Puigdemont tiene dos meses para volver si aspira a ser president

La investidura requiere su presencia y la fecha límite para la primera sesión es el 5 de febrero.

«Qué paradoja sería que tras el debate de investidura, yo saliera del Parlament esposado», decía ayer Carles Puigdemont desde un hotel del norte de Bruselas, lejos del barrio donde se encuentran las principales instituciones de la UE. Puigdemont demostró así que ha comenzado a hacer sus cábalas respecto a su regreso a Barcelona, una decisión que no ha tomado, ya que, hasta ahora, sólo ha dado mensajes contradictorios.

«Ser presidente requiere que vaya al debate de investidura. Si el pueblo de Cataluña vota mayoritariamente para que sea presidente –y hay una mayoría en el Parlament que quiere que sea presidente– lo normal es que yo fuera a la sesión de investidura. Yo quiero ir, pero seguramente no podré ir», dijo hace días Puigdemont. Luego, corrigió el tiro y se mostró dispuesto a acudir en persona a la sesión de investidura. Lo que sí puede hacer sin desplazarse es tomar posesión de su acta de diputado a través de un miembro autorizado de su candidatura electoral.

En cualquier caso, los plazos para cumplir con su ambición de volver a ser investido president están pautados y exigen su presencia. A más tardar, el Parlament debería constituirse el 23 de enero y, desde entonces, el pleno de la primera sesión de investidura debería celebrarse el 5 de febrero como fecha límite. Estos plazos pueden avanzarse a discreción del Gobierno –en virtud de la vigencia del artículo 155– pero no pueden retrasarse.

Así que Puigdemont –y sus estrategas– tienen un tiempo límite para decidir su suerte. La cuenta atrás para regresar a Barcelona está en marcha, si es que quiere ser president. Su aterrizaje en España implicaría, claro, su arresto y, quizás, su encarcelamiento. Pero podría pedir permiso para acudir al Parlament al estilo de Juan Carlos Yoldi, el electo de Herri Batasuna que se presentó como candidato a lendakari en 1987.

Sin euroorden

No hay nada decidido. 30 días han pasado ya desde que Puigdemont, y los cuatro ex consejeros se entregaran en una comisaría de Bruselas, tras la llegada de la euroorden de detención a la capital belga, emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Apenas un mes después, y al día siguiente de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejara sin efecto las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra los políticos independentistas, Puigdemont encuentra una explicación clara a este nuevo giro procesal: «Al Estado español le ha entrado miedo a hacer el ridículo, tienen miedo a perder».

Así de contundente se mostró ayer en su segunda comparecencia ante la prensa desde que huyera a Bruselas el pasado 30 de octubre. Según el ex president de Cataluña, la decisión del juez de retirar la euroorden responde a que «no tienen bases sólidas». Los tribunales belgas dejarán de estar implicados en la persecución de los delitos que se atribuyen a Puigdemont y a los ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, pero ello no significa el regreso de los independentistas a casa. De hecho, no lo tienen nada claro.

Puigdemont aseguró que «ya tenía intención de volver cuando llegó a Bélgica», pero se lo tiene que «pensar». Ahora, con las elecciones del 21-D a la vuelta de la esquina, queda la incógnita de si el ex president cumplirá sus deseos. No lo hará al margen de las decisiones de la Justicia española. Dicho de otro modo: Puigdemont y los ex consellers no regresarán mientras España no les dé las «garantías» , aunque no precisó cuáles. «Sería una contradicción que los ciudadanos me eligieran diputado y president y que la democracia española no lo permitiera, dijo, sin despejar la duda de si regresará a España.