Plan B: los alcaldes tomarán el control si inhabilitan al President

Puigdemont se reunirá con los regidores para ultimar la Asamblea de cargos electos.

La Generalitat ha conseguido lo que quería: el apoyo de las organizaciones independentistas a su proyecto de referéndum para el 1 de octubre. La Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) dieron ayer el pistoletazo de salida de la campaña por el sí, con discursos de verbo inflamado, levantando la bandera del victimismo, equiparando independentismo con democracia, y acusando al Estado de «persecución política».

Tras el pistoletazo de ayer, el soberanismo montará el epicentro de su campaña por el sí en base a «la movilización de la calle», programando centenares de actos por toda la geografía catalana. Sin embargo, no se limitará a la simple movilización. Quedan 111 días para la celebración del referéndum, que será ilegal, y en el que a pesar de que el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, dijera que «en el 1-O estaremos todos: los del sí y los del no», no parece que los contrarios a la independencia acudan a votar. Queda poco tiempo, y en estos 111 días, el soberanismo debe poner en marcha la vía jurídica, aprobando el reglamento del referéndum en el Parlament junto con la Ley de Transitoriedad lo que provocará una acción de la Fiscalía, y por ende de los Tribunales, y el Constitucional; y, sobre todo, la intendencia para la celebración del referéndum en la que los alcaldes y los funcionarios serán fundamentales.

El Gobierno catalán tiene la intención de formar a 4.000 agentes electorales para sustituir a los funcionarios, que no están dispuestos a sufrir consecuencias laborales y judiciales. El soberanismo argumenta ahora que para proteger a los funcionarios –Lluís Llach dijo que tendría consecuencias no seguir las órdenes del Gobierno catalán– formará a estos agentes electorales para sustituirlos. A pesar de esta argumentación, el problema radica en que los funcionarios pueden pedir las órdenes por escrito y esto afecta directamente a sus alcaldes. Por eso, la Asociación de Municipios por la Independencia va a incrementar su presión en favor del 1-O ante las reticencias de muchos alcaldes que temen ser sancionados lo que podría impedirles presentarse en las municipales de 2019. Estas reticencias son palpables en los alcaldes del PDeCAT, el último reducto de poder de la ex CDC, que temen consecuencias políticas, pero también personales, al hilo de la investigación del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía sobre los gastos del 9-N. En caso de prosperar, los cuatro imputados en el 9-N deberían asumir los gastos electorales con su patrimonio. Un ejemplo que frena a los funcionarios y a los alcaldes.

Los alcaldes son básicos para abrir colegios electorales y para garantizar que los materiales estén en su sitio en el momento de iniciarse las votaciones. Además, la AMI está preparando todo lo necesario para constituir la Asamblea de Cargos Electos –formada por alcaldes y concejales independentistas– para el caso que el Govern y el Parlament sean inhabilitados. Esta Asamblea sustituiría a las instituciones catalanas en caso de inhabilitación. Así lo dijo ayer la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, que gobierna su ciudad, Vilanova i la Geltrú, con 4 concejales –de un total de 25– tras el abandono del grupo de dos concejales de la extinta Unió Democràtica. Además de abrir los locales y garantizar el funcionamiento de la jornada, los alcaldes cobijan el tesoro más preciado: el censo.

Colau no se pronuncia

La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón (PSC), afirmó la semana pasada que los alcaldes socialistas no cederían ni censo ni locales. Esta medida afectaría a Lérida, Tarragona, y a una buena parte del Área Metropolitana de Barcelona. De momento, Ada Colau, la alcaldesa de la Ciudad Condal, no se ha pronunciado al respecto, pero de su posición dependerá en buena medida el éxito de la convocatoria, caso que llegue a celebrarse.

El soberanismo quiso sacar músculo en este primer acto de «movilización de la calle», pero sólo congregaron a 30.000 personas según la Guardia Urbana. No se puede decir que pinchó, pero sí que está perdiendo fuelle. Puertas afuera, la estrategia de movilización de la calle se generalizará hasta la celebración del referéndum, pero puertas adentro, los dirigentes soberanistas deberán convencer a sus propios alcaldes y a los funcionarios para garantizar unos mínimos democráticos.