Rajoy: «Si no vuelve, es como si le nombran presidente de África»

En días se ha apagado la luz que algunos quisieron ver en el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en la sesión constitutiva de la Cámara autonómica tras las elecciones del 21-D. Su primera decisión, designar como candidato a la Presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, fue contestada ayer duramente desde el Gobierno y también por representantes de los otros partidos constitucionalistas. El Ejecutivo le instó a recitificar esa decisión en vez de mandar cartas a Mariano Rajoy porque «Puigdemont no puede ser el candidato porque el Reglamento del Parlament no permite una investidura telemática ni por delegación».

El Ejecutivo apela a la razón, al sentido común y a la legalidad para hacer frente a la apuesta inicial del independentismo por Puigdemont. La gran duda es si es una apuesta sobre la que negociar después la investidura de otro candidato (opción por la que inclinan mayoritariamente en el Ejecutivo) o para llegar a un bloqueo que fuerce unas nuevas elecciones (que nadie desea, salvo lo que pueda pasar por la cabeza de Puigdemont).

Moncloa insiste, categóricamente, en que el proceso en el que se mete el independentismo con la investidura de Puigdemont sólo puede acabar «en otro fracaso», y, si no hay rectificación, en la continuidad del artículo 155. Aunque Torrent apure los plazos, la previsión del Gobierno es que la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) del Pleno telemático o por delegación se produciría sobre la marcha, por lo que todos los actos que decidiese el Parlament serían nulos de pleno derecho. No tendrían que llevarse al Boletín Oficial del Estado (BOE) ni, por tanto, someterse al refrendo de la Jefatura del Estado. «Si no vuelve a España, le pueden nombrar presidente de África, tendría el mismo valor», sentencian. Otro supuesto totalmente distinto sería aquel en el que Puigdemont sí regresase a España, y o bien consiguiese colarse en la sesión de investidura en el Parlament sin ser detenido o, una vez detenido, forzase al juez Pablo Llarena a decidir si autorizaba que acudiese a su investidura. Pero no son las hipótesis de trabajo por las que se inclinan en Moncloa, sin descartarse nada porque «con Puigdemont hay que tener respuestas para todos los escenarios», apuntan. Torrent anunció ayer que enviaba una carta al presidente del Gobierno para mantener una reunión en la que abordar la situación «anómala» de la Cámara autonómica. Y de inmediato le llegó la respuesta del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien le instó a que antes de enviar cartas se atenga a lo que le están pidiendo algunas fuerzas políticas y muchos diputados del Parlament para que reconsidere su posición de proponer como candidato a la investidura a Puigdemont, «un fugado de la Justicia». «Está fuera de España y ha pedido la delegación de su voto lo que significa que no va a estar en el debate de investidura. Y sólo puede ser válida una investidura presencial». Todo lo demás, según el Ejecutivo, sólo lleva a más conflicto y aleja la necesaria apertura de una nueva etapa de diálogo.