Los vascos afrontan el reto de la memoria tras cinco años sin ETA

La sociedad vasca se ha amoldado rápidamente y "con normalidad"a vivir sin ETA, cinco años después del anuncio del fin de su actividad terrorista.

La sociedad vasca se ha amoldado rápidamente y "con normalidad"a vivir sin ETA, cinco años después del anuncio del fin de su actividad terrorista, aunque a costa de posponer la asignatura pendiente de abordar y acordar una verdadera revisión crítica del pasado.

Una idea en la que coinciden, con matices y diferentes puntos de vista, varias personas referentes en este ámbito que analizan, consultadas por EFE, las luces y las sombras de los cinco años sin violencia transcurridos en el País Vasco, que se cumplen el próximo jueves: el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández; el excoordinador de Lokarri Paul Ríos, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Julen Arzuaga.

Cinco años después del anuncio de "cese definitivo"de ETA, la organización terrorista está descabezada, apenas se hace notar con comunicados que pasan cada vez más desapercibidos y ha bajado muchos puestos en las encuestas sobre las principales preocupaciones que acucian a los vascos.

"La sociedad vasca se anticipó al final de la violencia y a la normalización de la convivencia", sostiene Jonan Fernández, quien incluso cree que fue su "forma de vivir y convivir su vida cotidiana"lo que "convirtió la violencia en un anacronismo incompatible con la realidad".

La sociedad ha vivido con "alivio"la nueva situación, señala Arzuaga y "con gran normalidad", en opinión de Paul Ríos, aunque "se echa en falta una mayor conciencia social"o, como indica Fernández, es necesaria "una reflexión crítica sobre el pasado".

Para Consuelo Ordóñez, esa "normalidad"no resulta sana, porque la sociedad vasca, a la que reprocha haber "sucumbido a la corrupción moral y haber querido vivir como si nada estuviera pasando mientras ETA mataba", en general prefiere ahora "pasar la página del terrorismo sin leerla".

Tras cinco años, ETA sigue existiendo como organización, sus arsenales no se han desmantelado -pese a hallazgos como el de esta semana en el norte de París-, pero ya no determina la vida política de Euskadi, tal y como han reflejado las sucesivas campañas electorales, en las que, ya con la izquierda abertzale en liza legal, el cierre de la violencia no ha centrado los debates.

Los principales avances son los que se perciben en la calle. "No ha habido más víctimas, las personas amenazadas no tienen que ir acompañadas por escoltas", resalta Paul Ríos, uno de los organizadores de la Conferencia de Aiete, quien también subraya la vuelta a la legalidad de la izquierda abertzale.

A juicio de EH Bildu, el principal logro en esta materia reside en que "se ha asentado una lógica de que todas las víctimas deben tener derecho a ser reconocidas y reparadas, sin discriminación ni categorizaciones", un aspecto muy criticado, sin embargo, por Covite, que rechaza "la promoción de la teoría del conflicto en el que las víctimas del terrorismo son una pata de una mesa en la que también están las víctimas de la Guerra Civil".

La representante de las víctimas cree que la gran asignatura pendiente consiste en "erradicar la cultural del odio"y prevenir la radicalización, evitando hechos como el homenaje tributado recientemente en un colegio de Hernani a una veintena de presos de ETA.

Para Julen Arzuaga, por el contrario, la "emergencia mayor"a la que se enfrenta Euskadi es "la situación de los presos vascos de motivación política", por lo que exige el final de la política de dispersión y la excarcelación de los enfermos, así como que los reclusos dejen de ser utilizados como "objeto de intereses políticos".

En este ámbito no ha habido cambios en estos cinco años y el Gobierno, tal y como ha expresado esta semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sólo está dispuesto a mover presos para acercarlos a sus lugares de origen una vez que ETA se disuelva.

La apertura de dos nuevas legislaturas, en España y Euskadi, determinará si existe campo de juego para avanzar hacia un relato crítico mínimamente compartido de los años de violencia en el País Vasco.

Rafael Herrero /Efe