Cataluña

Moncloa insiste en el diálogo y reactiva varios ministerios frente a la desconexión

«El referéndum no se va a celebrar», sentenció el portavoz Méndez de Vigo tras el Consejo.

El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros.
El portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros.larazon

La respuesta del Gobierno a la cumbre independentista fue un «no» rotundo al referéndum en Cataluña, pero sin renunciar a explorar la vía del diálogo y de la negociación por la que ha apostado el Gobierno de Rajoy en esta nueva etapa. Desde Moncloa mantienen la puerta abierta a que se concrete la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Y también entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Pero esta mano tendida no apaga el mensaje de que también harán cumplir la Ley y no negociarán los términos de ninguna consulta. De hecho, Moncloa tiene ya elaborados los planes de acción para responder a la hoja de ruta del proceso de desconexión, con sus distintos escenarios y sus respuestas. En el ámbito político y jurídico. Estos trabajos interministeriales vienen de la primera Legislatura de Rajoy y en esta acción conjunta participan Moncloa y otros ministerios como el de Justicia, Exteriores e Interior.

De momento, el Gobierno está a la espera de ver cómo evolucionan los procesos penales abiertos por presunta desobediencia contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros dirigentes de la Generalitat. Ante el próximo desarrollo legislativo de la agenda independentista, por ejemplo, ya tienen preparada la gran ley de la transición, la del Régimen Jurídico Catalán, la respuesta del Gobierno será la misma que ha utilizado hasta ahora: llamar a la puerta del Tribunal Constitucional (TC) para que suspenda las decisiones o proyectos legislativos que se saltan el marco legal. Como ya ha hecho con todos los demás pasos que han dado para avanzar hacia la ruptura con España. La impresión que traslada el Gobierno es que por mucho que insistan en el referéndum, no llegarán a convocarlo porque no van a repetir lo mismo que hicieron con la consulta del 9 de noviembre. Pero si no es así, «el Estado lo frenará».

«El referéndum no se va a celebrar», sentenció el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión del Consejo de Ministros. Aún no había empezado la cumbre en el Parlamento catalán para formalizar el Pacto Nacional por el Referéndum que impulsa el Gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero desde Moncloa se marcaron por adelantado los límites al resultado de esa reunión. «Referéndum de autodeterminación no va a haber en España. Más claro no se puede decir», insistió Méndez de Vigo.

El Gobierno ha optado por intentar no dar demasiada relevancia a la insistencia por parte de la Generalitat catalana y de los partidos independentistas en mantener viva la llama de la hoja de ruta soberanista, pese a que cada uno de sus pasos haya sido suspendido por el Tribunal Constitucional. De hecho, contrasta su convencimiento de que no habrá referéndum con la seguridad con que la otra parte insiste en que tendrá lugar después del verano, conforme a la agenda a la que ya han anunciado que van a ajustarse. Mientras desde el Gobierno se insiste en el diálogo sobre todas las cuestiones que están en la agenda de la Generalitat, salvo la independencia, desde el lado de Juntos por el Sí se resta valor a esa oferta de negociación y advierten de que lo que les ofrece el Gobierno es hablar sobre una deuda en inversiones o competencias que ya deberían haber saldado hace mucho tiempo.

Moncloa no entra al trapo ni echa más leña al fuego del que depende que los partidos independentistas puedan seguir sosteniendo su discurso. El portavoz del Ejecutivo se limitó a indicar que pese a que la Generalitat insista en colocar urnas, el Gobierno seguirá ofreciendo diálogo y mano tendida para hablar con todos. Y serán luego los ciudadanos los que tendrán que juzgar dónde está cada uno y cuáles son las consecuencias de no querer participar en los órganos multilaterales de decisión y enrocarse en la unilateralidad.