¿Se puede negociar con la Constitución?

La reforma constitucional se va a convertir en uno de los ejes fundamentales de las negociaciones que mantendrá el Partido Popular con el resto de formaciones políticas de cara a permitir la formación de un nuevo Gobierno liderado por Mariano Rajoy. En un principio, los populares se habían mostrado totalmente en contra de «abrir el melón» de reformar la Carta Magna. Sin embargo, el resultado electoral ha propiciado que sus dirigentes se hayan tenido que abrir a tal opción, algo que ya habían puesto de manifiesto durante la campaña electoral el resto de partidos nacionales, como PSOE, Ciudadanos y Podemos, aunque el contenido y fondo de esa reforma es muy distinto en cada partido. En todo caso, el PP ha repetido por activa y pasiva que no permitirá ninguna reforma que afecte a tres cuestiones: unidad de España, igualdad de los españoles y soberanía nacional.

Llegada esa situación, y donde parece que la Carta Magna va a sufrir su primera reforma en aspectos de cierta relevancia en sus 35 años de vigencia, el asunto que late en el fondo son las cuestiones que deben abordarse durante ese proceso. Todos los principales partidos van a tener que ceder en sus pretensiones iniciales, pues las propuestas son tan distantes que impiden un acuerdo sin moverse de sus posiciones. Para comenzar, estaría la exigencia de la formación morada, liderada por Pablo Iglesias, de convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, para que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España.

Esta tesis, «innegociable» para que Podemos pudiese apoyar un eventual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, es del todo punto inviable con la actual Constitución, ya que la misma establece meridianamente claro, como así se encargó de disipar cualquier duda al respecto el Tribunal Constitucional, que un referéndum es competencia estatal. Y tanto PP, PSOE como Ciudadanos ya rechazaron con total rotundidad esa posibilidad, que implicaría, además, una modificación del artículo 2 de la Constitución, en el que de forma taxativa se reconoce la «indisoluble unidad de la nación española», que quedaría seriamente afectada de prosperar la propuesta de Podemos. Además, si se aceptase ese referéndum en Cataluña, ¿qué impediría que también se celebrase en Galicia o en el País Vasco? No parece, por tanto, una reclamación que vaya a prosperar, ni mucho menos.

Cuestión distinta es que se quiera ir hacia un modelo federal, que es el que proponen, con diferencias, tanto PSOE como Ciudadanos. En este caso, la cuestión clave sería qué modelo se instauraría y qué aportaría respecto a la actual configuración del Estado de las autonomías.

En todo caso, sí parece que existe un consenso en una buena parte de la clase política y de los constitucionalistas respecto a la necesidad de «cerrar» definitivamente el modelo territorial, lo que supone modificar el Título VIII de la Constitución, blindar las competencias que correspondan exclusivamente al Estado, y que en ningún caso puedan reclamar posteriormente las comunidades, y abrir el abanico a las que éstas puedan solicitar. Se trataría de delimitar claramente las competencias estatales y autonómicas.

Las líneas que pueden servir de orientación para una eventual negociación de reforma constitucional las expuso ya el Consejo de Estado en un dictamen emitido en febrero de 2006, a instancia del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se resumen en cuatro apartados: supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono de la Corona, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado.

Respecto al primer punto, no parece que vaya a plantear mayores problemas. Más dificultades, en cambio, se presentarán a la hora de lograr un consenso en lo que se refiere a la configuración territorial del Estado, donde los puntos están más que distantes. Así, mientras el PP aboga por mantener el sistema actual, PSOE y Ciudadanos, como ya se expuso, defienden una modificación hacia un Estado federal, pero manteniendo a salvo , de manera incuestionable, la unidad nacional, diferenciándose y rechazando de plano la posibilidad de introducir en el texto constitucional cualquier tipo de referéndum que pueda conllevar la separación de una parte del territorio nacional, como pide Podemos.

En este apartado podría entrar la posibilidad de fijar constitucionalmente una mayor participación de las comunidades autónomas en los asuntos de la Unión Europea en que participe España, lo que vendría a reforzar el papel autonómico en la política nacional ante las instituciones europeas. Esta opción también fue planteada por el Consejo de Estado y no parece que vaya a suponer un obstáculo insalvable para llegar a un acuerdo.

Por tanto, en este aspecto habría tres puntos de partida más que divergentes: mantener el statu quo actual, reformar la Constitución y «convertir» España en un Estado federal y permitir el derecho de autodeterminación de comunidades como Cataluña, Galicia y País Vasco (tal como propuso Pablo Iglesias recientemente). Lograr un consenso en este punto no se avecina nada, nada fácil.

La reforma del Senado será otra de las cuestiones que se pongan encima de la mesa de negociaciones . Hasta ahora, PP y PSOE habían expresado la necesidad de dotar de más competencias a la Cámara Alta y de que fuese realmente una auténtica cámara de representación territorial, aunque ni uno ni otro han dado pasos significativos para ello. Ahora, Ciudadanos y Podemos proponen directamente su supresión, lo que no contará con el aval de los dos partidos principales. Sin embargo, sí puede existir un acuerdo, especialmente con Ciudadanos, quien en su programa planteaba convertir el Senado en un consejo de presidentes de las comunidades autónomas, el cual tendría funciones de Cámara de segunda lectura para cuestiones territoriales. Dotar de más competencias al Senado y que éste sea realmente una cámara de representación territorial, con más competencias que las actuales, puede suponer el punto de encuentro de PP, PSOE y Ciudadanos, cuyos votos superarían los necesarios para sacar adelante la reforma en ese punto.

Distinto sería un panorama con un posible acuerdo de PSOE, Podemos, Ciudadanos y los partidos nacionalistas para reformar aspectos esenciales de la Carta Magna, con la oposición del PP. ¿Saldría adelante? En este caso, habría que regirse por lo que establece la propia Carta Magna, en su Título X, titulado, precisamente, «De la reforma constitucional», y, en concreto, en lo dispuesto en los artículos 166 al 169. Así, si se propone reformar materias recogidas en el Título Preliminar, donde se incluye la unidad de España o la soberanía nacional, las que afectan a la Corona – como la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio–, o los derechos fundamentales, será necesario contar con el apoyo de dos tercios de cada Cámara, Congreso y Senado, es decir, el respaldo de 234 y 161 diputados. Dado que el PP logró 123 representantes en la Cámara Alta , resulta del todo imposible que pueda salir adelante una reforma sobre esas cuestiones sin su respaldo, ya que el número máximo de votos favorables sería de 227, insuficientes para que prosperara. Y, en el Senado, mucho más, dado que el PP tiene mayoría absoluta. Por tanto, cualquier reforma que pretenda incluir el derecho de autodeterminación, a través de la modalidad de referéndum, está directamente abocada al fracaso.

Cuestión distinta es la reforma que pueda afectar al modelo territorial o al Senado, ya que para ello no se necesita una mayoría agravada. En esos casos, sería necesario el apoyo de tres quintos de cada Cámara: 210 diputados y 156 senadores. En esta hipótesis, la modificación saldría adelante en el Congreso, ya que el PP no tendría escaños suficientes para paralizarla; pero sería frenada en el Senado, ya que la mayoría absoluta del PP impide que pueda obtener el apoyo de 2/3 o 3/5, en función de la materia cuya reforma se pretenda, y el aval de la Cámara Alta es indispensable, pese contar con el apoyo de las dos cámaras. Por tanto, la cuestión es clara: o se cuenta con el PP para cualquier reforma o no la habrá.