Rajoy reunirá a los ministros el 25 de agosto a la espera de Puigdemont

El Gobierno se irá de vacaciones el 28 de julio y volverán, salvo movimientos en Cataluña, el 21 de agosto para celebrar Consejo de Ministros ese mismo viernes: «Está todo controlado y las respuestas preparadas por si hay que activarse antes».

El Gobierno no parece dar señales de dejarse impresionar por la estrategia independentista de tensar cada vez más el pulso bajo la amenaza del referéndum del 1 de octubre. Y no es sólo no «entrar» en la escalada verbal con la que acompañan sus anuncios de los futuros pasos que van a dar para seguir adelante con su proyecto de ruptura, como aclaran en Moncloa, con la justificación de que lo que mueve los hilos independentistas es «el objetivo de conseguir que se entre en sus provocaciones para alimentar el victimismo y la tensión».

Además de ignorar su escalada declarativa, la agenda del Gobierno se mantiene «con normalidad» en estas semanas de verano, según confirman fuentes oficiales. «A día de hoy», puntualizan. No hay excepcionalidad en las vacaciones del Ejecutivo ni retenes de guardia extraordinarios que no se ajusten al patrón que han seguido todos los años, salvo el primer ejercicio de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, cuando el Gobierno del PP se enfrentó al momento más duro de la crisis económica.

Así, el último Consejo de Ministros será, en principio, el 28 de julio, y a partir de ahí los ministros empezarán sus vacaciones sin más instrucción que la previsión de que la siguiente reunión del Gabinete sea el 25 de agosto. «A día de hoy», insisten. Esto quiere decir que sí estarán ya movilizados a partir del 21 de agosto, fecha en la que se prevé que se reactive también la ofensiva de la Generalitat, para concretarse, definitivamente, a principios de septiembre. Esta imagen de «normalidad» que venden desde el Ejecutivo la justifican con la explicación de que «está todo preparado sea cual sea la decisión con efectos jurídicos que pueda adoptar Puigdemont». Si el presidente de la Generalitat diera algún paso al frente durante esas semanas, se «activaría la respuesta de manera inmediata». Y si hiciera falta, se convocaría un Consejo de Ministros extraordinario. Pero no es el guión con el que trabajan en Moncloa.

De hecho, la evolución de la estrategia independentista en vez de alarmar al Gobierno está consolidando la confianza en la idea de que Puigdemont y sus compañeros de viaje lo tienen cada día más difícil para «no quedarse con las vergüenzas al aire», según comenta un alto cargo de la dirección popular. En el Gobierno no dudan, están seguros de que están haciendo «las cosas bien», y tampoco alarman los giros con los que amaga el PSOE. Clave en la estrategia del Ejecutivo es no cometer el error de «caer en la provocación», sino dejarles moverse, «están nerviosos y se están equivocando». Aplicando también en este caso esa estrategia de Rajoy de dejar que el adversario sea el que dé el paso en falso mientras él espera a que esto suceda.

La «normalidad» dentro de la excepcionalidad que implica el desafío independentista no quiere decir que Moncloa no esté alerta, puntualizan fuentes oficiales. Cada decisión de la Generalitat está bajo escrutinio, por si de ella se derivan consecuencias jurídicas. Y el Gobierno está desplegándose con todos los recursos a su alcance en el plano administrativo, confiando además en la Abogacía del Estado y en la Fiscalía. Sin dejar de explorar ningún escenario, pero con el convencimiento de que no habrá urnas y de que no harán falta actuaciones de seguridad que excedan a los Mossos ni siquiera aunque la Generalitat intente tapar la frustración con «tensión social».

Entre las variables con las que el Gobierno maneja el problema catalán destacan dos por encima del resto. Por un lado, la idea de que después del 1 de octubre, y sobre todo con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, «habrá que mover ficha y si hay margen fuera de la amenaza de otro referéndum ilegal, abrir una negociación». Es posible que para entonces estén en marcha los trabajos de estudio de una reforma constitucional y también la discusión sobre el nuevo modelo de financiación. Además, Rajoy gestiona este problema con la seguridad de que la mayoría de los españoles, y una buena parte de los catalanes, comparte su posición en Cataluña y su negativa a hacer cesiones bajo el órdago de una consulta que afecta al principio de la soberanía nacional.

Las encuestas, como la que ayer publicó este periódico, siguen confirmando que la debilidad del PP continúa siendo la corrupción. Pero como fortalezas del presidente del Gobierno señalan en su entorno la gestión económica, su proyección internacional y también, por supuesto, su gestión del problema independentista. Aunque desde la oposición, y ahí coincidan en el discurso PSOE y Ciudadanos (Cs), se le acuse de inacción política, en el PP no hay debate sobre la estrategia ni respecto a la decisión del Ejecutivo de no entrar en el cuerpo a cuerpo con la Generalitat salvo para frenar cualquier decisión que altere la legalidad. «Con la amenaza del referéndum no es posible ofrecer nada a Puigdemont porque lo único que quiere es la independencia. Sería tanto como ceder al chantaje. Y eso lo entiende la mayoría», insisten en el Gobierno.