todos los alumnos habían sido convocados a un acto en el que se exhibía una pancarta en la que podía leerse: «Per una catalunya Lliure i la república catalana» junto a esteladas.

«Policías malos»

Un padre denuncio que su hija de 6 años le contó al salir de clase: «Mi profesora ha dicho que unos policías malos, con unas porras que se hacen grandes, pegaron y dispararon pelotas de goma contra la gente sólo porque querían votar y no les dejaban». El hombre denunció el caso pero desde el anonimato porque «no quiere que señalen a su hija».

«Caza» al inspector disidente

La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente disciplinario por una «falta grave» al inspector de Educación en Barcelona Jordi Cantallops, que recientemente reconoció públicamente en distintos medios de comunicación que existe adoctrinamiento en los colegios. La Generalitat entiende que se ha difamado la imagen del servicio público.

Podría ser suspendido de empleo y sueldo o trasladado.