El fiscal pide entregar a Puigdemont

Solicita que se juzgue al ex president por rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El juez aplaza la toma de declaración hasta el 4 de diciembre y después tendrá diez días para decidir.

La extradición a España de Carles Puigdemont se demora. La Fiscalía de Bruselas pidió este viernes al juez belga la ejecución de las euroórdenes emitidas por España contra el ex presidente catalán y cuatro de sus ex consejeros, según informó uno de sus abogados, Christophe Marchand al finalizar la vista. A pesar de que la Fiscalía belga se mostró de acuerdo con la petición de la juez Lamela de que el ex dirigente catalán sea juzgado en España, los acusados tienen hasta 4 de diciembre para presentar sus alegaciones a la demanda de entrega. Son cuatro los delitos por lo que la Fiscalía pide su extradición: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Todos los que se les atribuye en España, salvo para el caso de prevaricación, delito por el que considera que Puigdemont y los ex consejeros no deben ser investigados, según explicó Marchand al finalizar la vista en una breve comparecencia ante los medios, acompañado del también abogado Paul Bekaert, conocido letrado por defender a presos de ETA. Las conductas delictivas atribuidas a los ex mandatarios españoles se enmarcan en dos delitos que existen en el Código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación por funcionarios. El primero concierne a funcionarios y autoridades en las que de concierto deciden no acatar una ley. Rebelión y sedición encajarían en este delito y probablemente también lo haría el de desobediencia, según apuntaron fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, aunque la Fiscalía no lo ha aclarado. Tras finalizar la vista, prefirió guardar silencio y se escudó a través de un comunicado: «La ley prevé que la audiencia de la Cámara del Consejo tenga lugar a puerta cerrada».

El ex presidente de la Generalitat y los ex consejeros –Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret– comparecían por primera vez desde su entrega en Bruselas el pasado 5 de noviembre. Tendrán que volver de nuevo el 4 de diciembre para presentar sus alegaciones, coincidiendo casi con el inicio de la campaña – un día antes– para las elecciones del 21-D en Cataluña. Hasta entonces, se intercambiarán argumentos entre las partes. A partir de esa fecha, el juez tiene un máximo de 10 días para pronunciarse sobre la ejecución de la euroorden que reclama la Audiencia Nacional, aunque las mismas fuentes jurídicas comentaron a LA RAZÓN que, previsiblemente, no agotará el plazo. Las manijas del reloj van corriendo y el plazo máximo de entrega de Puigdemont y sus exconsejeros se puede prorrogar hasta un máximo de 90 días desde su detención, entre retrasos, recursos y problemas durante el proceso. En el caso de que el juez de primera instancia decida la extradición, los acusados podrán recurrir ante la Corte de Casación.

El presidente cesado y sus ex consejeros que le acompañan en la capital belga acudieron este viernes al Palacio de Justicia de Bruselas para declarar ante la Chambre du Conseil (Cámara del Consejo), un tribunal de primera instancia. Lo hacían de forma discreta, en torno a las 13:30 horas y sin ser grabados por las cámaras o abordados por gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio de este tribunal. La audiencia se celebró a las 14:00 hora local en neerlandés, a puerta cerrada, y duró poco más de una hora, en la que los afectados no tomaron la palabra, pero sí su defensa. El caso volvió a generar una gran expectación mediática y medios de comunicación, no solo españoles, acudieron a la cita.

Tras las declaraciones de la defensa, la prensa se dirigió a la Fiscalía para conocer su versión y dudas que quedaban sin aclarar. Pero el Ministerio Público decidió no dar más detalles al respecto ni tampoco se pronunció sobre las declaraciones de la defensa. «No vamos a comentar nuestra posición, ni lo que han dicho los abogados. La ley prevé un procedimiento a puerta cerrada, y no vamos a entrar en ello», dijo una portavoz. En el comunicado anunciado en rueda de prensa, la portavoz insistió en que «para no hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente, la fiscalía no dará ninguna explicación, ni comentario, sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia».

La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsellers Comín (Salud), Ponsatí (Enseñanza), Puig (Cultura) y Serret (Agricultura). Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre. Los cinco acusados por el desafío secesionista concentran sus esfuerzos en la defensa, basada en que en España no se sometería a un «juicio justo».