Rajoy oficializa aplicar el 155

La suspensión de la autonomía catalana ya está encima de la mesa, pero sin consenso. Cs la pidió formalmente en Moncloa para convocar elecciones autonómicas, y el presidente la estudia. El PSOE se pone de perfil ante la medida.

El artículo 155 de la Constitución ya está encima de la mesa pero sin acuerdo sobre su aplicación. Y, por ello, el bloque constitucionalista sigue a la espera para reaccionar frente a lo que pueda hacer a partir de ahora el independentismo bajo la presión añadida que impone la nueva estrategia del PSOE de marcar distancias con el Gobierno. Los socialistas se apuntan al discurso de exigir explicaciones a Mariano Rajoy por la actuación policial del domingo, y le exigen que dialogue de inmediato con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también con Podemos.

La reuniones que el presidente del Gobierno mantuvo ayer en Moncloa con Pedro Sánchez y Albert Rivera tenían como objetivo intentar arrastrarles en una respuesta unitaria frente a los próximos pasos que dé el soberanismo tras el 1-O, bajo la amenaza de una declaración unilateral de independencia. El domingo se visualizó el fracaso legal del referéndum, pero la jornada también dejó tocado al Gobierno porque la Generalitat consiguió su objetivo de enfrentar a los ciudadanos con la Policía y la Guardia Civil, exhibir músculo en la movilización y utilizar las imágenes de la actuación policial para agitar el mensaje de la supuesta «represión violenta» del Estado. El Estado tuvo fallos y la acción policial, con el coste social que implicó, no sirvió para evitar que hubiera urnas y votaciones.

Sobre esta base, el PSOE insistió ayer en el camino de abrir vías críticas con la acción del Gobierno, con el difícil equilibrio de seguir sosteniendo que apoya la aplicación del Estado de Derecho. Pero sin aclarar si apoyaría la aplicación del artículo 155 en el nuevo escenario incierto al que habrá que enfrentarse en los próximos días. Hasta ahora los partidos se habían pronunciado sobre la hipótesis de si habría que aplicar el artículo que habilita la suspensión de competencias autonómicas o de la autonomía, pero siempre con el subrayado de que no era lo deseable. Ayer, por primera vez, el líder de Cs pidió oficialmente a Rajoy que lo active ya para convocar elecciones porque en 72 horas habrá una declaración unilateral de independencia por parte del Parlament. Rivera instó a Rajoy a que se activen los mecanismos para que pueda aplicarse en cualquier momento ya que su desarrollo constitucional exige unos días, menos de una semana, para que concluya con el último trámite de su aprobación por el Senado. El artículo 155 de la Constitución puede aplicarse a la carta, es decir, que durante esta crisis el Gobierno podría haberlo utilizado de manera parcial por ejemplo para tomar el control de los Mossos. Pero llegados ya a este extremo, su utilización tendría sentido, en principio, para tomar el control de la Generalitat por un corto plazo de tiempo y convocar elecciones. Gobierno y Cs coinciden en que la situación en Cataluña ha llegado a un punto límite y no creen que hoy haya margen para la negociación con Puigdemont porque ya ha elegido el camino sin retorno. A la propuesta directa de Cs de activarlo ya, la respuesta de Rajoy fue que están estudiando las vías para frenar la declaración de independencia, y que el artículo 155 también está encima de la mesa.

Por contra, el PSOE, por su parte, optó en el día de ayer por subrayar su resistencia a hacer uso de la previsión constitucional que prevé actuar contra un Gobierno autonómico que incumpla sus obligaciones. Ayer, de hecho, planteó que se aplique la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) que faculta al Alto Tribunal a suspender cautelarmente a cargos públicos. Esta reforma, que ahora reivindica el PSOE, fue aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP, y los socialistas se opusieron. La reforma convertía al Constitucional en un órgano jurídico con capacidad para ejecutar medidas que garanticen el cumplimiento de sus sentencias. Pero la falta de apoyo político y la división dentro del propio TC forzaron la decisión del Ejecutivo de renunciar a esta vía, pese a que llegó a barajarla como respuesta a la aprobación del decreto de convocatoria del referéndum ilegal. Puigdemont ya anunció que no atendería esa inhabilitación por parte del TC.

Sánchez exige diálogo y apunta ahora al Constitucional

El PSOE le confirió un perfil bajo a su encuentro con Mariano Rajoy ayer en La Moncloa. Ningún cargo socialista compareció para dar cuenta del encuentro y desde Ferraz se limitaron a remitir una nota en la que reiteraban los principales mensajes que el líder socialista había explicitado la noche anterior, esto es, exigencia de diálogo y malestar y petición de responsabilidades por las cargas policiales el 1-O. La reunión se enmarcó en «la disposición del PSOE para contribuir a resolver la crisis institucional de Cataluña», por lo que el líder socialista reclamó al presidente del Gobierno que restablezca el contacto y abra una negociación «de forma inmediata» con Carles Puigdemont, pues el diálogo es «hoy más necesario que nunca». En este contexto, Sánchez también instó a Rajoy a abrir una ronda de conversaciones, sin exclusiones, con Unidos Podemos y el resto de fuerzas con representación parlamentaria –también las soberanistas– para abordar esta crisis.

Ni rastro de alusiones explícitas de apoyo al Gobierno ni a la aplicación del artículo 155 para suspender la autonomía en caso de que se produzca una declaración unilateral de independencia. En Ferraz consideran que la aplicación de este precepto de la Carta Magna no es una decisión «inteligente» y creen que existen «vías alternativas» como acudir al Tribunal Constitucional, que no implicarían «ahondar en el victimismo» de los soberanistas. En concreto, los socialistas se refieren al artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que, tras su reforma –a la que, por cierto se opuso el PSOE– prevé «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, de sus resoluciones, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». «Nadie tiene legitimidad para declarar la independencia y si lo hace, el PSOE estará en el restablecimiento de la legalidad», señaló el secretario de Política Federal, Patxi López.

Tras las cargas policiales en las calles de Cataluña, el PSOE ha tomado distancias respecto al Gobierno y ya no exhibe un respaldo cerrado a sus actuaciones, sino limitado a la defensa del Estado de Derecho. «El PSOE estaría mucho más cómodo si no se fuera al Parlament a declarar unilateralmente la independencia y si se hace, el PSOE estará cómodo en la defensa del Estado de Derecho», dijo el ex lendakari. Un Estado de Derecho que, considera, «no se ha defendido con inteligencia», pues con los instrumentos que otorga, «lejos de impedir el referéndum ilegal y desmovilizar, no lo evitó y logró movilizar a más gente». El secretario de Política Federal del PSOE calificó las cargas policiales en Cataluña de «absolutamente evitables», un rechazo que Sánchez también trasladó a Rajoy y que motivará que en las próximas horas el Grupo Parlamentario Socialista exija explicaciones y responsabilidades al Gobierno en un formato y con un contenido todavía por concretar, pero que probablemente se vehicule a través de una petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados, informa Ainhoa Martínez