Rajoy apela al consenso mientras arrecian las críticas internas a Sánchez

El PP pone como línea roja la unidad de España y el PSOE flirtea con los independentistas catalanes

Un gran acuerdo político, racionalidad y ninguna cesión al separatismo. Esto es lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha transmitido a su «núcleo duro» de ministros y asesores jurídicos para una futura reforma de la Constitución. Siempre en la próxima Legislatura, una vez despejado el panorama electoral y sin un solo condicionante por los comicios del 27-S en Cataluña. Por el contrario, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mueve en una gran ambigüedad, entre el federalismo asimétrico unos días, los privilegios fiscales a Cataluña otros, y las críticas cada vez mayores de sus propios «barones» regionales. «Pedro llegó para calmar las aguas y ahora el incendio es enorme», aseguran veteranos dirigentes socialistas atónitos ante la falta de discurso unívoco del máximo responsable socialista. En palabras de Xavier García Albiol, el líder del PP catalán: «Sánchez no puede envolverse en la bandera de España mientras el PSC lo hace con esteladas». Un buen dardo dialéctico y una prueba más de la fragilidad del actual secretario general del partido.

En este ecuador del verano, ardiente en lo político y trágico en lo social, los máximos líderes de los dos grandes partidos se han retratado. Con el caramelo de la Reforma Constitucional candente, que Sánchez introdujo con pertinaz machaconería hace meses, resulta que el único en dar la cara ha sido Rajoy. Lo hizo en Marivent, tras su habitual despacho con el Rey, y en sus comparecencias en Galicia donde pasa sus vacaciones. Dentro de la nueva política de relaciones con los medios informativos impulsada por Moncloa, el presidente ha estado con los periodistas sin regatear preguntas, incluso las más molestas. Algo que rechazó de plano Pedro Sánchez en su descanso andaluz, que le llevó a Mojácar, Cádiz y Huelva, y que una vez más ha despertado recelos en la poderosa Federación socialista que preside Susana Díaz. La «sultana» andaluza, aún de baja por maternidad, hizo llegar su malestar a Ferraz y movilizó a su fieles para dejar algo claro: el PSOE de Andalucía no tolerará privilegios a Cataluña ni a ninguna otra Comunidad. Las espadas siguen en alto.

Rajoy fue contundente tras su despacho con el Rey en Mallorca y en sus posteriores citas gallegas: el PP está abierto a una reforma de la Carta Magna con los requisitos de un gran consenso político, equilibrio territorial y defensa de la unidad de España, dentro de su diversidad autonómica. Sánchez no se aclara y muchos en el PSOE critican la tibieza de su discurso ante el PSC y sus veleidades independentistas. Las de algunos de sus alcaldes unidos a la AMI (Asociación de municipios independentistas) o las declaraciones de Angel Ros, regidor de Lleida, afirmando que «Cataluña es una nación». Una profunda fisura en el PSOE que han puesto de manifiesto los más importantes «barones» regionales como el asturiano Javier Fernández, el extremeño Guillermo Fernández Vara, el castellano–manchego Emiliano García–Page o el valenciano Ximo Puig. Por no hablar del polvorín madrileño, dónde la guerra abierta en el PSM es total, tras la destituciones fulminantes de Tomas Gómez y Antonio Miguel Carmona. «Sánchez no sabe dónde se ha metido», dice el histórico socialista madrileño y ex presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina.

En el Gobierno y el PP, las posturas ante una eventual modificación constitucional están definidas. Para Javier Arenas, secretario de Politica Territorial y una de las personas a quien Rajoy ha encargado trabajar el asunto, no existen dudas: vuelta al recurso de inconstitucionalidad, reforma del Senado, clarificación de competencias y un nuevo sistema racional de financiación autonómica. «La reforma de Pedro Sánchez está escondida y es ambigua porque rompe su propio partido», afirma Arenas. A partir de los primeros informes elaborados en su día por el Consejo de Estado y el experto constitucionalista Francisco Rubio Llorente, el gobierno y el PP han encargado varios trabajos a expertos catedráticos en la materia y la Abogacía del Estado, «con resoluciones nunca antes de la próxima Legislatura». En Moncloa insisten en que cualquier reforma de la Carta Magna jamás estará condicionada por las elecciones del 27-S y el desafío separatista de Artur Mas. «Sólo faltaba, y además, si se hace bajo nuestro mandato, no será del agrado de los independentistas», aseguran colaboradores cercanos del presidente.

En el PSOE, el llamado «Comité de los catorce» trabaja en esta reforma que choca con los grandes pilares del partido. Aunque el resultado hasta ahora se refleja en muchas propuestas y ningún texto homogéneo. Tras unos primeros informes elaborados por el ex ministro de Justicia con Zapatero, Francisco Caamaño, y el letrado del Consejo de Estado, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, ambosexpertos en Derecho Constitucional, el Comité lo integran ahora una mezcla de políticos y juristas, entre ellos Amparo Rubiales, Diego López Garrido o la jueza Elisa Pérez Veiga. Todos ellos trabajan en el diseño de un nuevo texto que solvente el debate territorial, acuciado por el conflicto catalán. De momento, las declaraciones de Pedro Sánchez antes de su silencio veraniego hablando de la «singularidad» de Cataluña han encendido todas las alarmas en otras Federaciones socialistas con peso, sobre todo en la andaluza.

