Rajoy aprobará un paquete de infraestructuras para Cataluña

Quiere transmitir a la sociedad catalana que frente al independentismo el Gobierno se ocupa de su «día a día».

El Gobierno prepara un «contundente» gesto de compromiso con Cataluña. Tanta es la importancia que conceden a este acto que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, será el encargado de hacer de maestro de ceremonias y de presentar su decisión a la sociedad catalana la semana que viene, a finales de marzo. Las medidas que prepara el Ejecutivo para anunciarlas en este acto son básicamente en materia de infraestructuras, y ahí entra «el Corredor Mediterráneo, pero no sólo», advierten fuentes gubernamentales. Coincidirán, además, con el momento en el que el Ejecutivo prevé presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2017, ya que Rajoy ha querido que estas cuentas incluyan compromisos concretos con Cataluña y relacionados «con los problemas del día a día» de los catalanes, apuntan desde el Ejecutivo. Es decir, que el choque con la Generalitat y con el proyecto independentista «no perjudique a los catalanes».

En el Ejecutivo otorgan mucha relevancia a este acto con empresarios en Barcelona por lo que «va a representar de apuesta por reforzar el trabajo conjunto y la colaboración entre Cataluña y el resto del Estado» en un momento en el que desde el bloque independentista están intentando acelerar el proceso de desconexión, aunque tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras sean conscientes de que ni van a poder celebrar el referéndum ni tampoco aprobar las leyes que ponen en marcha el proceso de ruptura con España.

La entrevista secreta de enero entre Rajoy y Puigdemont confirmó la negativa de este último a ceder en la exigencia de la consulta ilegal, y que ésta era la única cuestión en la que quería centrar el diálogo con Madrid, aunque en otros niveles la negociación institucional siga abierta. Tampoco fructificó la reunión que celebraron en Barcelona la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aunque desde medios gubernamentales se insista en subrayar una imagen más dialogante y pragmática del dirigente republicano. La relación entre la Generalitat y Madrid ha estado condicionada en los últimos meses, asimismo, por la decisión independentista de no participar en los foros multilaterales de negociación, como la Conferencia de Presidentes o la negociación del nuevo modelo de financiación. Pero Rajoy ha apostado por no entrar en ese cuerpo a cuerpo y mantener su estrategia de reforzar la presencia institucional y «el diálogo de su Gobierno con los catalanes, con la sociedad civil y con otros agentes sociales». «Cataluña no es sólo la Generalitat», reza el lema de esta nueva legislatura del Gobierno popular en minoría. En este contexto, el presidente del Gobierno ha decidido dar otro golpe simbólico en la mesa y ratificar su compromiso en inversiones y en infraestructuras con Cataluña al margen del choque con los actuales dirigentes soberanistas. Por cierto, Puigdemont y otros líderes de Juntos por el Sí ya han mostrado en más de una ocasión su malestar por esta política del Gobierno de dejarse ver y notar en Cataluña y de mantener reuniones y contactos en todos los niveles para combatir «la propaganda soberanista». Pero Moncloa ha desoído estas quejas y las críticas, y la bautizada como «operación diálogo» se ha mantenido viva al margen de la constatación de que no haya servido para desbloquear la relación con la Generalitat. El anuncio en infraestructuras que ultima el jefe del Ejecutivo dará «otro empujón a la hoja de ruta dirigida a demostrar que el Gobierno central mantiene su compromiso con Cataluña y está dispuesto a seguir adoptando decisiones en favor de los catalanes al margen de la presión rupturista de Puigdemont y de Junqueras», explican fuentes gubernamentales.

Éste no es el único gesto en el que trabajan en el Gobierno, aunque, en paralelo, sigan insistiendo en que no hay margen para negociar una consulta ilegal. Como volvieron a hacer ayer ante el manifiesto que Puigdemont y Junqueras publicaron en «El País» para pedir una salida a la escocesa. El Gobierno responde a esta iniciativa tachándola de «maniobra de propaganda», sostenida en la «mentira» porque mezcla realidades que no tienen nada que ver y se fundamenta en afirmaciones «tan falsas como la de que el Estado ha abandonado a los catalanes». Precisamente toda la política de esta legislatura, y la inversión en infraestructuras es otro paso en esa dirección, está yendo dirigida a demostrar que el Gobierno central «sigue ocupándose y preocupándose por los problemas de los catalanes» al margen de sus diferencias con la Generalitat.

Moncloa recordó ayer que Escocia es una nación del Reino Unido, y que por eso el Parlamento británico autorizó el referéndum porque era legal. Mientras que aquí la consulta que exige la Generalitat afecta a la soberanía nacional, desborda la legalidad constitucional, y Cataluña, además, no tiene competencias para convocarla. Frente a «la política del precipicio», Rajoy quiere intensificar «la política real en Cataluña», eso que durante la legislatura de la mayoría absoluta le reprochaban que no hiciera. Y cuanto más tense la cuerda el independentismo, Rajoy utilizará los recursos legales, pero quienes están en el diseño de la estrategia para hacer frente al reto secesionista precisan que «también está preparando más gestos políticos que avalan el principio de que juntos estamos mucho mejor que separados». «Si los líderes independentistas quieren seguir el camino de Mas con la consulta del 9-N, y ser inhabilitados o suspendidos por el TC, bueno, allá ellos, pero frente a eso hay que demostrar con hechos que hay un Gobierno que está tomando decisiones para mejorar la vida de los catalanes y no tirando piedras a la luna», sentencian en el entorno de Rajoy.