Puigdemont se resiste a volver a España para no terminar como Otegi

Fuentes próximas al ex president dan por segura una larga estancia en prisión que le condenaría a la «irrelevancia política».

Carles Puigdemont se juega todo a una carta. El líder de Junts Per Catalunya no tiene intención de regresar a España para ser investido presidente de la Generalitat y, según fuentes de su entorno consultadas por LA RAZÓN, está decidido a apurar las opciones para repetir en el cargo a través de una investidura telemática. «No van a volver», aseguran de forma rotunda esas mismas fuentes respecto a la posibilidad de que Puigdemont y los otros cuatro ex consellers refugiados en Bélgica –Antonio Comin, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí–, todos ellos parlamentarios electos, retornen para tomar posesión de sus actas de diputados y asistir a la sesión de investidura. «La baza es la investidura telemática», reiteran. Más probable resulta, sin embargo, que alguno de los ex consellers en busca y captura renuncie a su escaño para garantizar la mayoría soberanista necesaria en las votaciones decisivas del Parlament. «Es una decisión política que está sobre la mesa», admiten.

El ex president y sus antiguos consejeros han analizado junto a su equipo de abogados los posibles escenarios que se abren en caso de volver a España y «el único que se valora es el ingreso en prisión durante todo el periodo de preventiva» (dos años prorrogables, llegado el caso, otros dos más). Y es que Puigdemont y el resto de parlamentarios electos huidos desde el pasado 2 de noviembre no dan crédito a la hipótesis de que la «macrocausa» contra los principales responsables del «procés» se vaya a instruir en el Tribunal Supremo en un tiempo récord, lo que permitiría celebrar el juicio a finales de 2018. Muy al contrario, están convencidos de que se trata de un anzuelo para hacerles volver y someterse a la jurisdicción española. «La estrategia es la misma que se utilizó con Otegi: desgastarlo en prisión hasta que nadie se acuerde de él y se convierta en un personaje políticamente irrelevante tras cumplir su condena», aventuran.

Además de tomar declaración a los nuevos imputados, recuerdan, el juez Pablo Llarena deberá dictar un auto de transformación de las diligencias en sumario ordinario y, cuando concluya la instrucción, el de procesamiento, cada uno de ellos recurribles en reforma, ante el propio magistrado, y en apelación, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unos trámites que hacen «materialmente imposible» que el juicio se celebre el próximo año.

«Todo es dinero privado»

Las defensas de los ex miembros del Govern –que rechazan que jurídicamente se pueda sostener la acusación de rebelión o sedición– van a dar la batalla procesal en intentar demostrar que no se gastó dinero público en el proceso independentista, lo que echaría por tierra la imputación de malversación de caudales públicos, castigado con penas de prisión de tres a ocho años y hasta diez de inhabilitación absoluta. Un delito del que no fue acusado Artur Mas por el 9-N y que ahora confían tampoco siente finalmente en el banquillo a Puigdemont y sus ex consellers. Para acreditar esa inexistencia de dispendio a costa de las arcas públicas, las defensas de los investigados piensan solicitar al instructor que reclamen un informe al Tribunal de Cuentas sobre los gastos del referéndum, una diligencia que retrasaría aún más el final de la instrucción. «No hay ni rastro de que se haya gastado dinero público», afirman.

La Guardia Civil cifra en medio millón el coste de la consulta del 1-O que se cargó a los presupuestos de la Generalitat, destinado a la promoción publicitaria de la consulta y a la campaña sobre el voto en el extranjero. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso al ex Govern una fianza civil de 6,2 millones de euros para hacer frente a los costes del referéndum (teniendo en cuenta las partidas que preveían gastos para su organización y celebración), pero Llarena rechazó la medida al no existir por el momento «base probatoria» de que se gastara ese dinero en el 1-O. Las defensas de Puigdemont y sus ex consellers están convencidos de que demostrarán «de dónde salió el dinero y más de uno se va a llevar una sorpresa, porque todo es dinero privado».

El pasado 5 de diciembre, el juez Llarena retiró la euroorden contra Puigdemont y los cuatro ex consellers en Bélgica ante el temor de que Bruselas aprobase una entrega descafeinada por delitos menores, pero la orden de prisión contra ellos sigue vigente en España, por lo que si regresan serán inmediatamente detenidos.

Una reforma exprés avalada por el TC

La estrategia soberanista de recurrir a la investidura telemática de Puigdemont obligaría a una reforma exprés del Reglamento del Parlament como la que el pasado julio dio vía libre a la posterior aprobación, en septiembre, de las leyes de desconexión y de la Ley de Referéndum. La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) esa reforma apresurada del artículo 135,2 del Reglamento, que se suspendió de forma cautelar, al entender que restringía las facultades de participación de los grupos minoritarios en el proceso legislativo.

Pero el pasado 29 de noviembre el TC declaró por unanimidad la constitucionalidad del polémico artículo siempre y cuando no cercenase la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos discrepantes. Avalaba por tanto la reforma aunque emplazaba al Parlament a regular la fase de enmiendas en la tramitación de las proposiciones de ley por el procedimiento de lectura única.

Con ese precedente, la nueva Mesa del Parlament podría tramitar la reforma exprés del Reglament para permitir la investidura telemática del president, ya que en su redacción actual el texto exige la presencia del candidato en la Cámara.