Mireia Boya, la diputada «cupera» que olvidó que gestiona un hotel

No es la primera vez que las declaraciones de patrimonio de los miembros de la CUP dejan al descubierto la profunda hipocresía de su discurso. Si tras calificar de «okupables» las segundas viviendas, se desvelaba que además de varios inmuebles, en algunos casos, sus diputados tenían en el banco más de 70.000 euros (Joan Garriga) o más de 100.000 euros (Pilar Castillejo). Ahora la polémica se centra en la diputada Mireia Boya. En plena cruzada de los antisistema contra el turismo en Barcelona, en la que han recurrido incluso a la violencia, se desvela que la presidenta de la CUP en el Parlamento de Cataluña oculta en su declaración de patrimonio que posee –al 50% con su hermano– un hotel rural en el Vall d’Aran valorado en 250.000 euros. De la noticia se hizo eco «Okdiario» y Boya no ha procedido a desmentirlo hasta la fecha. Según la declaración de bienes presentada en el Parlamento catalán, el único inmueble que posee Boya es el 50% de una «finca urbana», adquirida en 2005 y valorada en 8.199,24 euros.

En concreto, se trataría de un hotel rural de 170 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, que cuenta con un huerto anexo y espacio para realizar barbacoas. La diputada explota este establecimiento a través de la comunidad de bienes Borda Guilhamuc C.B., de la que es socia junto a su hermano, Josep Boya Busquet, quien –a su vez– es director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio desde 2016.

El establecimiento rural aparece declarado en el Registro de la Propiedad como «cuadra» y se trata de un antiguo establo que los hermanos recibieron en 2005 como «donación» de su madre, Maria Pilar Busquets, quien fuera diputada autonómica de CiU entre 1984 y 1992. Tan sólo un año después de recibirlo como donación, ambos hermanos llevaron a cabo una cuantiosa inversión para convertirlo en hotel rural, con capacidad para seis personas. El establo ha sido reconvertido en «una antigua borda aranesa, recientemente restaurada y acondicionada como casa en alquiler», según publicitan en una web de turismo rural.

Boya, que calificó como «simbólica» la quema de un autobús para protestar contra el turismo en Barcelona, no duda en lucrarse con esta actividad en el Vall d’Aran donde cobra a partir de 30 euros por persona y noche para arrendar el hotel rural si se alojan seis personas, esto es, 180 euros. Si sólo se alojan dos huéspedes el fin de semana asciende hasta los 200 euros y la semana puede rozar los 1.150 y el mes, 4.600 euros.

Boya comparó los ataques de Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, con la plataforma de alquiler Airbnb, que calificó como «otra forma de violencia», sin embargo, no tiene reparo en anunciarse en una web que promueve los alquileres vacacionales a nivel rural.