Mas quiere declarar la independencia con sólo un tercio del electorado

Mas se encuentra acorralado, política y judicialmente. Sabe que el Estado le vigila muy de cerca, ese Estado que considera que sus torpes y absurdas maniobras políticas y electorales se asemejan cada vez más a la sedición que al esperpento.

El fracaso y grotesco pretendido referéndum del 9-N demostró la fuerza con la que cuenta la independencia en Cataluña; 1,8 millones de personas en una región que tiene un censo electoral que supera los 5,4 millones de electores. Hasta el propio CEO, Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, reconoce en su último barómetro un descenso en el número de independentistas que en estos últimos meses ha caído del 45,3% de julio de 2014 al 42,9% de julio de 2015. Esto supone una disminución nada desdeñable de 2,4 puntos. Por el contrario, crece el porcentaje de personas que se opone a la independencia, que en el último año pasa del 47,4% al 50%, representando un avance de 2,6 puntos.

Las encuestas pronostican que Juntos por el Sí, la formación con la que concurrirán a las catalas del 27 de septiembre Mas, Junqueras, ANC y Omnium juntos sumaría el 35,6% de los votos. Esto supondría cosechar unos 1,2 millones de sufragios, es decir, poco más de un tercio del electorado catalán. Obviamente sería la primera fuerza en el Parlament de Cataluña, pero ni siquiera se acercarían a la mayoría absoluta, pues ésta está fijada en 68 escaños y los pronósticos le otorgan tan sólo 56 parlamentarios.

Con estos resultados, Juntos por el Sí se quedaría incluso más lejos de la mayoría cualificada de los dos tercios, la única que permitiría afrontar la reforma del Estatuto de Autonomía. Para ello se precisa de 90 diputados, misión imposible para los independentistas cuando las fuerzas constitucionalistas –PSC, populares catalanes y Ciudadanos– por sí solas ya suman prácticamente los mismos escaños que Artur Mas y sus socios. Además, tampoco le serviría al presidente de la Generalitat de nada contar con esos 90 escaños, si lo que pretende es subvertir la ley y arrogarse la soberanía nacional, que reside únicamente en el conjunto del pueblo español.

Pero poco le importa a Mas la normativa, ya que ignorando la mayoría necesaria de los dos tercios, considera que con 68 escaños, es decir, la mitad más uno de los diputados de la cámara catalana, se siente autorizado a proclamar la independencia de la región.

Mas sabe que la sociedad catalana no le va a dar esos 68 escaños a Juntos por el Sí, por lo que tiene la excusa que viene buscando para marcharse a su casa y poner fin a la locura que inició hace ya tres años. Más fracasó en las elecciones autonómicas anticipadas de 2012. No sólo no sumó el voto independista que pretendía con su alarde separatista representado en la Diada del 11-S de ese mismo año, sino que perdió un reguero de votos y escaños. Además, desde entonces no ha hecho más que bajar en las encuestas; las últimas, antes de crear la coalición Juntos por el Sí, le otorgaban el 20,2% de los votos, frente al 22,3% de ERC, que partía únicamente con el 13,7% de los votos. En la encuesta de NC Report para LA RAZÓN del pasado mes de julio, la coalición de Mas y Junqueras perdería 15 escaños con respecto a los comicios de 2012. En porcentaje de voto bajarían del 44,4% que sumaron ambos por separado en las anteriores autonómicas, al 35,6%, por lo que perderían 8,8 puntos porcentuales. En número de votos pasarían de 1,6 millones a tan sólo 1,2.

En el mundo de la política, la prudencia y el ejercicio de la autoridad son fundamentales. En estos días, el presidente estadounidense Barack Obama advertía de que la diplomacia debe ser la primera respuesta al desafío de mal y que el ejercicio de la coerción debe reservarse para situaciones extremas.

La Constitución española arma al Estado para disuadir y, en su caso, acabar con cualquier intento de poner en peligro la unidad de la nación. El Estado ha sido capaz en las últimas décadas de terminar con todos los sediciosos que le han salido al paso. Lo demostró contra ETA y con los golpistas que intentaron asaltar el Congreso de los Diputados durante el 23-F. Incluso, en ambos casos, contó con servidores públicos que no dudaron en ningún momento en rozar la línea de la legalidad para acabar con los enemigos de la libertad, aunque finalmente bastó la determinación de la norma suprema para devolver a los cuarteles a los golpistas y llenar las cárceles con los terroristas de ETA.

Por lo tanto, el Estado no tiene que demostrar a nadie que es capaz, llegado el caso, de usar los medios necesarios para acabar con sus enemigos. El Estado cuenta con un amplísimo arsenal legal para acabar con cualquier foco sedicioso. El Fiscal General del Estado actuará contundentemente contra cualquier intento de subvertir el orden constitucional.

Desde hace meses se escuchan voces que solicitan el procesamiento de Mas, Homs, Piqué, Rull y otros actores que representan con vehemencia el sainete independentista catalán. Obviamente el Estado actuará contra los sediciosos cuando más daño les pueda causar y evitará convertirlos en la hora presente en algo parecido a mártires. Núremberg les espera pacientemente.