Rajoy reúne a su equipo mañana con el recurso al TC ya redactado

El recurso que el Gobierno elevará la semana que viene ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la resolución independentista que aprobará el Parlamento de Cataluña está ya redactado. Los servicios jurídicos han trabajado sobre el texto de la moción que se conoce y han utilizado los precedentes en los que el TC les ha dado la razón, como ocurrió con el recurso contra la declaración soberanista que el Parlamento aprobó en 2013 o contra la consulta del 9-N. Sólo falta cumplimentar dos trámites, que el Parlamento catalán apruebe la moción y que el Consejo de Estado remita el informe preceptivo, para que la maquinaria del Estado se ponga oficialmente en marcha.

El Gobierno ha tomado la decisión de mantener una agenda ordinaria durante el fin de semana, pero conectados a través del teléfono y de internet. De hecho, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene actos de partido que no han sido cancelados. Será el lunes cuando Moncloa active presencialmente el seguimiento de lo que está ocurriendo en la Cámara catalana antes de fijar su posición con un contundente pronunciamiento público. En el núcleo de decisiones sobre el desafío independentista están el director de Gabinete del presidente y director de la campaña electoral, Jorge Moragas; el ministro del Interior, Jorge Fernández, por su condición de diputado por Cataluña y buen conocedor de la realidad de esa comunidad; y la dirección del PP catalán. Con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como eje vertebral y, por supuesto, con la participación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en lo que toca a la estrategia más judicial.

Ante el pleno independentista Rajoy volverá a contactar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y con el máximo dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, para informar del recurso que presentará el Gobierno ante el TC y consensuar con ellos la estrategia política y judicial. Es un compromiso que el jefe del Ejecutivo asumió personalmente con ellos en la primera ronda de contactos que activó para responder a la decisión de Juntos por el Sí y de la CUP de impulsar la ruptura con España en el nuevo Parlamento surgido de las elecciones autonómicas.

Moncloa admite que el escenario que seguirá a la suspensión por parte del TC de la moción independentista es absolutamente imprevisible en lo que afecta al bloque catalán que propugna la ruptura. Pero sostienen que hagan lo que hagan, el Estado tiene preparada la respuesta tanto en el plano de lo recursos como en lo que toca –subrayan– a la ejecución de las decisiones de los tribunales. Hay otra incógnita en el tablero y ésta afecta al TC y a la voluntad con la que gestionará los nuevos poderes con los que le ha facultado la reforma de su ley orgánica aprobada sólo con los votos del PP. «Si el TC se pone de perfil, habrá que ver y esto obligará a abrir otros caminos. Pero, de momento, tiene los instrumentos, y si prefiere pasar la pelota, Rajoy tendrá que llevarla a portería», sentencia un ministro. ¿Quiere esto decir que se aplicará el artículo 155 de la Constitución? De momento, Rajoy tiene el informe jurídico sobre su desarrollo, hasta ahora inexplorado en democracia, pero también ha apostado por utilizar todas las posibilidades previas para bloquear a los partidos independentistas por la vía judicial y actuando individualmente contra los cargos públicos, grupos o funcionarios que se salten el mandato del Alto Tribunal.

En el Gobierno están muy atentos a los movimientos que se puedan producir en los Mossos, de quienes, en un primer momento, puede depender la ejecución de algunas complicadas decisiones en el caso de que la presidenta del Parlamento catalán y los grupos independentistas desobedezcan la suspensión de la moción rupturista. Pero, hasta ahora, la información que manejan en Madrid no apunta a que se hayan producido interferencias políticas en el trabajo de los agentes de calle. Y es que el Ejecutivo no sólo está obligado a cubrir el flanco judicial, sino que también está estudiando la situación desde la perspectiva de la seguridad pública y en lo que implica a la situación financiera de la Generalitat y a la cobertura de los servicios públicos de los catalanes.

El control del dinero que llega a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sigue su curso ordinario, y, de hecho, aunque han salido informaciones confusas al respecto, no se ha modificado su trámite, que ya era de obligado paso por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que preside Rajoy. No es verdad que excepcionalmente Rajoy haya asumido la vigilancia del reparto de esos fondos porque ya formaban parte de la agenda de esta Comisión. Además, el presidente ha dado la instrucción de que las decisiones que se adopten no pueden perjudicar directamente a los catalanes, lo que excluye categóricamente que el Gobierno vaya a cortar la financiación a la Generalitat como mecanismo de presión. «Se le dará lo que le corresponde, pero exigiendo que cumpla con sus obligaciones. No vamos a sostener la creación de una Hacienda catalana ni a dejar que incumplan sus obligaciones en materia de impuestos. Antes de ahogar a los catalanes, habría que asumir esas competencias», precisan en medios populares.