Monedero creó su consultora al empezar los pagos chavistas a la entidad ligada a Podemos

La oposición denuncia que Venezuela dio 14 millones en diez años. En 2004, el Gobierno chavista firmó los primeros contratos con el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Ese mismo año, el «número 2» de Iglesias registró su consultora «Motiva 2» que derivó en «Caja de Resistencia»

La documentación que el partido de la oposición venezolana Primero Justicia tiene en su poder para probar la conexión entre el Gobierno bolivariano de Venezuela y Podemos, y la presunta financiación ilícita por 14 millones de euros para el partido de Pablo Iglesias incluye contratos que se remontan al año 2004, año en que Juan Carlos Monedero creó su consultora Motiva 2 Herramientas de Pensamiento. En concreto, según el diputado Julio Montoya, la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) –de la que es presidente Alberto Montero, miembros del Consejo Estatal de Podemos y en cuyo consejo consultivo figuran el líder de la formación, Pablo Iglesias, y el número dos, Íñigo Errejón o Luis Alegre– habría sido beneficiada, por ejemplo, con un contrato valorado en 600.000 euros a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la primera empresa de telecomunicaciones y telefonía del país, o con otra adjudicación de 350.000 euros facturada a través del Ministerio de Secretaria de la Presidencia de Venezuela.

La presunta recaudación de fondos a través del Gobierno venezolano es uno de los principales puntos débiles de la formación emergente en España. Y es un asunto que ya acumula denuncias a un lado y otro del Atlántico. En Venezuela ya son dos las denuncias presentadas por dos partidos de la oposición, del partido de los Dirigentes del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) y de Primero Justicia. Éste último, a través de su diputado Julio Montoya, asegura tener informes y contratos de esos 14 millones de euros que, según él, podrían haber acabado en las cuentas de Podemos. Entre esos convenios con organismos estatales estarían los firmados con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con los ministerios de la Secretaría y Alimentación y con la ya mencionada CANTV, empresa del Estado nacionalizada desde 2007 y que en el año 2012 logró una inversión de 1.800 millones de bolívares para atender y apalancar proyectos sociales del Gobierno bolivariano.

La relación de los principales dirigentes de Podemos con el Gobierno bolivariano de Venezuela es de sobra conocida. Desde la formación política se trata de desvincular esas relaciones en la actualidad y de limitar ese nexo a meras colaboraciones académicas. Sin embargo, Primero Justicia insiste en que los miembros de Podemos llegaron incluso a ejercer labores de intermediación, utilizando sus influencias con los funcionarios chavistas para lograr que empresas españolas lograran contratos de suministros médicos e informáticos. Y la documentación que lo acredita la traerá al Congreso de los Diputados en un plazo aproximado de tres semanas para instar a una colaboración entre los Parlamentos venezolano y español.

Las actividades a las que se refiere Primero Justicia se remontan al año 2004, poco antes de que el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, llegara al país venezolano para fundar meses después el Centro Internacional Miranda, adscrito al Ministerio de Educación Universitaria de Venezuela. Según el currículum del propio profesor de la Complutense, en este organismo fue «el responsable del Diploma de Gobierno y Poder Ciudadano de formación de cuadros técnicos y políticos, con vistas a aumentar la capacidad institucional y política de los servidores públicos en Venezuela y Ecuador». Además, durante cinco años llegó a asesorar personalmente a Hugo Chávez entre los años 2005 y 2010.

Estas asesorías les habrían reportado numerosos beneficios económicos a los miembros de Podemos. Según el diario «El Nacional», muchos de esos trabajos los hicieron a través de la Fundación CEPS, hasta el punto de que el Cadivi –Banco de divisas de Venezuela– le liquidó 3,2 millones de dólares, unos 2,86 millones de euros. «En el caso de Venezuela, varios de sus miembros y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que en Europa es descrita como “la semilla” del partido, recibieron del gobierno entre 2004 y 2012 al menos 3,9 millones de dólares por conceptos de pagos de asesorías y un premio». Se refiere el artículo al galardón que premia con 150.000 dólares al «Libertador del Pensamiento Crítico», que otorga el Ministerio de Cultura y que en 2010 fue a manos de Luis Alegre, secretario de Participación y secretario general de Madrid. Respecto a la lista de liquidaciones que realizó el Cadivi, «El Nacional» revela que en ese periodo la CEPS, «que en su expediente no coloca una dirección en Venezuela ni tampoco está en el Registro Nacional de Contratistas, le fueron entregados 3.240.790 dólares en 52 solicitudes distintas». Esas divisas, prosigue el diario, se enmarcaron en la categoría «otros conceptos», por lo que respondieron a «peticiones de casos especiales y no para importar bienes».