Oleguer Pujol usó una empresa de la «red Pretoria» para ocultar comisiones

La investigación policial a Oleguer Pujol apunta a que el benjamín del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol utilizó una de las empresas vinculada a la «trama Pretoria» de corrupción urbanística en ayuntamientos catalanes, Ard Choille B. V., para «la ocultación del cobro de comisiones por valor de aproximadamente 11.500.000 euros por servicios de asesoría en el marco de la operación de compra de las oficinas del Banco Santander». Así lo ha informado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en un oficio remitido el pasado martes al magistrado, que investiga a Oleguer Pujol por delito fiscal y blanqueo de capitales.

En el documento, el inspector jefe a cargo de la investigación desde el pasado octubre asegura que, además de esta sociedad «instrumental», habría utilizado otra, Marway B. V., también domiciliada en los Países Bajos, para desviar esos fondos supuestamente irregulares derivados de la compra, por 2.000 millones, de 1.152 sucursales del Santander, en noviembre de 2007, a través de Samos Servicios y Gestiones, uno de los presuntos siete «pelotazos» que investiga la Policía.

Ard Choille B. V., precisa la UDEF al instructor, «ya fue utilizada, al menos entre los años 2003 y 2005, por los principales implicados» en el «caso Pretoria» –en el que están procesados dos ex altos cargos de la Generalitat en su día muy próximos a Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta– «para canalizar las ganancias obtenidas, al parecer ilícitamente, en las operaciones Payaresa y Niesma», por las que habrían obtenido unos beneficios, añade la Policía, superiores a los diez millones de euros (el juez Pablo Ruz cifró en 21 millones el montante de las comisiones que pudo cobrar esta red entre 1997 y 2008).

La UDEF explica al magistrado –quien había emplazado mañana al responsable de la investigación para que le pusiera al tanto de las pesquisas tras reclamarle dos veces sin éxito en los últimos cinco meses un avance de su informe–que sustenta sus conclusiones sobre esas presuntas operaciones delictivas en los archivos informáticos intervenidos en un disco duro externo hallado en el domicilio del benjamín de los Pujol en los registros del pasado octubre. Del mismo modo, hace referencia a los documentos intervenidos en formato digital en el servidor de la empresa Drago Capital.

«Del todo inconveniente»

Precisamente por la importancia de esos documentos, la UDEF se opone a la pretensión de Oleguer Pujol de que se le devuelva el material informático intervenido por los agentes. «Sería del todo inconveniente la devolución o facilitación de copia de cualquier tipo de documentación intervenida», ya sea en soporte papel o informático, dado que en ella «pudieran encontrarse indicios de actividad delictiva». De acceder el juez a la petición del imputado, alerta la unidad policial, se corre el peligro de que aquél ponga «sobre aviso a las partes investigadas», propiciando «una potencial destrucción de elementos probatorios» necesarios para apuntalar los indicios existentes.

Con la salvedad de esos archivos informáticos, los investigadores no ponen objeción a que se dé traslado a Oleguer Pujol del resto de documentos intervenidos, en soporte papel, para no obstaculizar su derecho de defensa y evitar futuros recursos de su letrado «que pudieran dilatar en exceso» el procedimiento. Y es que seis meses después de su detención, ni Pujol ni su ex socio en Drago Capital Luis Iglesias han declarado ante el juez en relación a los hechos investigados.