Orden para requisar las urnas del 1-O

El jefe de la Policía autonómica envía una circular a sus unidades después de que la Fiscalía de Cataluña le pidiera, al igual que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que trasladaran sus instrucciones de forma urgente.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha transmitido a "todas las unidades"de la policía catalana las órdenes de la Fiscalía de Cataluña para que "requisen urnas"y todo el material del 1-O y ha centralizado en la Comisaría General la instrucción de posibles diligencias.

La Fiscalía Superior de Cataluña dio ayer directrices a Trapero, así a como los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, en el transcurso de una reunión en la sede del ministerio público en Barcelona.

Trapero ha firmado, horas después, un comunicado interno, dirigido a "todas las unidades policiales del Cuerpo de Mossos d'Esquadra", en el que informa de la instrucción 2/2017 emitida por la Fiscalía Superior de Cataluña, dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra.

El comunicado adjunta el contenido íntegro de la instrucción de Fiscalía "con el objetivo de que todos los funcionarios pertenecientes a estas unidades sean conocedores", de la misma.

Explica Trapero que la instrucción hace referencia al tratamiento policial ante actos "que se ejecuten por autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, en tanto que indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación".

Con el objetivo de mantener "una adecuada coordinación"y evitar "duplicidades"en las comunicaciones a Fiscalía, la instrucción de las diligencias policiales que se realicen con relación a este asunto estarán a cargo de la Comisaría General de Información, ya sea a través de sus servicios centrales o a través de sus unidades territoriales.

De esta forma, será la Comisaría General quien "transmitirá los atestados a la Fiscalía Superior de Cataluña o a las Fiscalías Territoriales competentes, sin perjuicio de incorporar a sus diligencias las actuaciones que las diferentes unidades del Cuerpo hayan tenido que llevar a cabo de manera previa cuando la urgencia de la situación requiera de una actuación inmediata".

Tras una reunión de apenas media hora celebrada en la sede de la Fiscalía en Barcelona, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, cursó idéntica orden, igualmente por escrito, a los responsables de la Guardia Civil y Policía en la comunidad autónoma, el general Ángel Gozalo y el jefe superior Sebastián Trapote, respectivamente. El plazo de 24 horas comenzó a contar a mediodía de ayer, una vez los mandos policiales recibieron el escrito de la Fiscalía con las pautas de actuación para el 1-O.

En los nueve folios de la instrucción fiscal se recuerda a los responsables de la Policía autonómica que según el artículo 1,1 de la ley 10/1994 que regula su funcionamiento, los Mossos «cumplirán y harán cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente». El objetivo es que todos los agentes «sean conocedores del contenido de la resolución». Para cerciorarse de que se da traslado a todas las unidades de esas directrices, la Fiscalía obliga comunicarle por escrito la remisión de sus órdenes «a todas las unidades que dependan directa o indirectamente de la autoridad que haya recibido esta instrucción».

En las consignas impartidas por la Fiscalía de Cataluña –que hoy mismo se trasladarán también a los responsables policiales provinciales en las sedes de las delegaciones del Ministerio Público en Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona– se subraya que los pronunciamientos del TC, «reiterados de forma clara y sin fisuras» y difundidos ampliamente, «dada su evidente trascendencia», permiten concluir que la falta de competencia de la Generalitat para convocar un referéndum «es un hecho notorio». Asimismo, considera «indiscutible» que los cargos públicos afectados por la suspensión de los acuerdos impugnados, tanto del Gobierno de Puigdemont como del Parlament, conocen sobradamente esas resoluciones ignoradas reiteradamente. Una conducta que, recuerda la Fiscalía, puede incurrir en la comisión de al menos tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, este último castigado con penas de hasta ocho años de prisión.

«Los Mossos d´Esquadra, al igual que Guardia Civil y Policía Nacional, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes», recuerda el Ministerio Público. Por tanto, añade, los agentes deberán actuar «en todos los supuestos de actos que se ejecuten en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos o particulares en connivencia con aquellos, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación».

Las directrices al respecto son claras. En primer lugar, deberán elaborar «de forma urgente» un informe o atestado que remitirán a la mayor brevedad al fiscal jefe de la Fiscalía competente. Además, los agentes practicarán «de forma inmediata» las diligencias necesarias para acreditar los hechos y delimitar «las responsabilidades penales exigibles». Y, por último, para evitar la consumación del delito, deberán intervenir «los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal».

Para la Fiscalía, la celebración del 1-O supone sortear por la vía de los hechos los mecanismos de reforma constitucional «para llevar adelante un proyecto político de desconexión del Estado español y creación de un Estado catalán independiente en forma de república».