Una Diada para Mas sin ningún «sobresalto» judicial

La última resolución previa a la acusación fiscal por la consulta del 9-N se producirá tras el 11 de septiembre. La Fiscalía prevé solicitar penas de inhabilitacion para Mas, Ortega y Rigau.

Artur Mas podrá disfrutar de una Diada «tranquila», sin sobresaltos judiciales de ningún tipo. Pese a que la instrucción por la celebración de la consulta del 9-N está prácticamente terminada, el escrito de acusación de la Fiscalía no se producirá hasta después de la emblemática fecha del 11 de septiembre. A finales del pasado mes de junio, el instructor del procedimiento acababa la instrucción del citado procedimiento contra el ex presidente catalán, la ex vicepresidenta Ana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. En ese auto les imputaba los delitos de desobediencia y prevaricación. Las defensas de Ortega y Rigau recurrieron ese auto, petición rechazada de plano por el fiscal. Desde entonces, el pasado mes de julio, se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva al recurso, lo que, en su caso, dará paso a la presentación por el fiscal y la acción popular de los correspondientes escritos de acusación. De hecho, según fuentes jurídicas, no está previsto que esa resolución se produzca hasta dentro de algunas semanas.

A partir de ahí, se emplazará al Ministerio Público y a las acusaciones para que presenten sus escritos y, posteriormente, las defensas.

Lo que sí se conoce ya es que la Fiscalía no pedirá penas de prisión para ninguno de los tres acusados, toda vez que considera que no hay pruebas suficientes que acrediten con indicios suficientes la comisión de un delito de malversación de caudales públicos, que sería el único de los tres que se han investigado en esta causa, que está sancionado con penas privativas de libertad.

En el escrito de oposición al recurso de Ortega y Rigau, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez-Ulled sostenían que la investigación «ha generado un margen de duda» sobre la existencia de este delito, que sí le atribuyeron a Mas en su querella de noviembre de 2014.

Sin embargo, una vez practicadas todas las diligencias, el Ministerio Público concluye que la instrucción ha acreditado que «todos los gastos relacionados con la organización y desarrollo de la votación» fueron comprometidos «con anterioridad a la suspensión» acordada por el Tribunal Constitucional. «Se contratan antes, sin perjuicio de que algunos se paguen después», mantiene, por lo que en ese momento el desembolso era «lícito». Para el Ministerio Público, «es cierto» que la Generalitat debió suspender su ejecución hasta conocer la resolución defi nitiva del TC, acordada el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de la consulta independentista. Pero, añadía, «dejar de pagar lo legalmente comprometido es algo distinto, que razonablemente habría conducido a las reclamaciones de los contratistas».

Es ese «margen de duda» respecto a si concurren o no todos los requisitos que exige el delito el que lleva a los fiscales a renunciar a acusar de malversación a Mas y las otras dos acusadas en este procedimiento.

En cambio, la Fiscalía sí acusará de desobediencia y prevaricación (delitos que conllevan penas de multa e inhabilitación, pero no de prisión) contra los tres ex altos cargos de la Generalitat. En primer lugar, porque –a diferencia de lo que ellos aseguran– la organización de la consulta «no quedó en manos de los voluntarios». Al contrario, las empresas contratadas por la Generalitat «siguieron trabajando, a marchas forzadas y con indicación de discreción» tras el 4 de noviembre, realizando unos trabajos sin los cuales el referéndum ilegal no se habría celebrado. La logística «seguía estando bajo control público», por lo que «era perfectamente posible paralizar» toda la infraeinfraestructura.

De esta forma, añadía el fiscal en su oposición al recuso interpuesto, «comprendieron perfectamente» la orden del Tribunal Constitucional «y decidieron no acatarla». Todos ellos, «con especial preponderacia» de Artur Mas, convirtieron su voluntad de seguir adelante «en aparente fuente de normatividad».