Protocolo anti-consulta: «Pedid todo por escrito»

El Gobierno ha empezado a mover sus piezas para proteger a los funcionarios catalanes frente a las presiones de la Generalitat y blindarles en el caso de que les intenten «forzar» a colocarse al margen de la ley para impulsar el proyecto de ruptura con España.

El Gobierno ha empezado a mover sus piezas para proteger a los funcionarios catalanes frente a las presiones de la Generalitat y blindarles en el caso de que les intenten «forzar» a colocarse al margen de la ley para impulsar el proyecto de ruptura con España. Desde Moncloa les han trasladado ya el mensaje de que les darán amparo y protección, y, además, también les están explicando el procedimiento para denunciar con diligencia aquellas órdenes que no se ajusten a la legalidad vigente.

Para ello, la primera instrucción es que pidan que todas las órdenes se las den por escrito porque sus firmantes «tienen muchas posibilidades de acabar implicados en un procedimiento penal y en la cárcel». La vía sindical es la más eficaz para formalizar esas denuncias al ser funcionarios que dependen de la Generalitat, ya que en el caso de depender de la Administración General del Estado tienen a su alcance el apoyo de la delegación del Gobierno.

Hace unas semanas la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, para empezar a trabajar en la protección de este sector en el contexto del proceso secesionista catalán. Sáenz de Santamaría informó a los representantes sindicales de que el Gobierno está preparado para garantizar la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban presiones u órdenes fuera de la legalidad vigente. El delegado del Gobierno, Enric Millo, también se ha implicado ya en este trabajo conjunto con el CSIF para garantizar esa protección y dejar bien claro el protocolo de respuesta para salvaguardar a los funcionarios de las consecuencias del incumplimiento.

Además de solicitar las órdenes por escrito, en el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, ese protocolo establece también que se deje constancia al superior de su opinión sobre la ilegalidad de la instrucción y que acudan a los recursos legales. El CSIF está reforzando sus servicios jurídicos y prevé activar también una línea de consulta para atender las dudas. El protocolo que se está trasladando a los funcionarios catalanes señala la obligación del funcionario de no acatar la orden si hay ilegalidad y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Además de interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía y órganos judiciales. Moncloa ha abierto una ronda de contactos institucionales con un amplio abanico de sectores de la sociedad civil catalana para fijar posición ante los efectos del proyecto independentista y subrayar el mensaje de que está todo preparado para responder a cualquier decisión al margen de la ley. A diferencia de lo que ocurrió con motivo de la consulta del 9-N, en este caso el Gobierno está desplegando una intensa actividad «pedagógica» para subrayar las consecuencias penales de colaborar, «con el papel que sea», en el desarrollo de los planes independentistas.

Ayer los Reyes presidieron en Barcelona la entrega de las becas que La Caixa ha concedido a 120 universitarios españoles. Una ceremonia en la que coincidieron la vicepresidenta y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, un día después de la conferencia que este último pronunció el lunes en Madrid para presentar su plan secesionista y advertir de que el Estado no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia. Sáenz de Santamaría le contestó que «la democracia tiene el poder para evitar el referéndum» y volvió a invitarle a un «diálogo amplio, público y transparente» en el Congreso. También Rajoy instó una vez más a Puigdemont a acudir al Congreso en el cara a cara que mantuvo en el Senado con la republicana Mirella Cortés. El presidente sentenció que la ley de desconexión es una de «las mayores cacicadas» que ha visto en su vida y caracteriza un modelo propio de las «dictaduras». «¿Conoce algún país, alguna democracia se entiende, en el que alguien plantee que en un día va a aprobar una Constitución sin debate, sin que la oposición pueda decir nada, y liquidando la unidad de España? Eso sólo pasa en las peores dictaduras».