Rajoy no podrá usar el artículo 155 frente a Mas tras disolver las Cortes

Debe aprobarse por mayoría en el Senado, que estaría disuelto en octubre por las generales. La Generalitat intentará impulsar su

Estado aprovechando el vacío en las Cámaras.

Moncloa ha pedido informes a la maquinaria del Estado para anticiparse a las posibles decisiones que pueda adoptar Artur Mas después del 27-S en el caso de que la lista unitaria por la independencia consiga la mayoría de diputados y ponga en marcha la desconexión con España. Es un juego de hipótesis porque la clave está en lo que decidan las urnas, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado indicaciones a sus colaboradores para saber a qué escenarios puede tener que enfrentarse un Gobierno en funciones hasta que se constituyan el nuevo Ejecutivo y las nuevas Cortes Generales.

En Moncloa dan por hecho que CDC y ERC intentarán aprovechar la disolución de las Cortes para avanzar en la construcción del Estado catalán. Y estos recelos tienen su base en el análisis del contexto político y jurídico que abre la perspectiva de la cercanía entre las elecciones autonómicas catalanas y las generales. Si las urnas le avalan, Artur Mas intentará dar un empujón a su proyecto secesionista de manera inmediata, acompañando esta estrategia de la decisión de extrapolar al Congreso la lista unitaria independentista.

Desde que Mariano Rajoy disuelva las Cortes Generales hasta que se constituyan las siguientes Cámaras, el Gobierno, haga lo que haga Artur Mas, no tendrá a su alcance la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno de la nación a actuar, sin mediación de los tribunales, en el caso de que una comunidad autónoma sea desleal o incumpla las leyes. Sobre este artículo de la Carta Magna se ha levantado toda una leyenda negra que oculta su utilidad real y el motivo por el que en su día fue incluido en la redacción de la Carta Magna. Llegado el caso, apoyándose en este artículo, un Gobierno podría asumir competencias parciales, sin llegar a la suspensión de la autonomía, si un Ejecutivo regional actuase contra derecho. Podría recuperar poderes en Hacienda, en seguridad..., o, en la situación más extrema, promover la citada suspensión de autonomía.

Pero a Artur Mas no se le ha pasado por alto lo que en Moncloa ha encendido una alarma roja: que para que el Gobierno central pueda reaccionar de manera autónoma y con inmediatez a cualquier decisión ilegal que adopte la Generalitat, sin ir por la vía judicial, necesita de un Senado con mayoría absoluta. Así lo establece el artículo 155 en su literalidad. En concreto, dice que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. En su punto dos establece que para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Esta obligación de que la decisión sea refrendada por el Senado implica que este artículo queda inhabilitado desde que Rajoy convoque las elecciones generales y disuelva las Cortes hasta que un mes después de los comicios se constituyan las nuevas Cámaras. En ese periodo no hay manera de votar nada en el Senado. Pero en medios populares advierten de que el problema puede ir más allá, ya que en la próxima legislatura puede ocurrir que el PP no tenga la mayoría absoluta y sea «muy difícil» aglutinarla. «Nadie quiere hablar del artículo 155, que es un instrumento más y que puede tener su utilidad. Pero no habrá opción en un plazo de meses. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, y también lo tienen en cuenta Mas y compañía», advierten fuentes gubernamentales. Hay un periodo especialmente sensible: ya que desde que se celebren las elecciones generales pasarán 15/20 días sin Cámaras y con un Gobierno en funciones, que puede haber quedado completamente debilitado dependiendo del resultado electoral, de si las urnas han respaldado al PP o llevan a un cambio en La Moncloa más o menos estable según las alianzas que puedan llegar a hacer falta.

Mas aspira a tener la mayoría de diputados y que las generales le abran un horizonte para redoblar sus presiones sin que nadie tenga mayoría en el Congreso y con un grupo independentista con 15/20 escaños. Si estos diputados se unen a lo que puedan sacar Bildu, BNG, etc..., más el futuro grupo de Podemos, se estaría ante una minoría determinante y un Parlamento fragmentado y en el que el PP, aun siendo la lista más votada, sólo tendría la opción de un acuerdo con el PSOE. Y hoy todo lo que afecta a los posibles acuerdos entre el PP y el PSOE es poco previsible porque depende de las alianzas que puedan firmar los socialistas si tienen opción de gobernar. Hay que mirar a Podemos, en primer lugar, pero también habría que ver qué fuerza dan las urnas a Ciudadanos. Lo previsible es que nadie obtenga tampoco la mayoría absoluta en el Senado.

En este contexto entra la polémica reforma exprés del Constitucional para reforzar sus poderes en la ejecución de sus resoluciones y dotar a esta institución de más mecanismos para actuar contra las personas que las incumplan, con multas o su inhabilitación, sin tener que obligar al Ejecutivo a dar el rodeo de recurrir a la jurisdicción ordinaria. Es decir, para evitar que vuelva a repetirse lo que ocurrió con la pseudoconsulta del 9-N: anulada por el Constitucional, incumplida por Mas, y que obligó a la Fiscalía del Estado a presentar una querella contra el presidente de la Generalitat por desobediencia, cuya resolución final está todavía pendiente.