Retirar el retrato del Rey sólo conlleva una multa de 1.500 euros

Ofensiva de los partidos independentistas y de izquierda radical para retirar los símbolos monárquicos. La Ley sólo contempla sanciones administrativas de 150 a 1.500 euros.

El hecho de que el retrato del Rey figure en cada ayuntamiento de España está estipulado por Ley. Según el decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, la imagen del Rey debe estar «en lugar preferente del salón de sesiones».

A raíz del nuevo «tetris» político que han dibujado las últimas elecciones municipales de mayo, partidos independentistas o de marcada ideología de izquierda parecen haber iniciado una ofensiva contra la Corona. La tendencia comenzó con el alcalde de Cádiz, José María González Santos «Kichi», quien retiró el retrato del Rey Juan Carlos que presidía el despacho de su antecesora en el cargo, la popular Teófila Martínez, por el del anarquista y alcalde de Cádiz durante la Primera República, Fermín Salvochea. Y en esta semana el escenario protagonista ha sido la ciudad Condal: a la vez que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido retirar el busto de Don Juan Carlos del salón de plenos por sus «convicciones republicanas», el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (34.394 habitantes, Barcelona), liderado por la alcaldesa Laura Campos, aprobó ayer en el pleno la retirada del retrato del rey Felipe VI que preside el salón de plenos del consistorio.

Pero anteponer la ideología a la ley tiene sus consecuencias. Aunque desde el punto de vista económico no suponga una cuantía difícil de asumir: llama la atención que, tal y como establece el artículo 112 de la ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativo del 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa –vigente hasta junio de 2016–, las multas a las autoridades, funcionamientos o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o Sala van desde los 150 a los 1.500 euros.

¿Cómo es el proceso a partir de que un alcalde se salte la Ley? En primer lugar, la Delegación del Gobierno insta al Ayuntamiento a que coloque la imagen del Jefe de Estado. En caso de que este requerimiento no se cumpla, se acude a la Abogacía del Estado para que intervenga, y ésta presenta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En caso de que la presencia simbólica del Monarca continuara ignorada, el alcalde debe asumir la sanción que oscila entre los 150 y 1.500 euros. Si no se abona la cantidad, se podrá multar hasta en tres ocasiones, hasta que el político acabe incurriendo en delito de desobediencia y se abriría la vía penal contra él.

El Ayuntamiento guipuzcoano de Andoain tiene actualmente este procedimiento judicial abierto contra su alcaldesa de Bildu, Ana Carrera, quien no ha querido ejecutar la sentencia del Tribunal por no reconocerlo ya que pertenece al Estado español. Ante esta reacción, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, abrió el proceso judicial contra ella y se le requieren 1.200 euros de sanción. Si no cumple esta primera, utilizarán las dos siguientes posibles, por lo que la multa llegaría a los 3.600 euros.

Éste no ha sido el único caso en el País Vasco, ya que en la anterior legislatura el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, de la coalición Bildu, ordenó retirar el cuadro del Rey Don Juan Carlos y la bandera del salón de plenos nada más tomar posesión porque consideraba que el cuadro «no representa a esa ciudad». Y no se ha vuelto a colocar tras el nombremiento del nuevo alcalde del PNV. Ante este arrinconamiento al Rey, Zarzuela no hace declaraciones al estar al margen de decisiones políticas adoptadas por las instituciones.

Pero la «ofensiva» no se reduce a regiones gobernadas por las nuevas formaciones de izquierda o teñidas de independentismo y nacionalismo, como en Galicia: la alcaldesa de de Rúa, María Albert, del BNG, retiró dos fotografías del Rey de las salas del Ayuntamiento nada más tomar posesión de su cargo tras los comicios de mayo. Una de ellas colgaba del recibidor y la segunda, del despacho del regidor, que fue sustituida por un mapa de Galicia. Ni se produce únicamente en los consistorios. Ayer mismo, el Ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernado por Zaragoza en Común, cambiará el nombre del pabellón de deportes Príncipe Felipe por el del ex técnico del CAI Zaragoza de baloncesto José Luis Abós, quien falleció el año pasado, para homenajear al entrenador fallecido y complacer así a las peticiones que aseguran ha trasladado la afición del club.

En definitiva, una situación en los ayuntamientos de España que parece estar teniendo un efecto dominó y que, en el caso de los retratos del Rey, está sometido a la ley.

Un ambiente algo desolador para el Jefe de Estado, quien en su discurso de proclamación como máximo representante de todos los españoles encajó su reinado en una «España unida y diversa en la que cabemos todos», una nación a cuyo destino aseguró haberse sentido «unido toda la vida».