Objetivo de Rajoy: limitar el coste electoral del «caso Soria»

Moncloa espera el próximo sondeodel CIS para cuantificar el coste electoral del cese del ex ministro. La renuncia rompe la estrategia del PP de poner el foco en la debilidad de Pedro Sánchez.

En el Gobierno y en el PP asumen que el «caso Soria» no les ayuda electoralmente, aunque Mariano Rajoy precipitase el viernes la renuncia del ministro de Industria, Energía y Turismo. Están pendientes del próximo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero de puertas adentro son conscientes de que el ruido que va a hacer la oposición con este asunto «no ayuda» en las encuestas. No son pesimistas en cuanto al coste que pueda tener, pero «en un escenario tan ajustado, cualquier pequeño factor puede ser desestabilizador, aunque nuestros votantes sean los que están confirmando una mayor fidelidad y una mayor disposición a acudir a las urnas», sentencian en la cúpula popular.

Una vez más el PP tiene que lidiar con una situación en la que la polémica alrededor de uno de los suyos, por corrupción o, como en este caso, por las sospechas de que Soria operó en paraísos fiscales, apaga su mensaje político y también las debilidades de sus adversarios. En lo que afecta al ex ministro, Rajoy estuvo dispuesto a sostenerle hasta que ya la situación venció en contra de Soria porque en la información que trasladaba al presidente faltaban datos sustanciales que ya no podían ser explicados en que no se acordaba de lo que pasó hace veinte años ni tampoco en movimientos por parte de su familia que él desconociera. La desconfianza en el entorno de Rajoy era creciente. Y aun así Rajoy mantuvo personalmente la defensa de la presunción de inocencia de su compañero de Gabinete, a pesar del coste político, hasta que la realidad y las novedades mediáticas pudieron más que la palabra de Soria.

El PP tenía preparada una amplia estrategia dirigida a acentuar en estas ultimas semanas, antes de la disolución de las Cortes, la debilidad del líder del PSOE, Pedro Sánchez; el tiempo perdido en la negociación de un «Gobierno imposible»; y las contradicciones y «mentiras» del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante todo este proceso negociador. Entre otros argumentos. Esa estrategia se ha venido abajo de momento arrollada por la ofensiva, personalizada contra Rajoy, de los demás grupos. Si bien en Moncloa y en Génova no creen que el «caso Soria» altere el margen tan limitado que hay para que salga adelante un Gobierno de Sánchez. «Esto no ayuda. Pero para negociar, no hay posibilidad de casi nada con o sin lo de Soria», sentencian en la dirección popular.

No obstante, si hay de nuevo elecciones, el PP se lo juega todo a mejorar un poco sus resultados de diciembre para fortalecerse en la negociación postelectoral. Y reforzar, sobre todo, a su candidato frente a la presión de la oposición en su contra. En Génova dejan margen, con recelos, para la posibilidad de que el PP pudiese formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos, pero en ningún caso lo dan por hecho. Y siguen manejando la tesis de que puede volver a ser necesario el acuerdo entre el PP y el PSOE. La gran coalición de la que lleva hablando Rajoy desde el día después de las generales de diciembre. La dirección popular quiere creer que una nueva campaña hará que se queden atrás los posicionamientos que han adoptado Sánchez y Rivera para justificar su veto a la lista más votada. Pero también admiten que para que así suceda necesitan mejorar sus resultados de diciembre. Que sean las urnas las que tumben la exigencia «anti democrática» de que «los que pierden las elecciones intentan forzar la salida del que las ha ganado para quedarse ellos en el Gobierno».

Por cierto, la semana pasada Rajoy aún no había tomado una decisión definitiva sobre si iba a llamar o no al secretario general del PSOE para hacer un último intento para desbloquear la negociación política. Sería un gesto, en todo caso, sin más proyección política porque Pedro Sánchez ya ha dicho en reiteradas ocasiones que «no» a esa negociación.

Además del cálculo electoral, el episodio de esta semana, que se ha zanjado con la renuncia de Soria, abre otro agujero en el poder territorial del PP. Esta vez Canarias, donde el partido tendrá que resolver la caída de su presidente regional. De momento, la salida apunta a una gestora, una solución a la que también han tenido que recurrir en las crisis en Madrid y Valencia a la espera de los congresos que oficialicen las nuevas direcciones.