Maza pide «herramientas legales» para controlar las filtraciones a la prensa

El fiscal general del Estado elogia a Moix y asegura que no hay un dato «objetivo» para cesarle.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defendió ayer a ultranza al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ante las duras críticas de toda la oposición, que reclamó el cese inmediato de éste por su actuación en la «operación Lezo» y su decisión de relevar a los fiscales que investigan la presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Cataluña. Sus últimas frases durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso fueron más que relevantes sobre la confianza que mantiene en Moix al frente de Anticorrupción: «Me siento satisfecho por el acierto de dicha designación, al comprobar, de modo muy especial en la situación en que nos encontramos, su valentía y firmeza en el desempeño del cargo, al servicio tan sólo de la sociedad, del Estado de Derecho y de las garantías de todos los ciudadanos». Además, pidió «herramientas legales» para luchar contra las filtraciones de sumarios declarados secretos, aunque dejó claro que la Fiscalía no actuará en ningún caso contra los medios de comunicación. Pero no sólo eso, sino que aseguró que no existe ni un dato que pueda llevar a la remoción de Moix de su cargo, ni un solo dato «verdaderamente objetivo, concluyente y al margen de elucubraciones, respecto de algún procedimiento contra hechos susceptibles de ser calificados como de corrupción que se haya visto paralizado, al margen de la Ley», que le lleve a tener que arrepentirse de su nombramiento. Por cierto, que Maza admitió que, antes de nombrar a Moix, supo de la conversación en la que Ignacio González mostraba su deseo de que fuera elegido, algo que no le extrañó ni llevó a pensar mal del candidato.

Su intervención se centró en buena parte en defender la actuación de Moix en lo que se refiere a la «operación Lezo» y a la propuesta del relevo de los dos fiscales del 3%. Así, respecto al primero de esos asuntos, aseguró que en ningún momento se ha intentado «paralizar» esas actuaciones y desmintió rotundamente que se pretendiese remover a los fiscales adscritos a ese procedimiento. En primer lugar, con la «operación Lezo», Maza destacó que fue la Fiscalía quien judicializó esa causa, ordenó y practicó los registros y solicitó la prisión, entre otros, del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Por ello, añadió, le había causado una gran «perplejidad» por el hecho de que las discrepancias de Moix con los dos fiscales de la causa en cuanto a la práctica de unos registros se resolviese tras la celebración de una junta de fiscales Anticorrupción, algo que, en su opinión, es «por completo natural». Por ello, aseguró tener la impresión de que se encuentra «en otro juicio en el que es indiferente por lo que se opte, la condena ha sido impuesta anticipadamente: si se hace valer el criterio del jefe, malo; si se convoca junta para debatirlo, peor: se trata de una rebelión, y, si tras la junta, el superior acepta los argumentos de sus miembros, lejos de tenerlo por un digno ejercicio de juicio equilibrado, de capacidad de autocrítica y de consideración al criterio de la junta, se presenta como una rendición, afirmó el fiscal general del Estado.

En lo que se refiere a la pretensión de Moix de relevar a los fiscales del 3%, señaló que la decisión final la adoptará cuando reciba los infomes solicitados al fiscal jefe Anticorrupción sobre la carga de trabajo y a los afectados, Fernando Bermejo y José Grinda, sobre si la causa continuará en el juzgado de El Vendrell o se instará la inhibición a favor de la Audiencia Nacional.

Otro de los temas relevantes de su intervención fue el relativo a las filtraciones de sumarios secretos. Así, y tras señalar que cada vez que se produce una la Fiscalía abre diligencias informativas que acaban en nada, mostró su preocupación por estos hechos, ya que, aseguró, «no aporta nada de cara a la verdad, sino que perjudica a personas que son citadas y, más grave aún, se perjudica la eficacia de la Justicia. Las filtraciones no favorecen a nadie con intenciones limpias. Son dosificaciones parciales y tienen una intención que convendría investigar». Por ello, pidió «herramientas legales» para combatirlas.

Las explicaciones de Maza no convencieron lo más mínimo a los partidos de la oposición.

Así, Juan Carlos Campo, portavoz del PSOE, señaló que su partido ha instado la reprobación del fiscal general y del jefe de Anticorrupción por «por tener algo más que la duda razonable de que todo esto está urdido por el Gobierno y gestionado por el fiscal general», principalmente en todo lo relacionado con la «operación Lezo».