Tres fiscales en seis años

Ninguno de los antecesores de Maza llegó a cumplir el mandato.

El mandato de fiscal general del Estado tiene una duración máxima de cuatro años, según estipula la ley. Sin embargo, a lo largo de todo el Gobierno de Mariano Rajoy se han sucedido tres fiscales en apenas seis años. El primero que fue nombrado por el Ejecutivo para asumir el cargo fue Eduardo Torres-Dulce, desde 2011 hasta 2014. El letrado presentó su dimisión aludiendo a «motivos personales» y apelando al cumplimiento de sus objetivos. Después de su decisión, regresó a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Torres-Dulce negó en contadas ocasiones que su renuncia se debiera a presiones por parte del Ejecutivo, aunque sí era un hecho que mantenían discrepancias respecto a los tiempos para presentar la querella contra la consulta del 9 de noviembre en Cataluña de 2014. A finales de ese mes, tras presentar dicha querella contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró: «Nadie me ha presionado. No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer porque es delito».

Así, tanto el mandato de Torres-Dulce como el del fallecido José Manuel Maza han estado marcados por la ofensiva soberanista catalana. Pero, entre los dos hubo otro nombramiento: el de Consuelo Madrigal, la primera mujer en asumir el cargo de fiscal general del Estado. Tras la dimisión de Torres-Dulce, le relevó en el cargo desde el 13 de enero de 2014 hasta que su cese fuera publicado en el BOE el 5 de noviembre de 2016. El caso de la licenciada en Derecho fue muy diferente. Después de que, tras la coyuntura política que asolara España, Mariano Rajoy pudiera volver a formar Gobierno, renovó algunos nombres en las carteras ministeriales. El titular de Justicia, Rafael Catalá, siguió en el cargo, pero en cambio la fiscal general no fue renovada, y en su lugar se designó a Maza. De este modo Madrigal apenas ocupó el cargo durante menos de dos años. Dos fueron las causas principales por las que no se renovó su nombramiento en la formación del nuevo Gobierno: su decisión de designar a Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción, y la de mantener a Javier Zaragoza al frente de la fiscalía de la Audiencia Nacional.

El caso fue llevado por el PSOE ante la sesión de control del Congreso de los Diputados, pero nuevamente el presidente del Gobierno negó «solemnemente» que se hubiera producido ningún tipo de presión sobre la jurista.