En los últimos días, las críticas hacia Pedro Sánchez dentro de su partido se han acentuado. Sobre todo desde Andalucía, donde nadie entiende la torpe ofensiva contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz a propósito de su entrevista con Rodrigo Rato. Algo que vuelve a sacar a la luz las imputaciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, casos que Susana Díaz desea mantener en frío. En el PSOE andaluz ha molestado mucho la gira veraniega de Pedro Sánchez, dónde ha evitado en todo momento cualquier contacto con el equipo de la Junta andaluza. Ello fue palpable durante su estancia en la costa gaditana de Chiclana, localidad de la que fue alcalde el número dos y presidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios. El secretario general del PSOE sólo se vio con el actual alcalde chiclanero, José María Román, un hombre de gran prestigio entre los empresarios y sectores sociales de esta potente zona turística, pero desechó cualquier contacto con dirigentes «susanistas» y periodistas. «Silencio ante los graves temas del país y descortesía con otros compañeros», dicen altos cargos de Susana Díaz

Según fuentes de San Telmo, poderosa sede de la Junta que concentra el poder andaluz, el excesivo protagonismo de Cataluña en los trabajos de la reforma despierta suspicacias en Susana Díaz muy crítica hacia una reforma «apresurada». También, en el gran ideólogo del federalismo en el PSOE, el ex ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero y catedrático de Derecho Constitucional Francisco Caamaño. Profesor, abogado y ex letrado del Tribunal Constitucional, Caamaño es uno de los mayores expertos en la materia y ya puso las bases en su libro «Democracia Federal. Apuntes para España». En su opinión, «La Carta Magna necesita una reforma con urgencia, vivimos una pulsión constituyente». Pero no oculta sus críticas hacia la actual dirección de Ferraz. «El PSOE debe concretar su propuesta y qué tipo de federalismo quiere para España», asegura. Para Caamaño, existe una profunda interrelación entre federalismo y democracia, pero los errores del pasado lo han forjado de arriba abajo el actual autonomismo, cuando sólo se comprende «como un pacto de abajo arriba».

Las tesis de Caamaño coinciden con otros expertos, tales como el anterior vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, en su día designado por Zapatero para estudiar una posible reforma. En su opinión, a diferencia del nacionalismo, que siempre es excluyente, el federalismo permite a los ciudadanos no tener que elegir entre sus sentimientos identitarios. No se trata de sentirse españoles antes que catalanes, vascos, andaluces o gallegos, sino de negociar un pacto en el que las diferencias y las competencias sean plenamente compatibles con un proyecto político de convivencia compartida. El escollo surge en el ámbito andaluz, dónde Susana Díaz exhibe una discurso muy potente en clave nacional, contrario a privilegios de Cataluña frente a otras comunidades autónomas. «Un socialista no puede claudicar ante los nacionalistas», dice la lideresa andaluza. Díaz piensa que el polémico Título VIII de la Constitución «está ya muerto», pero es partidaria de un debate sosegado y no apresurado por el conflicto catalán. Los roces con la dirección de Ferraz ahondan en este sentido.

En el Gobierno, la cosa está muy clara: diálogo, reforma con consenso, bajo las leyes. Un ministro cercano al presidente bien lo define: «Mariano Rajoy tiene paciencia para todo porque jamás pierde el tiempo en nada». Por su parte, el magistrado Francisco Rubio Llorente es optimista: «Es hora ya de acabar con la provisionalidad, afirmar la igualdad en lo indispensable aceptando la diferencia en lo que no lo es». El planteamiento del ex presidente del Consejo de Estado es un punto de referencia para los trabajos encargados por Mariano Rajoy, aunque el PP se opone de plano a las asimetrías entre comunidades autónomas. En el Gobierno reconocen que serán necesarios «mucha imaginación y tacto político» para aclarar las facultades indelegables y transferibles a las comunidades autónomas. Y su apuesta es después de las generales con un mensaje: «El PP lo tiene claro, el PSOE no tanto».

La propuesta pre-electoral del PSOE para cambiar la Carta Magna

A principios del mes de julio, Pedro Sánchez mantuvo la primera reunión de su nuevo Consejo para la Reforma Constitucional, con la intención de que sea ésta su carta de presentación en la campaña de cara a las generales. Planificación política que difiere completamente con la del Ejecutivo, que tiene intención de abordarla en la próxima legislatura. Una reforma que el secretario general del PSOE planteó como alternativa al «inmovilismo» del PP y a la «ruptura institucional» que, a su juicio, plantea Podemos. La modificación de la Carta Magna, con la que afirma querer «recuperar los consensos rotos en los últimos años» y convertir la España autonómica en una federal, tiene la previsión de estar lista aproximadamente dentro de un mes. En su elaboración han participado 14 miembros, como Diego López Garrido o Amparo Rubiales, y tras su primera reunión en la Casa Velázquez de Madrid, Sánchez comentó sus impresiones: «Queremos que la Constitución mantenga el latido de un país que ha cambiado mucho».