Rajoy alarga la aplicación del 155

Siguen las conversaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los líderes del PSOE y de Ciudadanos (Cs), Pedro Sánchez, y Albert Rivera, una vez que hoy vence el último plazo dado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que rectifique y explique si declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico.

Sin previsión de que hubiera cambios en el independentismo, esta semana se hablaba de que hoy mismo podría haber un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el desarrollo del artículo 155 de la Constitución. Habrá respuesta política, previsiblemente de Mariano Rajoy, pero ayer, sin embargo, en Moncloa alargaban el plazo para celebrar ese Consejo de Ministros hasta el sábado.

Oficialmente estas horas añadidas a la ejecución de la intervención son para terminar de pactar con el PSOE y con Ciudadanos todas las medidas dirigidas a restablecer la legalidad y «el autogobierno en Cataluña». Pero es una decisión que, inevitablemente, enlaza con la apuesta de Mariano Rajoy por alargar todo lo posible la salida traumática que implica actuar por primera vez de la mano de esta prerrogativa constitucional, el artículo 155, en el Estado autonómico que surgió con la Constitución del 78.

Rajoy prefiere que las elecciones las convoquen en Cataluña, que sean consecuencia del bloqueo político y de la presión de la CUP, antes que verse obligado a convocarlas él. Y ayer mismo Ejecutivo y PSOE coincidieron en asegurar que el 155 se frenaría si Puigdemont disolviera la legislatura y anunciara unos comicios. Incluso en el caso de que los vistiera como elecciones constituyentes la intervención podría paralizarse, porque se recurriría al Tribunal Constitucional (TC) una declaración de independencia y los comicios se celebrarían de acuerdo a la ley electoral, sostienen en las fuerzas constitucionalistas. Desde la Generalitat, sin embargo, apuntan a la declaración unilateral de independencia como respuesta al artículo 155, pero descartan las elecciones. Al menos, «de momento».

El Gobierno trabaja con PSOE y Ciudadanos con el objetivo de que el mecanismo excepcional del 155 sirva para disolver el Gobierno catalán con una intervención «mínima» en la autonomía y para que se celebren elecciones como muy tarde en enero. Si hay que ir por ese camino, no tiene sentido, sostienen en Moncloa, «prolongar demasiado una situación de interinidad que nos desgasta a todos y que es difícil de explicar a los catalanes».

La Hacienda de la Generalitat ya está prácticamente intervenida, y la prioridad sería tomar el control de los Mossos d’Esquadra y de la seguridad. El pasado martes Rajoy se reunió con Sánchez en Moncloa y ayer hizo lo mismo con Rivera.

En el Gobierno preocupa que la Generalitat intente utilizar el desarrollo del artículo 155 en su beneficio, «para borrar la traición a los suyos en el manejo de la declaración unilateral de independencia, el “sí” pero “no” del Parlament», y para agitar de nuevo la calle con la propaganda victimista. La intervención es un camino sembrado de riesgos, para la Generalitat y también para el Gobierno, que ha intentado siempre reducir al mínimo el coste del conflicto. Por eso el mensaje oficial afirma que el objetivo no es anular el autogobierno, sino protegerlo dentro del marco estatutario, y para que esta idea pueda llegar al menos a una parte de los catalanes es necesario que las decisiones que afecten a la autonomía sean lo menos invasivas.

El presidente del Gobierno ha escuchado muchas opiniones en las últimas semanas y sabe que hay actuaciones que los catalanes no aprueban, no sólo los independentistas. Por eso hasta que no le ha quedado más remedio ha evitado la salida de la intervención: es consciente de que es un camino lleno de obstáculos, en el que no caben errores, y en el que sólo hay una oportunidad de acierto. «Queda un dardo, no más», describen, metafóricamente, en Moncloa.

El precepto constitucional estará esta mañana prácticamente listo para que su desarrollo sea aprobado por el Senado. Ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estaba en Bruselas, y Rajoy también tiene previsto viajar esta misma tarde a la capital europea para participar en la cumbre comunitaria. El Gobierno está trabajando el frente internacional para conseguir que se entiendan bien las consecuencias de la aplicación del artículo 155 en un contexto en el que mantienen, cierto es, el apoyo de sus principales socios y de Bruselas contra una declaración unilateral de independencia.

Dado que el Senado aprobaría a finales de la próxima semana la intervención en Cataluña, Puigdemont tiene tiempo hasta entonces para convocar unas elecciones y evitar así el terremoto y los daños colaterales de las medidas dirigidas a sustituir al Gobierno catalán y sustraerle a él la competencia exclusiva en disolver la legislatura autonómica. La intervención de las cuentas catalanas ya está plenamente activa con las decisiones adoptadas por el Ministerio de Hacienda para controlar los Presupuestos. Pero el artículo 155 implicaría el relevo de Oriol Junqueras como responsable político de las finanzas catalanas y aumentaría aún más los controles sobre las mismas.

La intervención de las cuentas catalanas que puso en marcha en septiembre el Ministerio de Hacienda, con la necesidad de autorización de todos los pagos y el acuerdo de no disponibilidad de gasto, se prolongará hasta que la legalidad constitucional sea restituida en esta comunidad autónoma. Y seguirá así aun en el caso de que Puigdemont convoque unas elecciones autonómicas, aunque las llame elecciones constituyentes. Sería el Ministerio de Hacienda quien controlaría todo el presupuesto electoral y decidiría la autorización de los pagos y, en consecuencia, de todos los gastos electorales.

Por cierto, en lo que afecta al trámite en el Senado, se ha estudiado la posibilidad de crear una comisión «ad hoc», con representantes de todas aquellas comisiones que afectan a las competencias que puede perder la Generalitat, para aprobar las medidas del artículo 155. La opción de la Comisión General de Comunidades Autónomas obligaría a pedir un informe a todas las comunidades, incluido el País Vasco, «y podría ser más problemática».