Máxima protección a jueces y fiscales

La autoridad judicial ha exigido a los Mossos un plan de protección de edificios judiciales ante la hoja de ruta de la Generalitat para calentar la calle. También se ha ofrecido seguridad a empresarios y otras figuras públicas contrarias al 1-O.

La tensión en la calle por la movilización que está instigando el independentismo ha hecho saltar todas las alarmas y que empiecen a improvisarse nuevos planes de refuerzo de la seguridad y de la protección no sólo de cargos públicos. La autoridad judicial ha solicitado a los Mossos d´Esquadra que protejan a jueces y fiscales, y la policía autonómica ha tenido que remitir un plan especial de protección de edificios judiciales.

Antes de que recibiesen esta instrucción la policía catalana ya había empezado a movilizarse en previsión de lo que podía ocurrir en la recta final hacia el 1-O. De hecho, antes de esta semana, en la que la operación policial en consejerías de la Generalitat contra los preparativos de la consulta ilegal ha hecho estallar todo por los aires, los Mossos ya habían comenzado a tener que hacer gestiones para reforzar la protección de empresarios y de otras figuras relevantes. En concreto, la escalada de violencia que se vivió durante la noche del miércoles al jueves en la Consejería de Economía obligó al juez que investiga el 1-O a llamar al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que los agentes de la policía catalana abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil.

El motivo era la previsión de que la escalada de tensión pudiera desbocarse y pusiera en riesgo la seguridad de algunos colectivos o de personalidades públicas que se han manifestado en contra del «procés» y del proyecto de la Generalitat para «desconectar» Cataluña de España.

Los Mossos tienen la competencia en estas labores de protección, y hasta ahora este reparto de funciones se está respetando. Sin perjuicio de que el dispositivo policial desplazado a Cataluña para hacer frente a posibles desórdenes públicos durante estos días tiene también sus planes de actuación por si llega el caso de que sea necesario que velen por instituciones catalanas o por la sede de la Delegación del Gobierno. En Cataluña, los escoltas de cargos públicos, por ejemplo, son de los Mossos. Los ministros y altos cargos del Gobierno refuerzan su seguridad cuando viajan a esa comunidad con Policía Nacional. Y en Barcelona son policías locales los que asumen esa función de escolta. La coordinación ha funcionado tradicionalmente bien, al menos hasta que los líderes independentistas decidieron lanzarse al vacío bajo la bandera.

El análisis que manejan los responsables de la seguridad apunta a que las protestas, incidentes, presiones y detenciones que se están produciendo en Cataluña responden a una «hoja de ruta» marcada y perseguida por la Generalitat.

Sin ningún margen para celebrar el referéndum ilegal por los «golpes» de la Guardia Civil a la infraestructura y logística del mismo, a la Generalitat sólo le queda tapar su fracaso con «la movilización social». «Sabían que no iban a poder celebrarlo. Sabían que no tenían ningún apoyo internacional. Y sabían que jueces y fiscales estaban decididos a actuar contra cualquier ilegalidad, la cometa quien la cometa. Pero han querido llegar tan lejos que su única salida es intentar tomar la calle una vez que ni legalmente ni democráticamente pueden ganar».

Toda la fuerza del Estado está puesta ahora en parar el golpe en la calle sin incidentes ni escenas que dañen la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El cálculo es que hay unos 15.000 «fieles» a la línea institucional independentista, muchos de ellos criados en las subvenciones de la Generalitat, y que están dispuestos a mantener la tensión en la calle hasta que llegue el 1 de octubre. Pero esta «revolución a las órdenes de la CUP tiene también muchos riesgos». Y con ellos se manejan en la dirección del dispositivo de seguridad. Las imágenes violentas, con patrullas policiales destrozadas, por ejemplo, no favorecen la causa independentista. «Y mantener la tensión en la calle es fácil como principio, pero es complicado cuando hay que llevarlo a la práctica porque hasta la resistencia de los que están dispuestos a echarse al monte tiene un tope», advierten. El despliegue de Interior se mueve con la instrucción de atender en sus actuaciones el mismo principio que rige las decisiones políticas del Gobierno, la proporcionalidad. Y respetar además el trabajo de los Mossos en la calle. Aunque Policía, Guardia Civil y Mossos recibieron la misma instrucción de la Fiscalía de actuar contra los preparativos del referéndum, los «golpes» que han permitido desactivarlo han venido de la Guardia Civil. Los servicios de información de la Benemérita han funcionado «como se esperaba», y oficialmente el discurso incide en resaltar el respeto al trabajo de los Mossos, aunque haya un plan alternativo por si en momentos cruciales hubiera algún fallo.

Los partidos constitucionalistas también han empezado a moverse frente a la campaña de hostigamiento. Así, el PP catalán ya ha anunciado un «plan de acompañamiento» a sus concejales. Cargos públicos no independentistas de todos los partidos han denunciado presiones. Especialmente cruda está siendo la realidad de los ediles socialistas, cuyas amenazas están llegando incluso al plano familiar, como en el caso de los padres de Albert Rivera, cuyo comercio fue atacado por los radicales.

En esta línea de hostigamiento permanente, los secesionistas pretendían pasar la noche frente al TSJ de Cataluña y trasladarse hoy a las 9:00 a la Ciudad de la Justicia para apoyar a los detenidos.