«Sé que Carmena no va a ayudarme»

Elisa tiene 29 años, una hija de nueve y una difícil historia a sus espaldas. Es una de las madrileñas a las que Manuela Carmena prometió que pararía su desahucio en campaña electoral y, sin embargo, no confía en que cumpla su promesa. «Dice que se reúne con bancos y que va a frenar los desahucios, pero por ahora son sólo palabras y los que estamos en mi situación seguimos sin nada a qué agarrarnos».

Elisa ha conseguido un aplazamiento hasta septiembre. ¿Qué pasará luego? «Yo tengo esperanzas en mí y en mis compañeros, que sé que luchamos. Ni los políticos ni las instituciones van a ayudarme», asegura.

Mientras Manuela Carmena mantiene reuniones en grandes despachos cubiertos de moqueta y asegura estar destrás del remedio milagroso que va a acabar con los desahucios, miles de familias como la de Elisa viven día a día con la angustia de saber que de un momento a otro van a echarlos de sus casas. Esta joven madrileña es madre soltera, vive en el PAU de Carabanchel en un piso que hasta 2014 era de protección oficial y que hoy está en manos de un fondo de inversión. Tiene una hija, Iratxe, de nueve años, que, a pesar de su corta edad, es muy consciente de la situación que se vive en su casa y en muchas otras de su barrio, donde la Policía ha desalojado ya varios pisos por los impagos de los vecinos que, como ellas, se han quedado sin ayudas. Además de ser madre soltera, Elisa es víctima de la violencia de género por lo que tiene concedida una orden de alejamiento de su agresor. Esta suerte de protección es una necesidad pero también es un problema para Elisa: si la echan de su casa no podrá refugiarse en la de su madre porque vive muy cerca del hombre que la maltrató.

Elisa y su hija pudieron alejarse de su pasado en marzo de 2013 gracias a la casa de protección oficial de dos habitaciones que el Ayuntamiento de Madrid les asignó por 450 euros mensuales; un «alquiler social» con el que creyó que podría construir una nueva vida y que ahora se ha convertido en una losa que no le deja dormir.

En octubre le notificaron que la vivienda había sido vendida a un fondo de inversión o «fondo buitre», como se les conoce popularmente; en ese momento esto no supuso un problema para Elisa porque estaba trabajando y podía pagar el alquiler. Pero un año después fue despedida: «Me pagaron 3 céntimos de finiquito y me quedé sin nada», explica, y añade que mantiene abierto un proceso judicial por los motivos de su cese.

Los primeros meses cobró una prestación de 600 euros que al cabo del tiempo disminuyó a 450 –lo mismo que debía pagar de alquiler–, y que dentro de un mes dejará de recibir. Ante esta situación, Elisa se vio obligada a elegir entre pagar el piso o que su hija y ella comieran. Dejó de pagar. Tres meses después, en enero de este año, recibió una notificación del Juzgado de parte de Fidere, la inmobiliaria que gestiona para el fondo de inversión más grande del mundo, Blackstone, los 1.892 pisos que compró en 2013 a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. La notificación decía que si no pagaba la deuda contraída antes de un mes, comenzaría el proceso de desahucio. «Yo no podía hacer frente a la deuda y la empresa se negó a negociar una solución conmigo», asegura la joven. Lo único que le ofrecieron fue irse a un piso de una habitación por 50 euros menos en otra zona de Madrid, pero pese a la «rebaja» tampoco podía pagarlo, e irse del PAU de Carabanchel hubiera alejado a su hija kilómetros de su colegio.

En mayo se celebró el juicio y el juez dictaminó que el desalojo de Elisa y su hija quedara previsto para el 11 de junio, pero hace veinte días el Juzgado lo pospuso hasta el próximo 22 de septiembre. La abogada de Elisa ha interpuesto además un recurso para que en septiembre Elisa y su hija no tengan que marcharse del piso y buscar una solución negociada para que reciba algún tipo de ayuda. Ahora están a la espera de que se resuelva el recurso. «Si no prospera, el 22 de septiembre estaré esperando en la puerta de mi casa para intentar evitar que nos echen», afirma resignada.

Elisa no tiene ninguna confianza en los políticos ni en sus promesas. Ni siquiera en los que acaban de llegar. «He presentado la documentación para que me den un piso de la EMV y del IVIMA, pero no he obtenido respuesta. Todo lo que se consigue lo hace la gente no los políticos ni las instituciones», se queja.

Es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Asamblea de Carabanchel, plataformas que desde el principio le han ayudado y asesorado, y a las que ahora ella presta el tiempo que le queda después de mandar currículos. «A Carabanchel no ha venido ningún político a interesarse ni por mi caso ni por ninguno. Estuvieron un día los del PSOE y ya no se les ha vuelto a ver, pero ni a ellos ni a ninguno», afirma indignada cuando le preguntan si confía en que la llegada de Carmena al Ayuntamiento de la capital vaya a cambiar las cosas. «Si es verdad que quiere parar los desahucios, que se reúna con los fondos buitre que se han hecho con las viviendas de protección oficial como la mía, que eso no lo ha hecho, que yo sepa», afirma sobre las soluciones que debería aportar. Elisa no se muestra esperanzada ni confía en la lucha de Carmena «ni de ningún político».

Elisa tiene claro qué deben hacer los políticos: «Si son viviendas sociales, que respeten ese carácter “social”, que los que vivimos aquí somos gente que las necesitamos, que no tenemos recursos». Pide además un servicio de mediación para tener un alquiler al que pueda hacer frente hasta que encuentre un trabajo y asegura además que la solución de Carmena de buscar otras casas para realojarles no es buena: «No tiene sentido que nos saquen de una casa de protección oficial y nos metan en otra. Tienen que pensar en los niños», pide.