Los vicesecretarios piden un «toque de atención» a Barberá

Públicamente restaron importancia al «ataque» de la senadora, que cayó como una bomba

Las declaraciones de la ex alcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá han caído en el PP como una bomba nuclear. Sus críticas, que fueron adelantadas ayer por La RAZÓN, contra dos de los vicesecretarios del partido, miembros del «núcleo duro» del que se ha rodeado Mariano Rajoy por decisión personal, han sido interpretadas, de puertas adentro, como «una nueva maniobra de presión» por parte de la senadora, que, en último término, «afecta» al presidente del Gobierno en funciones.

Ni Fernando Martínez Maíllo ni Javier Maroto, a quienes ha criticado duramente la ex alcaldesa, actúan de manera autónoma en lo que afecta a la gestión del problema interno que representa Rita Barberá. Sus declaraciones sí suenan más contundentes, como las de otros vicesecretarios de la nueva hornada, pero las decisiones no se toman al margen de Rajoy, sino que son validadas por él. Aun así, en este esquema, Barberá confiaba en que no tuviese que ir a declarar por el expediente interno que se ha abierto en Génova sobre la situación en la que se encuentra el grupo del PP en el Ayuntamiento valenciano a raíz de la «operación Taula». Pero, contra sus planes, sí que ha tenido que pasar por el trámite como uno más. Un malestar que ha agravado la decisión de la cúpula, que no de Maíllo ni de Maroto, de dar a conocer a la opinión pública que así había sido.

Esa decisión de publicitar que Barberá había ido a Génova a declarar, como han hecho con los demás concejales y asesores, fue planeada expresamente en la dirección popular: decidieron comunicarlo a posteriori para que no se les siga preguntando sobre el tema y poniendo en duda esa citación, según aseguran fuentes solventes.

Y ahí llegan unas polémicas manifestaciones de Barberá, que no son un problema para los vicesecretarios, que ayer cerraron filas entre ellos, sino para el propio Rajoy. El líder popular ha intentado hasta ahora mantener una posición de equilibrio, con gestos de respeto hacia la presunción de inocencia más expresivos que los de otros miembros de la dirección. Y esto ha dado pie a que se especule sobre la división entre el viejo PP y el nuevo PP en la lucha contra la corrupción. Una discusión que los veteranos y los nuevos niegan con el argumento de que las decisiones y reformas legislativas para endurecer la persecución de estos delitos, y a sus autores, «son del presidente». Entre los más jóvenes miembros del Comité de Dirección ayer se escuchaba, fuera de micrófono, la demanda de que se le dé un toque de atención para que «no genere más problemas ni se ponga más en evidencia».

En cualquier caso, en privado sigue creciendo el malestar con la posición de la política valenciana, pero desde la cúpula optaron ayer por maquillarlo. Buenas palabras y el gesto de hacer poco aprecio a sus críticas fue la salida para intentar enfriar el fuego avivado por sus sonoras declaraciones.

El portavoz del partido, Pablo Casado, echó agua señalando que sus palabras, incómodas internamente, son «gajes del oficio». No ha gustado especialmente que ante una cuestión tan delicada como las sospechas sobre corrupción, ella se despache con críticas personales hacia Maroto, por ejemplo. Pero desde Génova insisten oficialmente en poner en valor su respeto hacia la figura de Barberá y elogian su trayectoria política y su gestión para transformar Valencia. Aunque también insisten en la importancia de la transparencia y de la regeneración. Y también defienden que Maíllo y Maroto informasen este martes de que la ex alcaldesa ya había declarado ante el instructor del expediente interno porque, según precisó Casado en Onda Cero, consideran que el procedimiento debe ser «discreto, pero transparente». El dirigente popular subrayó que la dirección del partido ya pidió a Barberá que diese explicaciones y que las dio, en dos ruedas de prensa, pero que también hay que respetar el procedimiento interno.

En Génova están volcados en la campaña del 26-J y lo último que quieren es que se hable de Barberá o de la «operación Taula». La irrupción ayer en escena de la senadora se ha llevado por delante estos planes. Y ha servido de acicate para la demanda de las bases, que ya había llegado a Génova, a favor de que dé un paso atrás en coherencia con las sospechas que la afectan. La tesis de que no debería haber permanecido ni un día más en el cargo después de que el juez imputase a todos los concejales del PP de Valencia por indicios de blanqueo de capitales volvió a resurgir como presión sobre Génova.

La posición de la dirección es que si su caso pasa al Tribunal Supremo y se abre sobre ella una investigación formal, será tratada «como cualquier otro imputado». Ayer se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará a la ex alcaldesa de Valencia por el conocido como caso «Ritaleaks», la filtración de centenares de facturas de gastos del ayuntamiento en las que aparecían cargos de viajes, comidas en restaurantes y noches en hoteles de cinco estrellas de la también senadora.