Puigdemont firmará el 1-O en un consejo exprés en el Parlament

Hará en la Cámara un consejo de gobierno para rubricar el Decreto de Convocatoria.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quiere firmar el decreto de convocatoria de la consulta del 1-O justo después de su aprobación en el Parlament. Según las fuentes consultadas, el presidente catalán convocará reunión del Consell de Govern en el propio Parlament y, acto seguido, firmará el decreto de convocatoria, junto a todos los consellers. Después, el decreto sería enviado al DOGC y podría publicarse el mismo miércoles en una edición del boletín oficial de la Generalitat.

Esta es la posible resolución de la primera de las incógnitas de «esta semana es decisiva», según los nacionalistas o de «una semana decisiva más, la enésima», para los constitucionalistas. Una semana que a todas luces es diferente, porque el soberanismo de la calle y el de los despachos se han conjurado para desobedecer al Estado y forzar el final de la partida de tensión que ha protagonizado «el procès». De hecho, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, dejó claro ayer que el Govern «en pleno» firmará el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y que será un honor para él participar. «El texto de la ley que se presentó prevé que el Govern tiene que hacer la convocatoria mediante un decreto. Será el Govern en pleno», dijo. Y fue más allá en ese órdago al apuntar, por un lado, que esta semana «habrá novedades» y, por otro, que está «muy tranquilo» porque «no hay ningún artículo del código penal que diga que poner urnas es delito».

No será un punto, y final, porque el soberanismo no cejará en su empeño, pero sí un punto y seguido. Los soberanistas saben que el camino que iniciaron hace cinco años está agotado, pero apretarán el acelerador porque ninguna de las fuerzas que lo componen quiere poner el freno, so pena de ser señalado como el gran traidor. En estos días, previos al 11-S, alzarán la bandera de la desobediencia preparados para convertirse en víctimas de «la falta de democracia de España». ¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe, pero estas son las variables que están en juego. Lo que está claro es qué quién se equivoque, palmará. Por eso, nadie enseña sus cartas y a 24 horas del pleno, todo es posible.

1.- Día 6. Junts pel Sí y la CUP introducen la Ley del Referéndum en el debate. Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, convoca una reunión urgente de la Mesa de la Cámara y aprueba el nuevo orden del día. La oposición se retira y la mayoría independentista aprueba la ley «que legaliza el 1-O», según ellos y, acto seguido, Carles Puigdemont firma el Decreto de Convocatoria junto con todos los miembros de su Gobierno y se publica en el DOGC.

2.- Día 6 o 7. El Gobierno recurre al Constitucional. El Alto Tribunal inicia un proceso de inhabilitación de Forcadell y, en su caso, del propio Puigdemont por firmar el decreto. Con Forcadell ya llueve sobre mojado, porque la ley será aprobada por el procedimiento exprés, sin debate, anulado por el Constitucional y negado por el Consejo de Garantías Estatutarias, su referente en Cataluña.

3.- Día 7. El Parlament desafía y desobedece abiertamente al Constitucional y aprueba por el mismo procedimiento la Ley de Desconexión, que supuestamente hace legal la secesión. Esta ley se someterá al Parlament por la presión de ERC y la CUP, y sólo entrará en vigor si gana el sí, un recurso de lenguaje porque en el referéndum solo participarán los partidarios de la independencia. De hecho, ayer el conseller de Empresa, Santi Vila, criticó que se apruebe antes del referéndum.

4.- El Gobierno volverá a recurrir y el Constitucional actuará. La incógnita está en saber sobre quién lo hará. Cualquier cargo de la Generalitat de Cataluña puede ser objeto de inhabilitación, así como los diputados.

5.- ERC ha evitado que la vía escogida para aprobar estas leyes sea el decreto ley, en lugar del debate parlamentario, para preservar de la inhabilitación a su líder, Oriol Junqueras. Tampoco la CUP era partidaria de este sistema. Con la vía del debate, Junqueras puede salir blindado, aunque es el encargado de organizar el referéndum.

6.- El Gobierno todavía no ha dicho como impedirá la colocación de urnas y que medidas activará. Podría ampararse en la Ley de Seguridad, por ejemplo, que llevaría al control de mando de los Mossos d’Esquadra, o en el artículo 155 de la Constitución para evitar que el 1-O se saquen las urnas. Los independentistas quieren sacarlas desobedeciendo al Gobierno y movilizando a sus fuerzas. El primero de estos actos será el 11 de septiembre, pero la idea de los independentistas es una movilización constante hasta, como mínimo, el 1 de octubre con un modelo similar al 15-M, ocupando las plazas de la mayoría de ciudades catalanas.

7.- El Gobierno quiere actuar contra las personas y no contra las instituciones. La Mesa del Parlament puede llegar a ser inhabilitada. En caso de que la desobediencia sea insuficiente, en el soberanismo se piensa en la sustitución de los miembros de la Mesa por otros diputados. Incluso, sobre la mesa, se debate si elegir un nuevo president si Puigdemont queda tocado.

8.- Si la acción del Gobierno se centra en Puigdemont, el Ejecutivo catalán, y los diputados de Junts pel Sí y la CUP, el independentismo activará, además de la movilización, la Asamblea de Electos. Este organismo se organizará a partir de la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI), que impulsará la decisión si el Parlament y el president quedan inhabilitados. Esta Asamblea de Electos fue impulsada en 2015 por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y estará formada por alcaldes, concejales y direcciones de los partidos políticos, independentistas claro.

9.- El día 15 empezará la campaña a favor de la independencia. Están programados centenares de actos a lo largo de la geografía catalana. En caso de movilización popular, estos actos ya convocados canalizarán la movilización de las fuerzas independentistas.

10.- La movilización en la calle puede llevar aparejados desórdenes públicos. Las entidades independentistas quieren cargar sobre el estado las «actuaciones de fuerza», con el objetivo de presentarse ante la opinión pública europea como los grandes represaliados.