Rivera se queda sin apoyos para la comisión sobre la financiación del PP

Cs renuncia a presentarla hoy en el Congreso y prefiere centrar el foco mediático en Murcia.

El rol de bisagra de Ciudadanos es un arma de doble filo. Los 32 diputados de la formación que lidera Albert Rivera aparentemente son imprescindibles para sostener el Gobierno en minoría del PP, pero a la vez se tornan insuficientes para impulsar iniciativas que puedan presionar al partido de Mariano Rajoy si no cuentan, para ello, con la connivencia de otras fuerzas de la oposición como el Partido Socialista. Esta situación de debilidad de los naranjas ha vuelto a quedar de manifiesto en lo relativo a la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Cs anunció la semana pasada a bombo y platillo que confiaba en que hoy el PP le acompañara al registro del Congreso de los Diputados a formalizarla. Según fuentes de la dirección de la formación naranja «el PP ya estaba analizando el escrito para proponer cambios», aunque estos no podrían afectar al objeto mismo de los trabajos, esto es, a la financiación del PP. «El lunes –por hoy– deberíamos presentarla juntos en el registro», señalaron. Pero el escepticismo del PP –cuya respuesta fue que sólo estudiarían el texto y negaban que se hubiera fijado un plazo–, unido a la pasividad de los socialistas –cuyo apoyo para sacarla adelante es imprescindible, si los populares se borran– ha hecho que Ciudadanos opte finalmente por desistir de su intento.

Según ha podido saber LA RAZÓN, Cs «no tiene previsto» por ahora formalizar la petición de la comisión de investigación que anunció la semana pasada y prefiere trasladar el foco a Murcia, donde la marca naranja es clave en una eventual moción de censura y posterior tripartito con PSOE y Podemos para desalojar al presidente Pedro Antonio Sánchez, que hoy declara como imputado. La formación de Rivera quería sacar adelante la comisión de investigación sobre la financiación del PP –una de las seis exigencias que le impuso a Mariano Rajoy para apoyar su investidura– sin necesidad de contar con el apoyo del PP, una medida de presión para hacer ver a los populares que existe una «mayoría alternativa en la Cámara». Sin embargo, para registrar esa petición, Cs necesita hacer valer esta mayoría y a priori no cuenta con ella. El artículo 52 del reglamento del Congreso establece que la propuesta debe venir avalada por «dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros de la Cámara (70 diputados)», unos números que Rivera no tiene.

Fuentes socialistas consultadas por este diario señalan que «no tienen conocimiento de que existan contactos en este sentido», más allá de las conversaciones que se mantienen semanalmente con todos los grupos. Además, se da la circunstancia de que el PSOE se adelantó a Ciudadanos y ya registró en agosto una «comisión de investigación sobre la financiación ilegal y otras tramas de corrupción que afectan al Partido Popular», por lo que los socialistas se aferran a su iniciativa «que se debatirá antes, dado que ya está registrada» y no prevén favorecer otra por el momento. La pretensión del PSOE es que la comisión se constituya de manera inmediata, una vez que el Pleno del Congreso la apruebe, y que tenga un periodo de trabajo prorrogable de seis meses. Por ella, además de Luis Bárcenas prevén que pasen el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ex presidente José María Aznar; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros dirigentes populares.

El PSOE se antoja el socio prioritario en este asunto para Cs, pues es el único partido junto a los naranjas que optó por reducir el objeto de la investigación al Partido Popular, dejando al margen los casos que afectan a los socialistas. Tanto PP como Podemos sí se mostraron abiertos a apoyar una comisión de investigación sobre corrupción si ésta se ampliaba a otros partidos. No obstante, la formación morada también señaló que «sin lugar a dudas» avalará que salga adelante la del PP, «porque es el partido más corrupto de la historia de la democracia».

La declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional en enero, relanzó el perfil mediático de esta comisión, que había quedado en un segundo plano con la aprobación de los Presupuestos. La idea del PSOE, que hasta ahora es el único partido que ha registrado la petición, es que para los trabajos de la comisión se puedan recabar de los tribunales aquellos documentos que no sean secretos.