Rajoy: «Quieren acabar con la democracia. No lo podemos permitir»

Satisfacción en el Gobierno por la resolución del TC que ha señalado a los responsables.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió ayer a ejercer el liderazgo político en la respuesta al desafío independentista. Y después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, para aprobar el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la moción aprobada por el Parlamento catalán, Rajoy compareció en el Palacio de la Moncloa para informar personalmente de ese recurso y solemnizar con firmeza el mensaje de que su Gobierno no va a permitir que los partidos secesionistas ganen esta batalla al Estado, a la democracia, al Estado de Derecho y a la unidad de la nación española.

Rajoy justificó este primer paso en la batalla legal, el recurso ante el TC, en la advertencia de que a lo que se enfrentan los españoles es a una amenaza en toda regla contra la democracia, que lo que está en juego es el núcleo de la Constitución española y el respeto a la soberanía popular y a la unidad de la Nación. «Pretenden acabar con la democracia y no lo podemos permitir», sentenció.

Rajoy se posicionó frente al presidente en funciones de la Generalitat Artur Mas y frente al bloque independentista que conforman Juntos por el Sí y la CUP bajo la advertencia de que su Gobierno cuenta con el respaldo de la mayoría de los españoles, «de sus principales representantes políticos y de los agentes económicos y sociales». «Y todos ellos cuentan con mi compromiso y con mi determinación», aseveró.

El discurso del presidente se concentra en defender el principio de la legalidad y la exigencia de que todos los poderes asuman su sujeción a las leyes y al control por los jueces y tribunales de su actuación. Los coqueteos con la idea de la negociación política, que sí incluyen en su mensaje otras formaciones, como el PSOE, no entran en el de Rajoy, con la salvedad de mostrar su disposición al diálogo siempre y cuando se inscriba dentro del marco legal. Todos sus recursos los ha puesto al servicio de la idea de apuntalar que hoy lo urgente es asegurar que Mas, sus consejeros en funciones, los grupos partidarios de la ruptura y todos los funcionarios catalanes actúen dentro de la legalidad vigente, y sepan que el Gobierno actuará, a su vez, para garantizar que todos se ajustan a esa regla.

El presidente destacó que la moción recurrida ante el TC supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado, como así lo ha declarado el Consejo de Estado, y que quienes la promueven persiguen vulnerar la Constitución, el Estatuto de Cataluña y cuestionar la integridad de España. Además de atribuirse la soberanía que a todo el pueblo español pertenece. «Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar y que es expresión de la propia unidad de España, de la propia configuración de nuestro país como nación de ciudadanos libres e iguales», sentenció.

La reacción del Gobierno a la decisión del Constitucional de impugnar la resolución del Parlament llegó desde La Valeta, Malta, a donde el presidente del Gobierno se desplazó para asistir a la Cumbre de Inmigración EU-África junto a mas de 62 jefes de Estado y de Gobierno. Fuentes gubernamentales mostraron su «satisfacción» por la decisión del TC y porque esta institución haya procedido «como se le había requerido al notificar personalmente a las personas citadas para que se abstengan de realizar cualquier acción que pueda suponer un incumplimiento de la suspensión». Las mismas fuentes se congratulaban de que el Alto Tribunal «les apercibe de todas las responsabilidades en que podrían incurrir, incluidas las de carácter penal».

Para el Ejecutivo, la rapidez con que la maquinaria institucional ha actuado demuestra la «fortaleza» de las instituciones democráticas y el «imperio de la ley en España». En concreto, se destaca «la rapidez de la respuesta», pues en un plazo de 48 horas se ha dejado sin efecto la resolución del Parlament.

En su declaración de la mañana, Rajoy instó a los partidos soberanistas a que tengan en cuenta que sin el respeto a la ley pierden su legitimación y que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. «Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho. Someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos. Y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia que nos ha unido durante siglos». El presidente defendió el recurso ante el TC porque es la prueba máxima de un Estado que cree en sus leyes y las defiende para que sus ciudadanos puedan seguir confiando en sus instituciones. «Estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, no sólo de los catalanes, pero muy especialmente los derechos de los catalanes».

En esta simbólica comparecencia anunció que el sábado pisará por primera vez Barcelona después de las elecciones autonómicas y que lo hará para llevar personalmente a la sociedad catalana este mensaje de oposición frontal al desafío soberanista. El escenario será un acto de partido en el que presentará a sus candidatos para las elecciones generales.

Ayer también reivindicó su gestión ante el desafío que han impulsado Artur Mas y ERC, que sintetizó en su negativa a que se impusiera un modelo de financiación contrario a la igualdad de toda la sociedad española y a que se celebrara un referéndum que liquidaba el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país. Y explicó que las decisiones que tenga que adoptar dependerán de hasta dónde Mas y sus socios elevan el pulso. «Me gustaría que el último paso que tuviera que dar el Gobierno es el que hemos dado hoy. Pero también les digo que no puedo aceptar que haya gobernantes que digan que no van a cumplir la ley». Además, el presidente confirmó que el Rey está informado de la situación, de sus decisiones y de los contactos con los partidos y otros agentes sociales para tejer un acuerdo lo más amplio posible frente al órdago rupturista.