Fraude fiscal
Trias disolvió la sociedad del Caribe cuando la UDEF le investigaba
Si los fondos estuvieran sin declarar podrían ser perseguidos como delito contra la Hacienda Pública al no haberse cumplido el plazo que establece la ley para que prescriban
Si los fondos estuvieran sin declarar podrían ser perseguidos como delito contra la Hacienda Pública al no haberse cumplido el plazo que establece la ley para que prescriban.
Xavier Trias compareció ayer ante los medios de comunicación para negar que pertenezca a uno de los 127 personajes que aparecen en los «Paradise papers» («Papeles del Paraíso»), que desvelaron La Sexta y «El Confidencial» dentro de una investigación para descubrir sociedades en paraísos fiscales por todo el mundo. En el mismo momento en el que el ex alcalde de Barcelona argumentaba su negativa y avisaba de que comenzaría las pesquisas por su parte para aclararlo todo, la cadena de Atresmedia daba la exclusiva de que su participación como beneficiario de una estructura «offshore» (a través de un «trust» creado por su familia para gestionar su herencia, JTB Family Settlement, y mediante una sociedad pantalla para controlar estos fondos en el banco RBS Coutts en Ginebra), no es su única vinculación con paraísos fiscales y dinero oculto. «Nunca he tenido relación o producto financiero en el extranjero, ni una cuenta en un paraíso fiscal», dijo Trias, mientras se descubría que este fideicomiso seguía activo hasta, al menos, el 4 de enero de 2013, momento en el que el portavoz del PDeCAT del Ayuntamiento de Barcelona empezaba su tercer año como alcalde de la Ciudad Condal. Además, la existencia de estos fondos, si estuvieran sin declarar, podrían ser perseguidos como delito contra la Hacienda Pública al no haberse cumplido el plazo que establece la ley para que prescriban.
Hasta ahora sólo se le había vinculado, según los «Papeles del Paraíso», con el entramado en Suiza y las Islas Vírgenes hasta 2008, cuando tras la muerte de su madre, María Vidal, la familia quiso repartirse el dinero que presuntamente ocultaba a través del «trust» familiar, y que salió a la luz pública gracias a un correo del despacho de abogados Appleby solicitando la aprobación para entregar el 50% del dinero a 11 de los 12 beneficiarios, y el resto a uno de ellos. Pero ahora se sabe que otra sociedad, Highgate Partners Corp., aparece vinculada a la madre del político a través de la entidad suiza en un archivo de 2011, junto al consabido JTB Family Settlement y una tercera empresa, The JTB «Grandchildren’s Sub Fund» (curiosamente coincidente y traducido como las iniciales del padre de Trias, Juan Trias Bertrán, y «subfondo de nietos»). Los fideicomisos aparecen calificados como «completamente discrecional» y «Life Interest» o interés vitalicio o renta vitalicia. Al haber fallecido la madre del ex alcalde en julio de 2008, el «trust» quedaba en manos de los 12 hermanos Trias y un sobrino, Juan Cabré Trias.
Según los documentos, la nueva empresa creada, Highgate Partners Corp., siguió funcionando, ya que los titulares pagaron la cuota que debe abonarse –una tasa anual de 350 dólares (301 euros al cambio actual)– para que así fuera a través de Trident Trust Company, un proveedor con domicilio en las Islas Vírgenes británicas que habría adquirido la sociedad pantalla de la familia Trias. Hasta 2012, el nuevo fideicomiso funcionaba sin complicaciones hasta que el 10 de diciembre de ese mismo año los documentos demuestran que se solicitó el comienzo de la disolución de la sociedad Highgate. El motivo del cierre no fue especificado por la persona que realizó el trámite. Se identificó como Lesley-Ann Reynolds y dejó una dirección en un barrio de Ginebra. Los datos coinciden con los de una abogada que, en ese periodo, trabajaba como asistente en la sucursal helvética de RBS Coutts. El «certificado oficial de disolución» no se consiguió el hasta el 4 de enero de 2013. Aunque no se aclara en ningún momento por qué tan sólo 27 días después de pagar la renovación anual de la vigencia de la empresa (13 de noviembre de 2012) se decide su cierre, sí que coinciden las fechas en las que la prensa española se hizo eco, el 16 de noviembre de ese año, de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba tras la pista de los paraísos fiscales de patrimonio español de los componentes de CDC, partido en el que militaba Trias.
Un hecho clave en este escenario es el margen de maniobra legal para que la Justicia pudiera actuar si se prueba un delito contra la Hacienda pública, puesto que está en el punto de mira un fideicomiso familiar que suele usarse, en el caso de las herencias, para minimizar el pago de tributos. La reforma del Código Penal de 2012 estableció un nuevo tipo agravado que prevé «el aumento del plazo de prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas graves por el paso del tiempo». El texto legal considera «supuestos agravados aquellos en los que la cuantía de la cuota defraudada supere los 600.000 euros». Si la disolución del fideicomiso se produjo en enero de 2013, el delito no habría prescrito. Junto con la ampliación del plazo de prescripción se aumentó además la pena máxima a seis años de prisión, uno más del que estaba vigente en la fecha de la reforma, diciembre de 2012.
El primer paso en esta investigación será cerciorarse de si Xavier Trias se acogió o no al sistema de regularización que se abrió en base a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en marzo de ese año.
Las últimas revelaciones sobre el también consejero de la Generalitat con Jordi Pujol se producen tres años después de que «El Mundo» publicara que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba dinero en Suiza. Entonces se desveló un informe oficial de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional en el que se atribuía a Trias la tenencia de una cuenta en la entidad financiera UBS de Ginebra.
Según la Policía, la cuenta llegó a disponer de 12.986.730,80 euros que según el mismo informe fueron transferidos a Andorra. Según los investigadores, la cuenta estuvo activa hasta 2013. Esta información fue remitida por la UDEF a la Fiscalía Anticorrupción, que archivó la investigación.
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