Rajoy no prevé adoptar medidas excepcionales antes del 1-O

Salvo que haya nuevos desafíos de la Generalitat, ni artículo 155 ni suspensión antes del 1-O. La respuesta será desactivar la logística de la consulta y que continúen los procesos judiciales.

Salvo sorpresa, las cartas de la partida previa al 1-O están ya en juego. El guión puede romperse si la Generalitat fuerza de nuevo el pulso al Estado de Derecho y obliga a reaccionar al Ejecutivo de Rajoy, como ha ocurrido con el control del Presupuesto catalán. Pero aunque busquen la reacción para alimentar el victimismo y calentar la campaña, también el soberanismo tiene que medir sus fuerzas una vez que es un hecho que en esta ocasión, a diferencia de la consulta del 9-N, el poder judicial está decidido a no pasar ni una y a actuar con toda la fuerza que permite la ley para frenar el órdago secesionista.

En lo que toca al Gobierno, fuentes solventes confirmaron a este diario que Mariano Rajoy no quiere adoptar medidas excepcionales en Cataluña antes del día marcado por el independentismo para la consulta ilegal. En su círculo de máxima confianza insisten en que si de él depende, la respuesta al desafío soberanista no se apartará de la línea seguida hasta ahora. Tendría que haber un nuevo movimiento de la Generalitat que se salga de la lógica de la campaña en favor del «sí» a la ruptura con España para que haya una nueva reacción por parte del Gobierno que active mecanismos que hasta ahora ha preferido dejar a un lado. Así ha ocurrido con la suspensión de la autonomía de Cataluña, total o parcial, por ejemplo. El artículo 155 de la Constitución sigue estando en boca de unos y otros, mientras que en el Gobierno continúan apostando por no utilizar este instrumento en tanto que haya alternativas y la acción judicial siga su curso. De hecho, era una opción para responder a la decisión del vicepresidente, Oriol Junqueras, de romper con su obligación de rendir cuentas semanales de los gastos de la Generalitat para evitar que el Gobierno controle si se desvía dinero para el referéndum ilegal. Y se buscó una salida alternativa. Cualquier decisión con el artículo 155 será política, y Rajoy no la adoptará sin contar con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos (Cs). Es una medida que sigue estando ahí, pero a la que se mira más a partir del 2-O en prevención por lo que puedan hacer los líderes independentistas para administrar la frustración del «no referéndum», sostienen en Moncloa. También, salvo sorpresa, las posibles inhabilitaciones seguirán su curso, es decir, que por la vía de la justicia ordinaria tardarán en concretarse más de un año. El Ejecutivo barajó seriamente la posibilidad de solicitar la suspensión cautelar al TC de todos los firmantes del decreto de convocatoria del referéndum, pero desistió por miedo a quebrar el apoyo judicial. Hay dudas sobre cómo puede ejecutarse una medida tan drástica sin sentencia firme, y estas dudas afectan al Constitucional pero también las comparten en medios fiscales.

Así que en tanto pueda Rajoy aguantará con la estrategia actual y esperará a ver qué ocurre después del 1-O. Cualquier movimiento en el sentido de una declaración unilateral de independencia, por ejemplo, sí activaría al momento y con toda su fuerza las medidas excepcionales al alcance del Gobierno y de la Justicia para hacer frente a lo que ya se entendería como un presunto delito de sedición o de rebelión, dependiendo de cómo se concretase. Y, en cualquier caso, los procedimientos judiciales abiertos «seguirán abiertos», advierten desde el Gobierno, y para hacer política harán falta otros interlocutores y un cambio en el PDeCAT. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tiene intención de volver a presentarse como candidato y esto le da margen para resistir todo el tiempo posible sin convocar elecciones. Habrá que ver también cuáles son las consecuencias sobre la antigua Convergència de las novedades judiciales que se esperan sobre la corrupción que les afecta. Además, hay más operaciones policiales preparadas para actuar contra la infraestructura y evitar que el referéndum ilegal pueda celebrarse, o, al menos, que lo que quede el día de la votación deje en evidencia al independentismo por falta de representación y falta de garantías.