Marcado por la dureza del 3-O

Aunque el Rey no toma decisiones por libre –no puede hacerlo por mandato constitucional–, el pasado 3 de octubre se puso al frente con determinación para que el Ejecutivo aplicara, en el momento necesario, el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En un mensaje histórico a los españoles, dos días después del referéndum secesionista del 1-O, Felipe VI allanó el camino a la activación del inédito precepto constitucional que suponía el artículo de la Carta Magna para intervenir el Gobierno de la Generalitat. Lo hizo con dureza, con la autoridad del máximo representante del Estado, con palabras que armaban un mensaje que no dejaba lugar a la duda. El Rey buscaba una salida y, tras madurar su decisión, animó al Gobierno a aplicar todas las medidas que le permitía el Estado de Derecho, con el 155 a la vista.

Don Felipe fue incisivo desde el arranque: «Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada –ilegalmente–la independencia de Cataluña». Y señalaba de inmediato a «determinadas autoridades» que con sus decisiones «han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía». Establecido el escenario, el Monarca no pudo dejar más claro lo que pensaba sobre los responsables de la Generalitat: «Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado».

No se detenía ahí, pues en otra andanada les reprochaba haber «quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho» y «socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana», que constataba «fracturada y enfrentada». Un panorama susceptible de «poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España». Más aún, con el mensaje de Don Juan Carlos el 23-F en el recuerdo, su hijo advertía de la «pretensión» de los líderes catalanes de «quebrar la unidad de España y la soberanía nacional».

En consecuencia, el Rey hacía un llamamiento a la «responsabilidad de los legítimos poderes del Estado» para «asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía». Una apelación contundente que tendría su respuesta poco después desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En definitiva, fue un mensaje de carácter extraordinario. Al margen de los habituales en Navidad, el Rey Don Juan Carlos sólo ofreció cuatro alocuciones de esa importancia: la mencionada tras el golpe de Tejero en el Congreso, después de la matanza de Atocha en 2004, cuando murió el presidente Adolfo Suárez y para anunciar su abdicación. El último mensaje de Felipe VI fue consecuencia de un proceso rupturista catalán larvado durante años que colmaba el vaso de la paciencia en La Zarzuela, consciente de que se trataba de «unos momentos muy graves para nuestra vida democrática». Todo un golpe de efecto del Rey.