Preocupa que excarcelar a Junqueras desmovilice a los constitucionalistas

El Gobierno evidenciará que la Generalitat funciona mejor tras el 155. El PP saldrá a la calle pese a la presión independentista

Génova diversifica su campaña en Cataluña. El partido catalán, con apoyo de dirigentes nacionales, estará en la calle. El clima de tensión independentista parece ir en contra de esta estrategia, pero justamente esto ha animado a la formación de Xavier García Albiol, después de valorar los riesgos, a optar «por no esconderse ni esquivar las posibles situaciones incómodas» que se puedan encontrar. Todo es táctica. Ellos harán campaña en la calle, y si hay problemas, la impresión, según explican, es que esto podría volverse contra el secesionismo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros optarán por un perfil más institucional y menos arriesgado, no obstante. Pero sí habrá una presencia importante de representantes de la cúpula popular y con Albert Rivera como rival directo, ya que es quien según las encuestas se está quedando teóricamente con los beneficios de la intervención en Cataluña. En el «núcleo duro» de Génova prevén que ésta va a ser una campaña muy conflictiva, pero dicen que no les asusta esa tensión e incluso que creen que pueden sacar partido de ella. Y de Cs se quejan abiertamente y les reprochan que en la negociación del artículo 155 hayan jugado con su propia baraja y sólo pensando en sus intereses de partido. Pero en público no tienen margen más que para el cierre de filas y esto les dificulta recortar distancias con la formación naranja.

En Moncloa siguen haciendo una valoración positiva de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Cada Consejo de Ministros hace balance de la situación, y la normalidad administrativa y política continúa siendo la regla general. También la calle «está bajo control», aseguran en el Gobierno pese al caos de la huelga general de la pasada semana. Aunque la impresión fue que los Mossos dejaron hacer, de manera no oficial fuentes del Gobierno advierten de que «la lección del 1-O se aprendió» y que en ningún caso van a cometer errores de aquí al día de las elecciones que permitan ser utilizados por «el independentismo para coger oxígeno en su campaña de manipulación de la realidad». El Gobierno no quiere que de aquí al 21-D haya imágenes de actuación policial que puedan ser presentadas ante la opinión pública internacional para sostener el mantra de que España es un Estado violento. «Hay que ser inteligentes y tener bien claro cuáles son las prioridades, dentro del respeto a la ley».

Por debajo del discurso oficial, que se sostiene en el principio del respeto a las decisiones judiciales, subyace una preocupación que afecta sobre todo al Ejecutivo, pero también al PSOE, ya que al final el pacto constitucionalista de aplicación del artículo 155 se traslada al imaginario popular como si fuera un todo que va más allá de la estricta ejecución de la intervención de la Generalitat para convocar elecciones. Uno de los principales temores es que una decisión judicial de excarcelar a los miembros del ex Govern pueda llegar en mitad de la campaña electoral. De producirse, los estrategas electorales creen que lo mejor es que se materialice cuanto antes, porque si irrumpe en la campaña puede castigar al voto constitucionalista y no tener ya ningún efecto en la movilización soberanista. Y cualquier elemento desestabilizador en una partida tan apretada puede desequilibrar por completo la balanza. «Las lecturas que hace la calle son muy simples. Y aquí se ha instalado la sensación de que el Gobierno da a un botón y decide lo que tienen qué hacer los jueces, aunque no es así. Si hay una excarcelación en plena campaña, el votante constitucionalista no lo entendería», sentencian en medios políticos.

El PP se presentará a las elecciones con guiños a la alianza constitucionalista tras el 21-D, pero sin anticipar acuerdos previos. En los cálculos se ve muy difícil que haya una mayoría constitucionalista, pero también se tiene en cuenta que la mayoría independentista está en el aire. La clave puede estar en los de Ada Colau, en alianza con Pablo Iglesias, pero tanto en el PP como en el PSOE asumen que de confirmarse en las urnas que son el árbitro, decantarían el juego del lado de ERC. «Aunque esto pasaría una factura muy alta a Podemos a nivel nacional si dan la Generalitat a los de Esquerra», sentencian.

Ante este escenario tan volátil, y en el que cada semana hay decisiones que hacen saltar el tablero, Rajoy está centrado en que la Generalitat dé signos de que funciona con normalidad, incluso «de que hay cosas que pueden funcionar mejor que bajo la tutela independentista». Por eso en las próximas semanas la aplicación del artículo 155 se traducirá en alguna decisión en Consejo de Ministros con este objetivo. Moncloa da por desactivado, en cualquier caso, el «procés». Sin líderes y sin proyecto. «Los hechos han puesto en evidencia sus mentiras. Y que una mayoría no te da derecho a hacer lo que te dé la gana. La irresponsabilidad de presentar un programa electoral no se cubre con una mayoría absoluta. Ésa es la esencia de la democracia», argumentan en la dirección popular.