Oleguer Pujol admitirá que cobró 2,5 millones en negro, aunque lo regularizó

El benjamín de los Pujol declara hoy como investigado por blanqueo en la Audiencia Nacional.

Cobró una comisión de 2,5 millones en negro que desvió a las Islas Vírgenes, pero regularizó esos ingresos con Hacienda en noviembre de 2012. Oleguer Pujol declarará hoy como investigado por blanqueo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y, según informaron fuentes jurídicas, ésa será su principal línea de defensa para intentar acreditar que no cometió delito alguno en la operación de compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007, por 2.329 millones de euros. En la misma, el benjamín de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, su entonces socio Luis Iglesias, los hermanos Javier y Gabriela de la Rosa, hijos del empresario Javier de la Rosa, y los también empresarios José María Villalonga padre e hijo se repartieron supuestamente 11,5 millones de euros en comisiones por labores de intermediación.

Salvo Iglesias –cuya imputación por blanqueo fue archivada, aunque continúa investigado por delito fiscal en los Juzgados de Plaza de Castilla– y Oleguer Pujol, que lo hará hoy, el resto de los comisionistas compareció ayer en la Audiencia Nacional. Con la excepción de Gabriela de la Rosa, que se acogió a su derecho a no declarar, y únicamente negó cualquier relación con los hechos investigados, los demás admitieron los pagos en negro aunque, como en el caso de Oleguer (quien ya ha remitido al juzgado varios documentos para acreditar esa regularización fiscal), aseguraron a De la Mata y a los fiscales de Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa que ya se han puesto al día con la Agencia Tributaria. Ni la Fiscalía ni la acusación que ejerce Podemos solicitaron al magistrado la adopción de medida cautelar alguna contra ellos, que sí siguen imputados en la causa.

Según fuentes presentes en esas comparecencias, los investigados han asegurado al juez que el interlocutor en esa operación no fue Oleguer Pujol, sino su entonces socio en Drago Capital Javier Iglesias. Los Villalonga explicaron que tuvieron conocimiento de que el Banco Santander (entidad con la que según dijeron llevan treinta años trabajando en la compraventa de activos) había puesto a la venta cinco lotes de activos inmobiliarios y financieros, entre ellos sus 1.152 oficinas. Según su versión, contactaron con Javier de la Rosa en busca de posibles compradores para las sucursales y con Metrovacesa para la posible adquisición de la ciudad financiera del Santander.

De la Rosa Junior, que se ha comprometido con el juez a aportar justificantes de sus labores de intermediación, fue el encargado de plantear la operación a Iglesias y Oleguer, con quienes ya había llevado a cabo la venta de 4.000 pubs en Reino Unido. El hijo del financiero Javier de la Rosa desvinculó de la compraventa a su hermana Gabriela, quien únicamente –la defendió– tiene firma autorizada en una de sus cuentas bancarias. Según esas mismas fuentes, desde el Banco Santander se les dejó claro desde un principio que la entidad no iba a desembolsar cantidad alguna como comisión si la operación llegaba a buen puerto, que en todo caso debían reclamar al futuro comprador, como así sucedió.

Empresas en las Islas Vírgenes

De la Mata sostiene que los investigados recurrieron a «estructuras societarias radicadas en terceros países» y a la subcontratación en cadena de servicios de asesoramiento para no pagar a Hacienda. De hecho, para desviar los 11,5 millones de comisiones se utilizaron dos sociedades pantalla, Marway BV y Ard Choille, que facilitaron a través del grupo ITPS, «con plena conciencia de los riesgos fiscales», los ciudadanos holandeses John Wileken y Jacobs Broers, también investigados (a cambio de un 2,2% de los fondos).

El dinero fue a parar a cuentas de tres empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes vinculadas a los comisionistas: Oleguer y su socio, Villalonga padre e hijo y Javier de la Rosa Jr. Los investigados responsabilizan de esta operativa «para cobrar en negro fuera de España» a Iglesias, desvinculando al benjamín de Jordi Pujol de la misma.

Fuentes próximas a Oleguer Pujol, de hecho, aseguran que la relación entre los dos ex socios es ahora «distante» y lamentaron que, a raíz de la investigación a la familia Pujol Ferrusola por delitos fiscales y blanqueo, el menor de los hermanos «se tuvo que retirar del mercado» y abandonar Drago Capital, que para él era «media vida». «Desde hace cuatro años está mano sobre mano», se quejan.

El juez De la Mata investiga si los 200.000 euros –procedentes de una cuenta andorrana– que invirtió Oleguer Pujol en Drago Real Estate Partners, el fondo de inversión utilizado para llevar a cabo la operación de compra por parte de Sun Capital Partners, proceden de comisiones que podría haber percibido la familia Pujol Ferrusola a cambio de mediar en adjudicaciones públicas de administraciones controladas por Convergència.