Los retos del sucesor: La prisión del ex Govern y la acumulación de la causa en el TS

El próximo fiscal general tendrá un papel decisivo en las consecuencias judiciales del órdago independentista.

Pronunciamiento sobre la libertad de los ex consellers

Dos meses antes del 1-O, José Manuel Maza avisó de que la respuesta de la Fiscalía al desafío independentista sería «firme y genérica» para garantizar el Estado de Derecho y la unidad de España. Durante su discurso de apertura del Año Judicial en el TS el 5 de septiembre, el fiscal general dejó claro que frente a la «sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley» y de la democracia «no caben vacilaciones de clase alguna». A él, desde luego, no le tembló el pulso y buena prueba de ello es que cuando se produjo la respuesta del Ministerio Público a la culminación de la hoja de ruta soberanista, con la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada en el Parlament, las dos querellas presentadas por la Fiscalía contra el Govern y la Mesa del Parlament llevaban su firma.

Su repentina desaparición se produce cuando esas dos investigaciones ya están en marcha, con Puigdemont y parte de su antiguo Ejecutivo refugiados en Bélgica y con Junqueras y otros siete ex consellers en prisión. Ya sin Maza al frente del Ministerio Público –que dirigirá de forma interina el teniente fiscal Luis Navajas hasta la elección de un sustituto-, la Fiscalía deberá pronunciarse en los próximos días sobre las peticiones de libertad de los ex consejeros catalanes en prisión provisional. E, igualmente, en las próximas horas se agota el plazo para que informe en relación con la posible acumulación en el Tribunal Supremo (TS) de la investigación al ex Govern que se instruye en la Audiencia Nacional por rebelión y de la que se mantiene abierta por sedición contra el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión desde el pasado 16 de octubre. Respecto a ambos, el teniente fiscal de la Audiencia rechazó recientemente su libertad por riesgo de reiteración delictiva, una medida que ratificaron la juez Carmen Lamela y la Sala de lo Penal del citado tribunal.

Decisión sobre la entrega a España de los huidos

Más a medio plazo, si finalmente Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos son entregados a España, todos ellos tendrían que comparecer ante la juez Lamela para declarar, según fuentes fiscales, y la magistrada debería ratificar o modificar la medida de prisión incondicional acordada. En ese supuesto, la Fiscalía debería pronunciarse al respecto. Si se acogiesen a la «vía Forcadell» (la renuncia a la vía unilateral y el acatamiento de la legalidad que le sirvió a la ex presidenta del Parlament para salir de prisión tras pagar una fianza de 150.000 euros), el Ministerio Público se vería en el dilema de mantener su petición de prisión incondicional (como hizo tras su comparecencia en el Tribunal Supremo el pasado 9 de noviembre) o decantarse por la solicitud de una fianza para eludirla o de medidas cautelares menos gravosas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecencias periódicas enel juzgado.

El escenario en el Supremo

Pero al margen del rumbo de esos recursos en la Audiencia Nacional, la Fiscalía tendrá que mojarsela si los ex consejeros encarcelados solicitan declarar y se muestran dispuestos a acatar la Constitución y la aplicación del artículo 155, lo que según el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena difumina el riesgo de reiteración delictiva. En ese caso, está por ver si la Fiscalía seguirá defendiendo la prisión incondicional de los investigados u opta por solicitar la fijación de una fianza que les permita recuperar la libertad antes del comienzo de la campaña electoral del 21-D el próximo 5 de diciembre.

En todo caso, tras confirmar Lamela su privación de libertar y rechazar su libertad, la estrategia de las defensas puede pasar por esperar que la investigación sea asumida por el Supremo (algo que se producirá en los próximos días), en cuyo caso las peticiones de declarar ante el nuevo instructor serían previsiblemente inmediatas, al menos por parte de los imputados del PDeCAT. Quien debería pronunciarse en ese escenario sería la Fiscalía del Tribunal Supremo, que como fiscal general del Estado encabezaba Maza.

Menos trascendencia tiene su postura sobre la acumulación en el TS de las causas abiertas en la Audiencia Nacional contra el ex Govern por un lado y Trapero y «los Jordis», por otro (la que instruía el TSJ de Cataluña contra Forcadell ya fue reclamada hace unos días por el Alto Tribunal). Al margen del sentido del informe fiscal, el juez Llarena tomará su decisión sin ninguna atadura y contra esa resolución no cabe recurso alguno.

La lucha yihadista

Al margen del «procés», el propio Maza ya esbozó durante su intervención en la Apertura del Año Judicial cuáles iban a ser dos de las prioridades del Ministerio Público en este ejercicio: la lucha contra el terrorismo yihadista, «tan cruel e inhumano, y contra la corrupción, por la merma de confianza ciudadana en las instituciones que acarrea». Respecto al primer reto, el fiscal general del Estado dejó constancia de su «afecto y solidaridad con las víctimas», a quienes trasladó el «firme compromiso» de la Fiscalía «en la severa aplicación de la ley» a los autores de tales a los «salvajes atentados» yihadistas en Barcelona y Cambrils.

Contra la corrupción

Maza se quejó entonces del «injustificado cuestionamiento del trabajo y la imparcialidad» de la Fiscalía sobre las investigaciones por corrupción, un trabajo en el que, recalcó, los fiscales no tienen en cuenta la «identidad, posición, orientación política o social» de las personas implicadas «ni a los cargos que ostentan o han ostentado.