Tres años y medio de desafío al Estado de Derecho

La reciente resolución del Parlament avalando la «desconexión» es sólo el último episodio del pulso de la Generalitat al Tribunal Constitucional

La última resolución del Parlament de Cataluña, en la que se prevé un mecanismo para llegar a la celebración de un referéndum unilateral y la «desconexión» de España, no es más que la cima de una escalada en el desafío al Estado de Derecho que comenzó hace ahora tres años y medio.

23 de enero de 2013. Este es el día en que puede decirse que fue el punto de partida de un enfrentamiento con el Estado y la Constitución que nos hemos dado todos los españoles –y que, por cierto, fue refrendada de forma mayoritaria en Cataluña– por el Parlament de Cataluña, o quizás, con más precisión, de los grupos independentistas. La Cámara catalana aprobó la declaración de soberanía pactada por CiU , ERC e ICV-EUi –cinco diputados socialistas rompieron la disciplina de voto y evitaron votar en contra–, en lo que los nacionalistas calificaron como un «día histórico». En esa declaración se acordaba iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que «los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo», a la vez que se declaraba a Cataluña «sujeto político y jurídico soberano». Es decir, se abría la vía para convocar un referéndum de autodeterminación de forma unilateral.

Fue la primera iniciativa que buscaba lo que hoy se conoce como «desconexión», y la primera que el Tribunal Constitucional (TC) tumbó de forma contundente en su sentencia de 24 de marzo de 2014 (aunque la citada resolución se encontraba suspendida desde poco después de su aprobación). En su fallo, el Alto Tribunal establecía un criterio que se ha repetido en distintas ocasiones ante supuestos similares: «En el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».

Sin embargo, ese primer varapalo del TC no frenó las ansias de quien entonces regía el Gobierno catalán: el hoy procesado por desobediencia Artur Mas, quien se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Así, apenas seis meses después, los independentistas volvían a la carga y aprobaban, el 19 de septiembre, la Ley de Consultas que amparaba la celebración del 9-N. El TC, como en el caso anterior, suspendía «ipso facto» esa resolución, pero el entonces president no se dio por enterado y siguió adelante con sus planes hasta consumar la desobediencia y «sacó las urnas» a la calle, lo que, aparte de las consecuencias legales, ocasionó un quebranto notable para las arcas públicas catalanas. Esta actitud es la que llevó a la Fiscalía a interponer una querella contra Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. Los tres están a un paso de ser juzgados por desobediencia y prevaricación.

Se suponía que este «aviso a navegantes» serviría para hacer recapacitar a la Generalitat, impidiendo esa huida hacia adelante y el enfrentamiento en la propia sociedad catalana, pero no le hizo desistir lo más mínimo. La Generalitat continuó adelante, sin importarle que todos esos planes quedaran suspendidos y sin ningún valor. El Ejecutivo, tanto el que presidió Mas como el actual, con Carles Puigdemont al frente, no ha cejado en su intento de poner contra las cuerdas al Estado constitucional. De forma sucesiva, han ido aprobando leyes dirigidas a crear una «estructura» de un hipotético Estado catalán independiente. Todas ellas han tenido el mismo final: suspendidas a los pocos días de su aprobación y, posteriormente, anuladas.

Como las resoluciones del Tribunal Constitucional parecían no tener el más mínimo efecto en los planes de los grupos independentistas catalanes, el Gobierno aprobó en el último trimestre del pasado año una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que otorgaba a este tribunal la posibilidad de imponer medidas a quienes se negaran de forma abierta a cumplir sus resoluciones. En concreto, se establece que el tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin que sea ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Tampoco esa reforma les hizo desistir y tanto Mas como Puigdemont continuaron con su pulso permanente al Estado.