Puigdemont no asume el cese y prepara la desobediencia

Desacredita la legalidad de las medidas del Gobierno y entierra el diálogo. Forcadell anuncia que el Parlament no las acatará: «No lo permitiremos».

El independentismo subió ayer otro peldaño en el camino de desobediencia diseñado para proclamar la República de Cataluña. A las 21.00 horas de la noche, Carles Puigdemont compareció en el Palau de la Generalitat para romper las cuerdas del artículo 155 de la Constitución y dejar claro que no piensa acatar el cese de su cargo. «Soy consciente de la amenaza que pesa sobre todo el pueblo de Cataluña si el Estado perpetra su propósito liquidador. Nos hemos de conjurar para volver a defender nuestras instituciones como hemos hecho siempre, de manera pacífica y civilizada, pero cargados de dignidad y de razones», anunció.

Para revolverse, el presidente de la Generalitat piensa acudir al Parlament y alzarse desde la Cámara catalana contra la intervención del autogobierno. «Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria donde los representantes de la soberanía ciudadana, los elegidos por los votos de los ciudadanos, debatimos y decidimos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, y actuemos en consecuencia», explicó sin detallar el alcance de su advertencia.

Uno de los argumentos que empleará para azuzar la rebelión catalana contra el 155 es que, a su entender, el Gobierno lo está aplicando de forma ilegal. «Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque. La humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el Gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho», dijo.

Antes, de hecho, no dudó en asemejar al Gobierno con el franquismo, una especialidad del soberanismo. «El Gobierno, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitad de Cataluña», consideró. Y no quiso ahorrarse un recado para el Rey: «No es la primera vez que, también con el concurso del Rey, las instituciones catalanas reciben una vez por parte del Estado español para rebajarlas, reorientarlas o directamente suprimirlas». De esta manera desparecieron las oblicuas apelaciones al diálogo que suelen acompañar a la mayoría de discursos soberanistas.

Puigdemont y a su Govern se preparan, por tanto, para resistir en el cargo, pero también deberán resistirse a sí mismos, ya que el presidente de la Generalitat tiene enfrente el reto de siempre:el de intentar que las presiones que recibe de los diferentes sectores independentistas no se descontrolen. Continúa teniendo a su alcance la opción de tirar de la anilla del paracaídas y convocar elecciones al Parlament, pero se niega a hacerlo para no defraudar a «aquellos que se partieron las caras para defender las urnas», según el relato épico que domina el discurso de los independentistas.

Rebelión en el Parlament

Mientras ese día no llega, el Govern contará, como siempre, con el apoyo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que también se dispone a resistirse a la aplicación del artículo 155. Forcadell fue quien abrió las acusaciones a nivel institucional y quien echó en cara al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que haya traspasado «todos los límites» con el anuncio de un «golpe de Estado de facto» al aprobar unas medidas al amparo del 155 con las que «caen en la más flagrante inconstitucionalidad»». «No lo permitiremos», aseguró.

Según Forcadell, con las medidas acordadas Rajoy quiere que el Parlament «deje de ser un parlamento democrático» impidiendo debates de investidura o sus funciones de control. En este contexto, quiso transmitir un mensaje «de firmeza y de esperanza» a los catalanes: «Nos comprometemos hoy ante el ataque más grave a las instituciones catalanas a defender la soberanía del Parlament, sus atribuciones y los derechos de los diputados a ejercer sus funciones y a defender la democracia con firmeza», porque los conflictos políticos «se resuelven políticamente».