Presión judicial de los soberanistas ante el juicio a Mas por el 9-N

A medida que se avecina la histórica fecha en que Artur Mas se sentará en el banquillo de los acusados por haber sido el «principal responsable» de la consulta que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, pese a estar prohibida por el Tribunal Constitucional desde cinco días antes, aumenta la presión de los grupos independentistas, con incitación a acudir a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el claro interés de «influir» en los tres jueces que deben dictaminar y sentenciar esta causa. «Si desde determinados ámbitos políticos se excita a los ciudadanos a acudir, gritar» ante la sede judicial, «parece claro que lo que no se quiere es que –los magistrados del tribunal– hagan bien su trabajo, como sucedería con cualquier otro», según señaló a LA RAZÓN el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. Una opinión coincidente se mantiene desde el Foro Judicial Independiente, donde su presidenta, Concepción Rodríguez González de Real, tampoco tiene dudas de que ese llamamiento a acudir de forma masiva ante el TSJ catalán es un claro intento de «presión externa» a los jueces, algo que, añadió, «no debería existir». En todo caso, las dos asociaciones judiciales coincidieron en que el tribunal actuará «como siempre hacen todos los jueces», desde la más plena independencia y con sujeción exclusiva al Derecho. Desde Jueces para la Democracia se ha optado por no realizar comentario alguno sobre este proceso, según señalaron fuentes de la asociación.

Hasta el momento, según se ha informado desde asociaciones independentistas, ya se han inscritos casi 16.000 ciudadanos para acudir el próximo lunes ante el TSJ catalán, para arropar a Artur Mas y las otras dos procesadas, las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Mas se enfrenta a diez años de inhabilitación para cargo público, mientras que para Ortega y Rigau la Fiscalía solicita un año menos, es decir, nueve.

Será la segunda ocasión en que Mas acuda a la sede judicial, aunque esta vez para ser juzgado por los delitos de prevaricación y desobediencia. La primera fue el 15 de octubre de 2015, cuando declaró como imputado. En aquella ocasión estuvo arropado por 400 cargos públicos, ahora lo estará por muchos más.

En su declaración como investigado, asumió la responsabilidad de la consulta del 9-N: «Soy el máximo responsable político» de la consulta soberanista que se celebró el pasado 9-N, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, y «no hace falta que busquen más. El responsable soy yo». En ese acto, sólo respondió a las preguntas que le formuló el entonces instructor de la causa, Joan Manuel Abril, ahora, en cambio, lo hará a preguntas de su defensa. La duda está en si responderá a la Fiscalía, porque parece que no lo hará a la representación de la acción popular. De esa forma, en aquella declaración, Artur Mas, cargaba con las consecuencias que se pudiesen derivar de esa actuación, aunque también dejó claro que, en su opinión, tal acto no merece ningún reproche penal, ya que lo único que se hizo fue «dar voz al pueblo» al celebrar la consulta. Como presidente de la Generalitat, añadió, tenía que garantizar que la consulta se celebrara con normalidad y que no se registraran incidentes, lo que, dijo, se logró.

Artur Mas será el primero en declarar el próximo lunes; a continuación lo harán Joana Ortega e Irene Rigau. Homs declarará como testigo el día 8, al igual que, entre otros el ex vicepresidente del TC Carles Viver.

Mas no descarta ser candidato

El líder del PDeCat, Artur Mas, aseguró ayer que no descarta volver a ser candidato a la Generalitat cuando se declare «el Estado catalán», ya que entonces no le afectaría la eventual inhabilitación a la que puede ser condenado en el juicio por el 9-N, que comienza la semana que viene. En una entrevista con Carlos Alsina en el programa «Más de uno de Onda Cero», el propio Mas señaló que si se le acaba condenando, estaría inhabilitado para concurrir a unas elecciones en España, pero esto no le afectaría bajo un «ordenamiento jurídico catalán».