Santamaría, sobre el 3%: «Las víctimas son los ciudadanos»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, criticó ayer el «victimismo» del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ante la operación judicial que investiga la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El Ejecutivo emplazó también a Mas a respetar la independencia del poder judicial y el reparto de poderes dentro del Estado de Derecho. La falta de respeto que le afean la explican en la necesidad de dificultar la investigación y de no asumir las responsabilidades que le corresponden. «Se presenta como una víctima cuando aquí las víctimas son los ciudadanos, que son quienes pagan los impuestos», defendió la número dos del Gobierno.

Moncloa también recordó al líder de CDC que sus quejas y acusaciones contra la operación judicial, sobre la base de la investigación de la Guardia Civil, son impropias de un gobernante y no sólo no respetan al poder judicial, sino tampoco a los ciudadanos. «El daño es para lo público. Lo último que debe hacer un gobernante es presentarse como la víctima», insistió Sáenz de Santamaría. Y recalcó: «Quien puede tener una responsabilidad en estas investigaciones judiciales, lo último que puede hacer es presentarse como la víctima del caso».

Moncloa también valoró el supuesto acuerdo entre Juntos por el Sí y la CUP para impulsar una declaración inicial por parte del nuevo Parlamento catalán en la que se declare la voluntad de que Cataluña sea un nuevo Estado «en forma de república». Desde el Gobierno recuerdan los resultados del 27-S y que la lista que articularon CDC y ERC no consiguió la mayoría absoluta que pretendía. «El plebiscito no fue avalado en las urnas. Suman el 47 por ciento de los votos, ésta es la realidad del Parlamento de Cataluña. Es un porcentaje exiguo, que no da la capacidad, no digo ya la legitimidad, para llevar a cabo declaraciones de independencia», advirtió la vicepresidenta. Ese porcentaje de apoyo electoral no otorga a Juntos por el Sí ni la mayoría reforzada que necesitarían para reformar el Estatuto de autonomía, que exige dos tercios del Parlamento autonómico.

«¿Un porcentaje tan exiguo tiene capacidad, no digo legitimación legal, que no la tiene, para llevar a cabo una declaración de esa naturaleza?», se preguntó Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Ministros. El lunes habrá una reunión extraordinaria del Gabinete, pero sólo para ratificar el decreto de disolución de las Cortes Generales.

El Gobierno mide bien el terreno en público, pero su análisis se dirige a dar cada día más por amortizado al líder convergente, con el «peor» balance de todos los presidentes de la Generalitat. «Ha hecho trizas su partido. Y ya no hay estelada tan grande como para tapar su mala gestión, la ruptura de su formación y la corrupción institucionalizada que ahoga a Convergència», advertía ayer tarde un alto cargo del Gobierno.

En Moncloa también tienen la impresión de que el bloque independentista se reservará todas sus cartas hasta saber qué pasa en las elecciones generales y si tienen en Madrid «un interlocutor más flexible que Mariano Rajoy». «Es poco probable que antes haya un nuevo Gobierno catalán», apostillan.