Sánchez rompe la unidad de acción frente a Puigdemont...

El líder socialista se desmarca anunciando que tomará la iniciativa en el Congreso si el presidente sigue «de perfil» en Cataluña.

Un año después, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez volvieron ayer a reunirse. De los veinte minutos de una cita «perfectamente prescindible» en 2016 a las dos horas y media de un encuentro «útil y cordial entre dos políticos distintos, pero con un profundo sentido de Estado». A pesar de sus diferencias, ambos coinciden en lo esencial: el rotundo rechazo a la celebración de un referéndum unilateral de independencia. Sin embargo, discrepan en la gestión y las respuestas que demanda el conflicto territorial. El propio líder del PSOE asume que el Gobierno no podrá hacer nada para evitar que se vote el 1 de octubre y, desde su entorno, reconocen que «no han visto posiciones activas del Ejecutivo para evitar lo que va a ocurrir en Cataluña». Por ello, el principal partido de la oposición ha optado por romper la unidad de acción con Rajoy y desmarcarse con una suerte de ultimátum: o el Gobierno abre una vía de diálogo con la Generalitat o el PSOE tomará la iniciativa y presentará una batería de medidas legislativas para pilotar la resolución del conflicto soberanista desde el Parlamento. Esto abriría un nuevo frente al Ejecutivo que tendría que lidiar con el desafío independentista en Cataluña y con Sánchez haciendo la guerra por su cuenta en el Congreso de los Diputados.

Según la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, encargada de dar cuenta de los pormenores del encuentro, Sánchez le trasladó un «mensaje claro» a Rajoy: «El PSOE estará siempre en la defensa de la legalidad y la Constitución» y, en ese marco, el Gobierno puede contar con el apoyo de los socialistas. Sin embargo, se trata de un apoyo condicionado, ya que Ferraz considera que es «imprescindible buscar vías de diálogo para aportar soluciones» y deja fuera de las mismas la aplicación del artículo 155 de la Constitución –para suspender la autonomía de Cataluña– y la judicialización del problema político, recurriendo a la reforma del Tribunal Constitucional.

Para salir de la situación de «déjà vu» en la que los socialistas dicen vivir en lo relativo al soberanismo durante los últimos cinco años, Sánchez emplazó a Rajoy a iniciar una mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, supuesto que –según Ferraz– el presidente del Gobierno consideró «prácticamente imposible». Partiendo de la imposibilidad anunciada, el PSOE se desmarcó con el anuncio de que «en caso de que ese diálogo no fuera posible, los socialistas harán una oposición útil impulsando iniciativas legislativas en el Parlamento». Una batería de medidas que el líder del PSOE trasladó a Rajoy y que éste prometió «estudiar» y entre las que estarían la reforma de la Constitución abanderada por los socialistas, aunque públicamente han evitado concretar en qué consisten hasta que el Ejecutivo les dé una respuesta. Los socialistas argumentan que la responsabilidad es del Gobierno y no del principal partido de la oposición, pero que si el Ejecutivo no toma la iniciativa será el PSOE quien lo haga. Esto es, si fracasa la vía ejecutiva –la del diálogo con la Generalitat–, se explorará la vía legislativa –con medidas parlamentarias–.

Dentro de las soluciones que Ferraz demanda al Gobierno no está la aplicación del artículo 155. Según los socialistas, de la reunión mantenida entre ambos líderes dedujeron que no está en la cabeza de Rajoy suspender la autonomía de Cataluña, ya que ese tema «no se puso sobre la mesa». En cualquier caso, el PSOE pidió «mesura» al Ejecutivo y evitar declaraciones que sean una «provocación» o «innecesarias», en alusión a las palabras de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, insinuando que el Ejército podría utilizarse en Cataluña. En este sentido, Robles desveló que la Ejecutiva del PSOE fijó el pasado lunes una posición contraria a la aplicación del artículo 155 y rechazó también la utilización de la reforma del TC de 2015 –que permite al tribunal inhabilitar a los cargos públicos que incumplan sus resoluciones–, por considerar que supone una judicialización de un problema político que se debe atajar con diálogo.