Rajoy activa el 155 con el aval del 72 por ciento del Congreso

Puigdemont tiene hasta el lunes para confirmar si declaró la independencia, y si es así, rectificarlo antes del jueves. Los servicios jurídicos del Estado ya han diseñado la aplicación de la intervención.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apretó ayer el botón para activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, previsto para intervenir una comunidad autónoma, al dar de plazo hasta el próximo lunes al presidente de la Generalitat para que confirme si declaró el miércoles la independencia y vuelva a la legalidad. Es el requerimiento previo que mandata la Constitución antes de poner en marcha este mecanismo excepcional de respuesta del Estado frente a un Gobierno autonómico que actúe de manera desleal. Rajoy dio este paso con el apoyo mayoritario del Congreso, más del 72 por ciento de los diputados, aunque con críticas y matices también de la mayoría de los grupos a algunos puntos de su gestión del desafío secesionista. De momento, y para el Gobierno es determinante, en este primer paso de carácter estrictamente político y excepcional Rajoy arrastró con él al PSOE y a Ciudadanos (Cs), un total de 254 diputados, que también le respaldan en su decisión de rechazar la mediación que exige la Generalitat y en su negativa a dialogar fuera del marco constitucional. Con Podemos y sus confluencias no contó porque no se mueven del mantra de exigir diálogo sin reconocer que es imposible dialogar con quienes marcan como condición inamovible una independencia inviable. El PNV, socio de quien dependen los Presupuestos de 2018, reclamó a Rajoy que no aplique el artículo 155 y que aproveche la puerta del diálogo que se ha abierto.

A partir de ahora se abre un camino nunca transitado en democracia y en el que el alcance de las medidas excepcionales que adopte el Ejecutivo dependerá de las decisiones de la Generalitat. El apoyo del PSOE se cobra el gesto por parte de Rajoy de ratificar que acepta que comiencen los trabajos de la comisión sobre el modelo territorial que piden los socialistas, y, a continuación, el debate sobre la reforma constitucional. Si bien los partidos secesionistas anticiparon ayer que no participarán en estos foros. Y Rajoy precisó que estará para defender su posición sobre lo que cree que debe ser España.

El proceso para aplicar el artículo 155 se inició con la decisión del Consejo de Ministros de dirigir un requerimiento a Puigdemont para que confirme antes de las diez de la mañana del lunes si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña al margen de que esté o no esté en vigor. Y fija un segundo plazo, hasta el jueves próximo, para que en caso de que así sea o no haya respuesta, rectifique y evite su aplicación. De no producirse esta rectificación, esto marcaría el inicio de la puesta en marcha de la prerrogativa constitucional que permite asumir competencias de una comunidad autónoma o incluso suspender su autonomía. Ante el Parlamento catalán Puigdemont dijo que asumía el «mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» y, acto seguido, propuso «suspender los efectos de la declaración de independencia» para abrir la puerta al diálogo. La posición de Puigdemont fue intencionadamente confusa, declarar la independencia para suspenderla, sin votación, pero al tiempo que estampaba su firma en un documento en el que sus otros firmantes, todos ellos parlamentarios de Juntos por el Sí y la CUP, sí oficializaban la independencia supuestamente suspendida por el Parlamento. Esta declaración de secesión en diferido es una «trampa», y según el análisis de Moncloa con la puesta en escena de Puigdemont el independentismo sólo ha intentado «in extremis» buscar oxígeno internacional ante la presión económica, social y judicial que ha desencadenado el proceso de desobediencia en el que se ha instalado.

La previsión de Moncloa es que la rectificación exigida no llegue y que esto lleve a un escenario «muy complicado». «Esto no ha hecho más que empezar. Es el fin del trayecto de Puigdemont, pero la batalla va a ser dura», sentenciaba un «fontanero» de Moncloa. El artículo 155 ya está desarrollado, pero igual que ha sucedido hasta ahora, Moncloa no anticipa en qué puede concretarse su aplicación y ni siquiera valida que sirva para ejecutar la petición de Cs de que se disuelva el Gobierno autonómico y se convoquen elecciones autonómicas. Si bien hay coincidencia dentro del bloque constitucionalista en que de una manera u otra esto debe concluir en unas elecciones transparentes y democráticas.

En el Congreso Rajoy presentó la decisión de dirigir ese requerimiento al Gobierno con una crítica durísima a la Generalitat. «No hay mediación posible entre la ley y la desobediencia», alegó, después de hacer un repaso de todos los hechos que han precedido a una actuación decidida por parte del Gobierno catalán para incumplir la ley, las sentencias de los tribunales, su propia legalidad y «soliviantar a las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones».

«La implacable realidad ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas: no es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados».