Mas y sus lugartenientes estaban a la cabeza del 3%

Las investigaciones sobre el 3 por ciento que irían a parar a las arcas de Convergencia, en los años en que Artur Mas dirigía el partido, apuntan cada vez con una intensidad mayor al ex presidente de la Generalitat y a su sucesor, Carles Puigdemont.

Las investigaciones sobre el 3 por ciento que irían a parar a las arcas de Convergencia, en los años en que Artur Mas dirigía el partido, apuntan cada vez con una intensidad mayor al ex presidente de la Generalitat y a su sucesor, Carles Puigdemont. Uno de los principales colaboradores y mano derecha de Mas, el ex conseller de Presidencia Germá Gordó, habría sido, según se pone de manifiesto por la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción el «conseguidor» o «recaudador» de comisiones que irían a parar al partido a cambio de adjudicar obras públicas por la Generalitat a determinados empresarios. En concreto, Anticorrupción destaca que existen indicios de que Gordó, quien presuntamente llegó incluso a reunirse con esos empresarios en su despacho oficial de la Generalitat, en los que en alguna ocasión llegó a coincidir con el tesorero del partido, Andreu Viloca, pudo haber incurrido hasta en seis delitos, entre ellos los de tráfico de influencia y financiación ilegal de partidos políticos.

Las supuestas implicaciones de Artur Mas y Puigdemont en relación con el tres por ciento vendrían de las actuaciones del empresario Josep Manel Bassols, directivo en Cataluña de la constructora Oproler, quien le envió una carta al primero de ellos, en septiembre de 2011, para que intercediera en la búsqueda de un trabajo de su mujer, quien entonces era magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En esa misiva, donde hace también alusión a Gordó y el ex vocal del CGPJ Ramón Camp –quien accedió al mismo a propuesta de Convergencia–, aludía a la forma en que se nombraban los cargos en el Ayuntamiento y las diputaciones de esta misma provincial y Barcelona, «donde habría tenido esperanza de colocarse y verse así recompensado por sus esfuerzos y dedicación a los que refiere como “país”, extendiendo además dicha solicitud de apoyo para conseguir algún cargo hacia su esposa, magistrada del TSJC, la cual también habría colaborado ampliamente desarrollando una “tara” muy importante desde su destino profesional», según se recoge en el informe policial que figura en el sumario del 3%, donde figura la reproducción integra de ese documento, escrito en catalán. Precisamente, cuando se remite esa carta y se alude a la forma de nombramiento de los cargos en el Ayuntamiento de Barcelona, éste estaba regido por Carles Puigdemont.

Pero, en lo que afecta a Mas, también le salpica el hecho de que uno de los que fuese principales soportes en el Gobierno catalán, el ex director de Infraestructura de la Generalitat Joan Lluis Quer, está igualmente implicado en esta causa. De hecho, Anticorrupción llegó a pedir su detención cuando pidió que la investigación la asumiese el TSJ catalán.

Supercopa de fútbol y caza

Bassols, presuntamente y siempre según de acuerdo con lo expuesto en los informes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción, no escatimaba medios para ganarse la confianza de quienes posteriormente debían realizar las adjudicaciones de obras en las que la empresa que repesentaba tenía especial interés.

Para ello, solía organizar actividades tan lúdicas y diversas como el «ojeo» de perdices o la asistencia a un partido de especial interés, como fue la supercopa que disputaron el FC Barcelona y el Real Madrid, disputado el 7 de octubre de 2012. A esas dos actividades fue invitado Gordó, quien, sin embargo, rechazó asistir a las mismas. En cambio, quien sí confirmó su asistencia a ese partido de fútbol fue Josep Antoni Rosell Polo, ex director de Infraestructura de la Generalitat, al que también fue invitado el entonces tesorero de CDC, Andreu Viloca.

El fiscal pidió detenerle

En todo este entramado de tráfico de influencias en las adjudicaciones de obras a cambio de comisiones para el partido de Mas, es donde Anticorrupción sitúa en un puesto relevante a Gordó, quien habría sido durante varios años «el contacto –al menos, uno de ellos– de los contratistas con la Administración Pública catalana y el partido político CDC»; con el fin de beneficiar a esos contratistas y a su partido.

Tan graves eran los hechos en que habría incurrido el ex conseller de Justicia de la Generalitat y los indicios estaban tan apuntalados, que la Fiscalía Anticorrupción, en el informe donde pedía al juez que investiga esta causa que se remitiese la causa al TSJ de Cataluña, que ordenara la detención de Germá Gordó y el registro de su despacho oficial en la Generalita y de su vivienda particular, e igual respecto a las otras personas investigadas, y todo ello con la finalidad de impedir la destrucción de pruebas. Pero las entradas y registros no eran suficientes, los fiscales Anticorrupción instaron la detención de los afectados: «Para garantizar el resultado de dicha diligencia de entradas y registros, tanto en sí mismo como para la realización de sucesivas diligencias que se desprenden de las anteriores, se requiere la detención de cada uno de los investigados referidos en el presente escrito –Germá Gordó, Antoni Vives y Joan Lluis Quer–, incluido el de la persona aforada», es decir, Gordó. Vives fue teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Urbanismo, fue detenido el pasado día 2 de febrero por la Guardia Civil, junto a Viloca. Ambos quedaron en libertad al día siguiente.

Rechazo y críticas del TSJC

Por otro lado, El TSJ de Cataluña rechazó el pasado mes de enero investigar a Gordo ni acceder a las entradas y registros solicitadas por Anticorrupción. En el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se rechaza la petición del juez de El Vendrell de asumir la competencia, al concluir que todos los indicios apuntados contra Germá Gordó «ni resultan precisos ni unívocos, en la medida en que en todos los casos admiten hipótesis alternativas más favorables al investigado que las sostenidas por el juez», y sin que, además, le haya dado la posiblidad de declarar previamente, de forma voluntaria –como ha sucedido con otros aforados– para aportar los «elementos de descargo» que considerara oportunos.

Por otro lado, la Sala alude a que buena parte de los datos incriminatorios contra Gordó proceden de las anotaciones recogidas en sendas agencias de uno de los investigados –Bassols–, cruzadas por los responsables policiales de la investigación con reuniones a las que presuntamente habría acudido el ex conseller. Sin embargo, se afirma en el auto, no se indica nada sobre los motivos de esas reuniones «o obres la regularidad o irregularidades de los procesos que llevaron a las adjudicaciones de obras que se afirman relacionadas con aquellos encuentros y con los pagos o donaciones» a fundaciones de CDC.

Más duro se muestra respecto a la petición de entrada y registro en despachos y domicilios de Gordó, «al pretenderse que sea esta Sala la que se encargue de determinar los indicios la imputados del aforado» tras esa diligencia. Además, critica que la Fiscalía no explicite las «fundadas sospechas» sobre la relevancia de esos registros.